Platas fiscales: Acusan que Joaquín Lavín y Cathy Barriga habrían usado dineros municipales para defensa legal
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Platas fiscales: Acusan que Joaquín Lavín y Cathy Barriga habrían usado dineros municipales para defensa legal

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Platas municipales en la mira: Investigan uso de dineros fiscales en defensa legal de Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga
La Fiscalía Metropolitana Oriente indaga sobre fondos públicos que la Municipalidad de Maipú, bajo la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga, habría utilizado para contratar a la empresa jurídica Legalcorp, cuyo servicio incluía el seguimiento de causas personales del diputado Joaquín Lavín León y la propia Barriga. La irregularidad fue detectada mediante revisión de correos electrónicos y declaraciones de exfuncionarios.
Según La Tercera, Legalcorp —especializada en asesoría penal, civil y laboral— manejaba en su base de datos el caso Muñoz vs. Barriga/Lavín, una demanda por deudas de campaña electoral interpuesta en 2014 por el exadministrador electoral Patricio Muñoz Campos. La empresa emitía informes semanales al municipio, donde aparecían estos casos ajenos a la comuna.
Carolina Paz Hervias, abogada municipal entre 2017-2018, declaró que al revisar los informes de Legalcorp encontró las causas con los nombres de Lavín y Barriga: «Me llamó la atención ver al diputado en un caso seguido por el municipio». En 2018, Hervias pidió excluir causas no municipales, pero ya en 2016, el exdirector jurídico Felipe Contreras Huckstadt había ordenado incluirlas por solicitud de Carlos Fairlie, abogado ligado al matrimonio.
Contreras admitió ante la fiscal Constanza Encina que incorporó las causas «por instrucción de Fairlie», aunque este último lo negó, culpando a Contreras. Fairlie reconoció, sin embargo, haber contactado a Lavín para coordinar la contratación. «No hay ganancia para mí, solo beneficio para ellos», declaró Contreras.
La causa involucraba una deuda de $30 millones por servicios en campañas electorales de Lavín (2013) y Barriga (2012). Muñoz alegó que distribuyó material propagandístico y actuó como administrador electoral, pero la demanda fue abandonada en 2016. Pese a ello, Legalcorp siguió monitoreando el caso con fondos municipales.
Según la publicación del medio, Cristóbal Bonacic, abogado de Barriga, tachó de «falso absolutamente» el vínculo con fondos públicos, argumentando que las causas terminaron en 2016, antes de que su clienta asumiera como alcaldesa. Simultáneamente, celebró un fallo de la Corte de Apelaciones que revisará la prisión preventiva de Barriga, calificada de «arbitraria» .
La investigación se enmarca en un caso mayor por fraude al fisco en Maipú, donde Barriga está acusada de desviar $31 mil millones. Este nuevo antecedente refuerza la tesis de la Fiscalía sobre el uso político de recursos públicos, incluyendo contrataciones a proveedores cercanos a la UDI.
El alcalde actual, Tomás Vodanovic, respaldó la querella contra Lavín por «estructurar el municipio conforme a sus intereses». La Fiscalía evalúa solicitar el desafuero del diputado, mientras analiza correos incautados en su oficina parlamentaria que podrían vincularlo con facturas falsas.
Expertos señalan que, de probarse el desvío, Lavín y Barriga enfrentarían cargos por malversación y tráfico de influencias. La contratación de Legalcorp —cuyo sitio web incluye a Maipú como «cliente destacado»— sería solo una pieza en un esquema más amplio
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