Posible acuerdo entre el PSOE y Junts sobre Cataluña remece la política española

Posible acuerdo entre el PSOE y Junts sobre Cataluña remece la política española

Cuando Pedro Sánchez logró mantenerse en el poder e inaugurar su tercer mandato como presidente del gobierno de España, en noviembre de 2023, lo hizo bajo una promesa: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) impulsaría una ley de amnistía para las personas involucradas en el proceso independentista catalán, a cambio del apoyo en el Congreso de los partidos de la región para la investidura de Sánchez. Fue la primera intervención directa del socialismo español en favor de los catalanes, pero no sería la última, porque este martes el PSOE logró un acuerdo con Junts per Catalunya, uno de los mayores partidos independentistas -cuyo líder es el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont- para entregar mayor autonomía a la región. Sin embargo, no todos están contentos, especialmente a la derecha e izquierda del PSOE.

Un punto, referente a la cesión de competencias en materia migratoria, está generando duras recriminaciones al principal partido de la coalición oficialista. Desde la izquierda, Podemos -el partido fundado por Pablo Iglesias- ya rechazó el acuerdo, mientras que Compromís, coalición valencianista del mismo sector político, pero que cuenta con dos escaños en el Congreso integrados en el grupo de Sumar -la coalición izquierdista que acompaña a Sánchez en el Ejecutivo- también se sumó en las críticas.

Fueron “14 largos meses de discusiones en las que el asunto del control de fronteras era el más espinoso y no terminaba de resolverse nunca”, aseveró el periódico El País, y junto al aspecto migratorio, han sido el principal objeto de críticas.

¿Qué permitiría el acuerdo?

De lograr un acuerdo, la región ubicada al noreste de España podría gestionar, por cuenta propia y a nivel administrativo, los permisos de residencia o las devoluciones de los inmigrantes, siempre que la Generalitat -el órgano político de la zona- se adscriba a la normativa del Estado.

Para ello, se propondrá una ley para delegar competencias, sin embargo, en el caso de la migración habrá una limitante explícita: la autoridad catalana “no podrá imponer sus propios requisitos para la concesión de autorizaciones o decisiones de retorno, sino que su labor se limitará por lo general a ejecutar la legislación nacional de Extranjería, es decir, a tramitar y resolver expedientes”, explicó el medio elDiario.es.

En concreto, la Generalitat de Catalunya asumiría parte importante de las gestiones burocráticas que hasta ahora cumplen el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones, entre otros.

Por ello, serán los encargados de desplegar Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña, en puertos, aeropuertos e incluso en fronteras. Todas estas “zonas críticas” estarán bajo el alero de las autoridades regionales en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esto, siempre y cuando su labor se relacione con la inmigración, mas no con la seguridad del Estado, explicó la prensa local.

Bajo el mando de la Generalitat quedará la gestión de todos los permisos de residencia, tanto temporales como de larga duración, pero también los permisos de trabajo y “la gestión de los programas de migración circular”, añadió elDiario.es.

En la lista se incluyó la administración de los polémicos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), en particular, del único presente en suelo catalán ubicado en Barcelona. Allí se encargan de la custodia de extranjeros de manera preventiva y cautelar, cuyo objetivo es garantizar la expulsión, devolución o regreso de los extranjeros. Este punto es importante, porque Junts ha calificado estas instituciones como “inhumanas”, pero el acuerdo del PSOE no deja margen para modificarlos.

Si bien la región no podrá cambiar los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros para solicitar permisos ordinarios de estancia o residencia, pues el gobierno solo delega la burocracia y resolución de los casos, sí organizará la tramitación de los expedientes.

El rechazo izquierdista

Las mayores críticas del arco político residen en que la Generalitat ahora podrá “expedir los documentos de identidad para los extranjeros y gestionará la devolución de los mismos”, aseguró el periódico La Vanguardia. Por ende, “Catalunya propondrá y será el Estado quien resolverá”, añadió el medio.

Y en la izquierda y la derecha, esto no gustó. Vale aclarar que el acuerdo fue trabajado por el PSOE, de centroizquierda, y Junts, movimiento conservador catalán que, si bien cuenta con miembros de la izquierda entre sus filas, también aboga por medidas propias de la derecha, especialmente en términos económicos.

