Procuraduría acusó al Ministerio de Salud de incumplir orden de la Corte Constitucional sobre cálculo de la UPC

Procuraduría acusó al Ministerio de Salud de incumplir orden de la Corte Constitucional sobre cálculo de la UPC

El Ministerio Público señala fallos en la resolución, como la exclusión de información independiente y la concentración de poder en el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud se encuentra en el centro de una nueva controversia debido a la resolución expedida por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para reglamentar la mesa que debe recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), siguiendo las órdenes de la Corte Constitucional. Sin embargo, según la Procuraduría, esta regulación es insuficiente y podría estar vulnerando la sentencia del alto tribunal.

El debate se intensificó luego de que la saliente procuradora delegada para asuntos de salud, Diana Ojeda Visbal, enviara un informe a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional en el que cuestiona duramente la medida. Ojeda Visbal argumentó que el Ministerio de Salud pretende eludir la orden de la Corte al restringir la participación efectiva de todos los actores involucrados en la mesa, incluyendo a los prestadores del servicio de salud. En su informe, la procuradora sostiene que el ministro Jaramillo busca limitar de manera irregular el poder de decisión que dichos actores deben tener en este espacio de diálogo.

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“Desde los considerandos, el Ministerio establece que la mesa de trabajo será útil apenas para exponer preocupaciones y puntos de vista para ser puestos a consideración del Ministerio, desconociendo que encontrándose ya establecida por parte de la Corte la insuficiencia de la UPC para la vigencia 2024, lo que ha ordenado es la creación de una mesa de trabajo cuyo objetivo será revisar la UPC del 2024 y lograr su suficiencia y que no se trata solamente de un espacio de diálogo para que tal vez sean ‘considerados’ por el Ministerio”, se lee en el documento enviado por la Procuraduría.

Uno de los aspectos más polémicos de la resolución es la limitación en la información que podrá ser analizada en la mesa de trabajo. Según la resolución del Ministerio de Salud, solo se tendrán en cuenta los datos que esta entidad solicite, excluyendo cualquier otra información que los demás actores quieran aportar. Además, se impone la obligación de presentar “soportes confiables” para los datos adicionales, lo que para el Ministerio Público es una forma de restringir la participación.

Otro punto de preocupación es el lenguaje utilizado en la resolución, donde el ministro Jaramillo habla de un “eventual” rezago en la UPC, cuando la Corte Constitucional ya determinó que dicho rezago es un hecho. Para la Procuraduría, esta forma de expresarse deja en manos del ministerio la decisión de ajustar o no los valores de la UPC, a pesar de que la Corte ya ordenó su revisión. También se cuestiona que la cartera de Salud se atribuya de manera unilateral la facultad de fijar el orden del día y de crear comités técnicos sin dar cabida a una deliberación más abierta.

“En el numeral 2.1., el Ministerio limita las fuentes de información y los procesos de validación a los ya definidos y ejecutados por el Ministerio y/o a otras fuentes que el mismo Ministerio determine, cerrando las posibilidades de que se pueda dar un ejercicio independiente, retroalimentado con otras fuentes de información o metodologías de expertos que puedan proponer los integrantes de la mesa”, afirmó Ojeda en su informe.

La Procuraduría también advirtió sobre las posibles consecuencias legales de la resolución expedida por el Ministerio de Salud. En su documento, la procuradora delegada señaló que con esta regulación, el ministro Jaramillo podría estar incurriendo en conductas tipificadas como desacato a una sentencia judicial y fraude a resolución judicial. Por esta razón, la Procuraduría anunció que trasladará el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si se cometieron delitos en el proceso.

Con la primera reunión de la mesa ya realizada, el futuro de la UPC y la legitimidad de las decisiones del Ministerio de Salud quedan en entredicho. La Corte Constitucional deberá evaluar si la resolución cumple con lo ordenado o si es necesario tomar medidas adicionales para garantizar un proceso más transparente y equitativo en la revisión de la UPC para el 2024.