Rectora imputada y 11 estudiantes aún hospitalizados: el INBA a un mes de una trágica explosión

Rectora imputada y 11 estudiantes aún hospitalizados: el INBA a un mes de una trágica explosión

A poco más de un mes de la tragedia que conmocionó al Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde 35 alumnos resultaron quemados -algunos de ellos en riesgo vital- por la detonación de un artefacto explosivo, las investigaciones avanzan a cargo de la fiscal María Cañas. Y mientras tanto, la comunidad escolar sigue enfrentando las secuelas de un evento que dejó una huella profunda y un retorno a las actividades marcado por la incertidumbre.

Dos querellas siguen vigentes: una presentada por la Municipalidad de Santiago y otra por el Ministerio del Interior, ambas dirigidas contra quienes resulten responsables. Y en ese contexto, en el centro de la indagatoria está María Alejandra Benavides, rectora del emblemático liceo, quien se encuentra bajo investigación en calidad de imputada.

Las recriminaciones que confrontan al INBA

Consultado por la calidad de imputada de la rectora del INBA, Víctor Pino, abogado de Benavides, indica que no está autorizado para hacer declaraciones al respecto. Por su parte, desde la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago afirman estar “colaborando” a través de la entrega de los antecedentes solicitados por el Ministerio Público para que se “determinen responsabilidades”. Frente a esto último agregan que esperan que “el MP avance rápidamente en esta causa con la profundidad que ella requiere”.

Hace poco La Tercera reveló que la directora, según comentaron en reserva algunos profesores, el día del incidente estaba fuera de sí. Que se quejaba gritando en todo momento, preguntando quién había dejado salir a los profesores, reiterando una y otra vez que había que “traer de vuelta” a los alumnos que los trabajadores del internado comenzaron a llevar a recintos de salud debido a sus heridas. “Sacaron a niños quemados y ella se enojó. No quería que nadie saliera del colegio”, contó una profesora.

Roco dijo hace una semana al respecto que “el Protocolo del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) establece expresamente que, en caso de accidente, los estudiantes deben ser trasladados solo por personal médico”.

Las indagatorias también incluyen las declaraciones de tres profesores del INBA, quienes bajo reserva de identidad testificaron ante la Fiscalía sobre los hechos ocurridos el 23 de octubre. Los tres docentes, que forman parte del Colegio de Profesores y tienen varios años de experiencia en el liceo, han aportado detalles clave sobre lo sucedido, aunque aún no se ha revelado la totalidad de sus declaraciones. Algo que sí se mantiene en suspenso es por qué las rejas del establecimiento educacional se mantenían cerradas, pese a la situación de emergencia que ocurría esa tarde de miércoles.

Como sea, lo cierto es que el hecho de tener participación en la causa como imputada fue comunicado a Benavides el pasado viernes 15 de noviembre por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Ese día se llevó a cabo la audiencia de cautela de garantías que la propia autoridad del internado había solicitado con la idea de que se le devolviera el celular que se le había incautado en el marco de las indagatorias por la tragedia ocurrida en el establecimiento educacional. Según reveló El Líbero, el aparato fue incautado por la Fiscalía el 30 de octubre, una semana después de la tragedia. Según la propia directora, el celular fue requisado mientras se realizaba una revisión en su oficina y sostuvo que no le entregaron copia de la orden judicial que autorizaba el registro, ni la identificación del número de causa.

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Hasta hoy Benavides, quien asumió el cargo de rectora en 2022 a través del sistema de Alta Dirección Pública en reemplazo del subrogante Gonzalo Saavedra, continúa en el puesto a pesar de la crisis que atraviesa la institución. Y al menos en el escrito que confirma su calidad en las indagatorias se indica que “el plazo para la formalización de la causa no será menor a seis meses”.

Y mientras todo esto ocurre, desde inicios de noviembre comenzó el retorno progresivo y voluntario de los estudiantes, con la intervención directa del Ministerio de Educación a través de la Seremi de Educación. Hasta hoy las clases normales están suspendidas y la incertidumbre persiste, con una comunidad escolar golpeada y que enfrenta no solo las secuelas de la tragedia, sino también la incertidumbre sobre la responsabilidad de la dirección del liceo. Por un lado, el nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ya ha amenazado con que evaluará su continuidad y, por otro, el director de Educación de Santiago, Rodrigo Roco, se ve presionado a contener la crisis casi en solitario desde la renuncia de Irací Hassler al puesto de alcaldesa.

En medio de todo esto, el Minsal entregó este lunes una última actualización del estado de salud de los heridos más graves: 11 estudiantes aún se encuentran hospitalizados y en las últimas horas dos fueron dados de alta.