Sí a Dominga: gremios empresariales celebran resurgimiento del proyecto y llaman a que autoridades no lo judicialicen de nuevo

Sí a Dominga: gremios empresariales celebran resurgimiento del proyecto y llaman a que autoridades no lo judicialicen de nuevo

La historia del proyecto minero Dominga sumó un nuevo giro en la larga y sinuosa trama que acumula en sus más de 10 años de tramitación ambiental. Este lunes, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) acogió la reclamación presentada por Andes Iron, minera ligada a las familias Délano Méndez y Garcés Silva, en contra del rechazo que dictaminó hace casi dos años el Comité de Ministros del actual gobierno, y que revirtió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable con que contaba el polémico proyecto desde agosto de 2021.

El fallo unánime del tribunal especializado fue ampliamente celebrado por gremios del mundo empresarial en general, como por los del sector minero en específico.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero -que agrupa a las principales empresas de la gran minería en Chile-, destacó la sentencia como “contundente y viene a ratificar lo ya señalado en múltiples instancias judiciales: Dominga es un proyecto técnica y ambientalmente validado por todas las instancias correspondientes”.

Villarino además enfatizó que el proyecto “cuenta con un respaldo mayoritario de la comunidad y se inserta en un territorio de vasta tradición minera, actualmente muy deprimido económicamente”.

En esa línea, planteó que “no hay razones de fondo para seguir judicializándolo”, e invitó “a las autoridades políticas a abandonar la vía judicial y a sentarse a conversar sobre un acuerdo definitivo que haga sentido económica, social y ambientalmente para la región y el país. Espero que no pierdan esta oportunidad única para demostrar su compromiso con el cuidado del medioambiente y con el crecimiento económico. Ambos objetivos deben ser compatibles”.

En una línea similar, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró el pronunciamiento judicial, destacando que “queda bastante claro que el proyecto Dominga es perfectamente factible en todos sus aspectos medioambientales”.

El directivo minero agregó que “llama la atención el número y profundidad de los defectos que el fallo reconoce en la decisión impugnada. Estamos revisando en profundidad la sentencia, pero notamos desde ya que hay aspectos muy graves, que nos llaman a reflexionar sobre la mala utilización que se está haciendo de una legislación que, si bien hemos coincidido en que debe ser revisada, podría aplicarse correctamente y en un sentido diverso al que motivó esta sentencia”.

En esa línea, Riesco se sumó al emplazamiento a las autoridades: ”Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir prontamente lo resuelto. Junto con establecer un plazo de 15 días para volver a pronunciarse, esta sentencia da la opción al Comité de Ministros de ajustarse a los antecedentes y ratificar el permiso al proyecto Dominga”.

El presidente del gremio minero recordó también que el proyecto de cobre y hierro ha sido respaldado en todas las instancias técnicas. “Dominga es un proyecto que sistemáticamente ha sido validado por todas las instancias técnicas, es respaldado mayoritariamente por la comunidad y se inserta en un territorio de vasta tradición minera”, sostuvo.

En ese sentido, Riesco afirmó que “no hay razones para seguir con una judicialización que ya se ha extendido mucho, al punto que una nueva revisión parece innecesaria”. “Ahora, el Comité de Ministros tiene la obligación de cumplir la institucionalidad ambiental, expresada a través de este fallo categórico, dando, además, una importante señal de confianza a los inversionistas y de que la inversión es bienvenida en nuestro país”, concluyó el presidente de Sonami.

En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, reaccionó ligando el pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta a “la necesidad de un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define, puedan desarrollarse sin trabas”.

Así, expresó su esperanza de que “en las siguientes instancias, las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con criterio técnico, por sobre cualquier consideración política”.