Presupuesto 2025: senadores miran con recelo protocolo de acuerdo y acusan al Minsal de haber incumplido el del año pasado

Presupuesto 2025: senadores miran con recelo protocolo de acuerdo y acusan al Minsal de haber incumplido el del año pasado

El Ministerio de Salud logró reponer en la Cámara de Diputados varias asignaciones de recursos de la Ley de Presupuesto 2025 que habían sido rechazadas en la comisión especial mixta, entre ellos el financiamiento para Fonasa, la Atención Primaria Universal (APS) y los Servicios de Salud. ¿Cómo? Mediante la firma de un protocolo de acuerdo con la Cámara en el que el gobierno comprometió 17 medidas, muy similar a lo que ocurrió el año pasado.

Pero aunque la discusión logró avanzar, los senadores están intranquilos, lo que se torna relevante toda vez que serán los encargados de revisar y perfeccionar el proyecto en su segundo trámite legislativo. Hoy no son pocos los que ya han alertado que a menos de dos meses de terminar el año hay varios acuerdos del protocolo anterior que no han visto la luz.

“Tengo un grado de escepticismo grande, porque de los 14 acordados en la discusión del presupuesto pasado dos tercios no se han cumplido, y hay temas tan sensibles como el plan de eficiencia de los pabellones o el nuevo decreto GES. Entonces, no se puede empezar a confiar en un nuevo protocolo si no hay explicación alguna de los incumplimientos ya ocurridos”, apunta el oficialista senador PS Juan Luis Castro.

Su par Sergio Gahona (UDI) también coincide que “no se saca nada firmando protocolos si finalmente el Minsal no cumple con sus compromisos. Nosotros vamos a revisar con detalle el protocolo que firmaron los diputados y hay que agregar los compromisos incumplidos del anterior, y también les pediremos explicaciones al gobierno antes de aprobar el presupuesto para el próximo año”.

En concreto, hay seis compromisos incumplidos del protocolo del año anterior que han identificado los senadores.

Uno de los primeros en la lista era la presentación de un plan actualizado de productividad quirúrgica en marzo de 2024, con el objetivo de mejorar el uso de las instalaciones para intervenciones quirúrgicas, optimizando los horarios y coordinando recursos. Esto, dicen en el Senado, habría permitido realizar cerca de 40.000 intervenciones adicionales para reducir la lista de espera de cirugías. Sin embargo, aún no se ha presentado.

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Otro compromiso era avanzar en el proyecto de ley de Seguro Clase Media Protegida y que está actualmente en trámite. Una vez aprobado, asignará $28 mil millones para reducir listas de espera. Eso sí, recién fue despachado desde la comisión mixta en noviembre, por lo que falta la aprobación por ambas salas.

Por otro lado, uno de los acuerdos pactados para 2024 que más han hecho ruido es el del financiamiento de Atención Primaria en Salud, donde el ministerio había asegurado que aumentaría el presupuesto per cápita para estos establecimientos, incluyendo ajustes para zonas con factores de riesgo.

Pero ocurrió todo lo contrario: para el 2025 no hay aumento al per cápita como tal y el aumento es solo por el aumento de población que está actualmente inscrita en Fonasa. Esto no solo ha encendido las alarmas de los parlamentarios, sino que también de los funcionarios de las APS.

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, ya ha asistido a varias comisiones de presupuesto y ha advertido que “la profunda preocupación de la Confusam es que el Gobierno ocultó su propuesta de per cápita basal para 2025″. Y argumentó que la cifra de $13.123 que esta proyectada para el próximo año incluye los indexadores de ruralidad, pobreza y zona, “inflando el monto”.

En cambio, hay otros acuerdo que sí se cumplieron, pero con retraso: las autoridades sanitarias quedaron en presentar el Proyecto de ley de Salud Mental Integral antes del 31 de enero de 2024, pero no se hizo hasta agosto.

¿Qué hay de nuevo?

El protocolo que firmaron los diputados este año incluye varios compromisos similares a los de 2024, por lo que varios parlamentarios han hecho saber que este es más bien un protocolo de arrastre.

Lo que sí es nuevo es un Plan de Seguridad para la Atención Primaria de Salud (APS), que incluye la distribución de dotación policial basada en variables como el historial de incidentes en centros de salud y su nivel de complejidad, así como mejoras en infraestructura y una campaña para fomentar el cuidado de los establecimientos.

Además, se regularán las compras a sociedades médicas para centralizar servicios y evitar abusos, priorizando la contratación directa de profesionales del sistema público. También se implementarán las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad para optimizar compras en la red asistencial. También se incentivará la contratación médica por más horas mediante convenios específicos, y se establecerá una glosa especial para asignar recursos a la gestión financiera de hospitales, especialmente para reducir listas de espera.

El gobierno prometió que realizará un seguimiento trimestral de estos compromisos ante las comisiones de Salud del Congreso, con la participación de los ministerios de Salud y Hacienda.

En ese contexto, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) afirma que “me parece un buen protocolo de acuerdo que ya veníamos trabajando desde la etapa de la comisión especial mixta de presupuesto. De hecho, recoge varios de los nudos planteados por la tercera subcomisión, donde rechazamos de manera transversal todo lo relacionado con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud y hospitales” .

Eso sí, agrega que “sobre el seguimiento de estos compromisos, que se tienen que traducir en indicaciones del Ejecutivo en el trámite del Senado, se realizarán presentaciones trimestrales en las comisiones de Salud de la Cámara y el Senado con la presencia de los ministerios de Salud y Hacienda”.