Ejemplo de críticas izquierdistas las entregó Podemos y Compromís. El primero, otrora el partido del progresismo español cuyo fundador fue Pablo Iglesias, se posicionó “radicalmente en contra” de la propuesta, ya que “descentraliza el racismo”.

Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, dijo el miércoles a RNE que la ley “habla que la inmigración es un peligro, que pone en riesgo la sostenibilidad de Cataluña” y “que es una amenaza para la identidad y para la lengua catalana”. Por esos motivos, adelantaron que votarán en contra en el Parlamento.

Y esos apoyos son clave, ya que sin los cuatro síes de los diputados del partido de Ione Belarra, la propuesta ni siquiera cuenta con los votos para empezar a tramitarse, asumiendo que la centroderecha del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox se nieguen a aprobar la idea socialista.

A Podemos se sumó Compromís, tienda que forma parte de la coalición oficialista Sumar -el principal aliado en el oficialismo cuya líder, Yolanda Díaz, oficia como ministra de Trabajo y Economía Social- y que ya adelantó que votarán en contra. “Está decidido”, dijo a El País Alberto Ibáñez, uno de los dos diputados de Compromís. “No vamos a avalar tesis racistas como las que plantea Junts, afecta a posiciones nucleares de Compromís”, planteó el congresista.

Àgueda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, añadió que los partidos progresistas y de izquierdas no pueden comprar el discurso de la derecha de criminalización de la migración, consignó Cadena SER.

“No vamos a comprar los marcos de la extrema derecha, hablen catalán o español”, dijo, y se refirió puntualmente a los Centros de Internamiento de Extranjeros. “No existe diferencia entre gestionar una prisión ilegal en español o catalán. La única propuesta coherente con los derechos humanos es cerrar los CIE”, escribió en la red social X.

Su agrupación posee dos asientos en el Parlamento, y según el citado periódico, de mantenerse esa negativa en los dos partidos izquierdistas, “la proposición de ley acordada entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont está abocada al fracaso”.

Las críticas opositoras

La derecha tampoco se quedó atrás con las quejas. Es más, los populares calificaron de “grave” el acuerdo, pues consideran que se trata de “la cesión más grave en la historia constitucional”.

Su líder, Alberto Núñez Feijóo, aseveró que “el gobierno no lidera, nos está desprotegiendo internamente con el desmantelamiento de Extranjería e Inmigración del Estado”. También planteó que “se está comprometiendo la seguridad nacional. Todos sabemos que en los últimos años ha habido muchas cesiones, pero esta es la más grave en la historia constitucional”.

En Vox, posicionados a la derecha del PP, fueron más allá y su portavoz en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, dijo que “los que han convertido Cataluña en la cuna del yihadismo europeo”, refiriéndose al PSOE, “van a gestionar” la inmigración.

El líder nacional, Santiago Abascal, compartió un video en el que dijo que “Sánchez sigue destruyendo los restos del Estado de derecho”, y que “la cesión de las fronteras a los golpistas es la nueva traición”, continuó.

Los firmantes no claudican

Desde un inicio, el punto relacionado con la migración generó polémica, pero en todo momento ha sido defendido por el gobierno, negando que los permisos entreguen la cesión del control de fronteras a los Mossos. En el corazón de esa crítica está que esa es una exigencia del partido de Carles Puigdemont.

“No se cede el control de fronteras. Los Mossos estarán presentes y actuarán en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y eso es señal de que el Estado funciona”, dijo el martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Si bien la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, apuntó a una posible inconstitucionalidad -“no se puede transferir una competencia que es exclusiva del Estado”, aseguró-, desde el gobierno plantean el acuerdo se enmarca en lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución, señaló elDiario.es.

En tanto, Carles Puigdemont ha celebrado el acuerdo. Durante una rueda de prensa para detallar los pormenores, el expresident que estuvo siete años fuera del país planteó que defendía el pacto porque “el sistema político e institucional catalán gestionará una competencia que ejercen los estados” y, gracias a esto, la región “estará más preparada para el futuro como nación”.

Por último, y en un guiño al oficialismo -de quien dijo era opositor-, concedió que gracias al acuerdo “la desconfianza ha ido disminuyendo”. De todos modos, descartó el sentarse a una negociación presupuestaria. “Todo lo que sea cumplir hará que aumente la confianza. Hoy es un paso importante en esta dirección y lo quiero subrayar. Pero hay otras carpetas en números rojos y cada cosa tiene su negociación. No mezclemos cosas”, cerró.