Responsabilidad del gobierno en megatoma de San Antonio

Responsabilidad del gobierno en megatoma de San Antonio

Quedó establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el desalojo de la megatoma en la comuna de San Antonio -donde residen ilegalmente más de 10 mil personas- deberá realizarse el jueves de la próxima semana, estableciendo que ello habrá de efectuarse “en etapas”, de forma “razonable y paulatinamente”. Con ello se ha despejado definitivamente el escenario judicial de esta toma, considerando que la propia Corte había acogido un recurso de protección de los propietarios en julio de 2023, ordenando el desalojo, lo que fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024, extendiendo el plazo fatal hasta fines de enero pasado. La Delegación Presidencial intentó hace un tiempo extender el plazo por un año más, lo que fue denegado.

Pero ahora que el Poder Judicial ha zanjado este conflicto, ocurre que desde el Poder Ejecutivo se ha hecho ver que llevar a cabo un desalojo tan masivo como este no parece posible, poniendo en entredicho la ejecución de una orden judicial. Por de pronto, la propia autoridad planteó las dificultades de contar con los más de mil carabineros que exigiría un operativo de esta envergadura, aun cuando ello sea parcializado -la Delegación Presidencial señaló por estos días que sí están “preparados” para el desalojo, aunque no entregó detalles de cómo lo haría-, en tanto que el ministro de la Vivienda señaló que un desalojo generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario. Las autoridades locales también han sido claras en que ni la comuna ni la región cuentan con capacidades para relocalizar a tantas familias.

Ante la inminencia de los plazos, se han reactivado reuniones urgentes entre las autoridades y los propietarios para aplazar el desalojo y buscar fórmulas de compra de los predios por parte de los propios ocupantes, organizándose a través de una suerte de federación de cooperativas para de esa forma postular a créditos que al parecer contarían con garantías del Estado. Si bien los propietarios se han manifestado dispuestos a considerar una venta, aun no se ha logrado alcanzar un acuerdo en torno a la valorización del predio, pero igualmente alcanzaría a varios millones de dólares, lo que abre la interrogante de si se logrará el financiamiento, considerando que el 70% de los pobladores presenta un alto nivel de vulnerabilidad social.

Ciertamente la forma en que la autoridad ha manejado este conflicto denota un alto grado de improvisación, pues es claro que a pesar de haber contado con suficiente tiempo para diseñar una salida que evitara llegar hasta este punto crítico -desde hace casi un año que la orden de desalojo era un hecho-, no se avanzó con la celeridad esperada para buscar algún tipo de solución habitacional -un objetivo primordial en estos casos-, pero tampoco se contaba con un “plan B” en caso de que fuese igualmente necesario un desalojo, considerando que en ese caso no solo cabía disponer del personal policial necesario, sino que también es preciso velar por las necesidades de miles de personas que súbitamente se quedarán sin hogar, donde hay una alta proporción de menores de edad.

Que la autoridad además dé a entender que tampoco se contaría con la fuerza pública necesaria para ejecutar una orden judicial resulta vergonzoso -un caso similar ocurre con la toma de Edén de Lajarilla, también en la Región de Valparaíso, donde la Corte aceptó aplazar para marzo el desalojo-, y lleva a preguntarse si el Estado cuenta con la capacidad para garantizar la propiedad privada, un pilar esencial en el estado de derecho. Ciertamente la señal que dio el actual gobierno durante la campaña, al plantear que no habría desalojos sin una solución habitacional para las familias, no solo resulta contradictorio a la luz de lo que hoy estamos viendo, cuando no hay ninguna solución a la vista, sino que ello pudo contribuir a legitimar un camino altamente dañino para la sociedad, lo que demuestra la imprudencia de predicamentos de esta naturaleza.

Ahora está en manos del gobierno encontrar en los días que quedan una solución razonable a este conflicto, que sin pasar a llevar los derechos de los propietarios permita empezar a trazar soluciones habitacionales -aunque sean transitorias- que no validen los actos de presión, pero que a la vez faciliten que estas familias puedan empezar a tener algún grado de estabilidad, lo que es más factible cuando a lo menos se cuenta con una vivienda propia o con la expectativa de tenerla.

El caso de la megatoma de San Antonio debe llevar a tomar conciencia sobre las consecuencias de no actuar a tiempo frente a las tomas y consentir que estas prácticas se masifiquen. El catastro a nivel nacional indica que hay más de mil asentamientos de este tipo a lo largo del país, y por lo tanto es indispensable conocer cuál será el planteamiento del gobierno frente a estas situaciones y cómo pretende desactivarlas.