Trabajo a honorarios: la explotación silenciosa que persiste en el Sector Público

Trabajo a honorarios: la explotación silenciosa que persiste en el Sector Público

No es baladí el hecho de que, en particular, la demanda de terminar con el formato de contratación a honorarios se venga arrastrando por más de una década, instalándose en la discusión de las organizaciones sindicales de manera crónica. Y es que con el paso del tiempo, en el empleo público, la estabilidad laboral se ha ido degradando, siendo “los honorarios” los más precarizados.

Diego Castillo.  Encargado de la Comisión Nacional Sindical de las Juventudes Comunistas de Chile. Santiago. 28/11/2024. El día 15 de noviembre, las 16 organizaciones sindicales que componen la Mesa del Sector Público (MSP), entre ellas la CUT y la ANEF, entregaron el Petitorio Nacional de las demandas de las y los trabajadores del Estado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No fue sino hasta el pasado viernes 22 de noviembre en que se concretó el inicio formal de la negociación colectiva, a través de una primera reunión entre el Sector Público y el Gobierno.

Las demandas más sentidas se enmarcan en la búsqueda de garantías legales que consagren materialmente la estabilidad laboral y el trabajo decente, siendo algunas de estas: (1) El incremento de las remuneraciones a partir de un reajuste salarial real equivalente al 3% por sobre el IPC acumulado en los últimos 12 meses; (2) La reducción de la jornada laboral a 40 horas, al igual que como se está implementando en el sector privado; (3) La creación de una regulación legal para el régimen de Teletrabajo; (4) La incorporación del Sector Público al Seguro de Cesantía; (5) La disminución de la brecha salarial por razones de género y; (6) Terminar con la precarización laboral en formatos de honorarios.

No es baladí el hecho de que, en particular, la demanda de terminar con el formato de contratación a honorarios se venga arrastrando por más de una década, instalándose en la discusión de las organizaciones sindicales de manera crónica. Y es que con el paso del tiempo, en el empleo público, la estabilidad laboral se ha ido degradando, siendo “los honorarios” los más precarizados. Según los datos de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), el personal a honorarios, solamente en el Gobierno, sin contar aquellos organismos descentralizados, ha ido aumentando de manera significativa: mientras que en diciembre del 2006 la cantidad neta de trabajadores a honorarios equivalía a 29.830, en marzo de 2024 el total asciende a 47.513.

Con todo, ¿a qué se debe esta insistencia? ¿Por qué son los más precarizados entre los eslabones laborales?

La triste realidad es que, en términos legales, las y los “honorarios” no son reconocidos como trabajadores del Sector Público. Y peor aún, tampoco se les podría considerar como trabajadores del Sector Privado. De hecho, en estricto rigor, la ley no recoge su calidad de trabajadores como tal, teniendo como consecuencia que no se rijan ni por el Estatuto Administrativo ni por el Código del Trabajo. La consecuencia de esta laguna normativa deja en un peligroso limbo a las y los “honorarios”, exponiéndoles a diversas expresiones de precarización, inestabilidad e inseguridad laboral, a saber; (1) La ausencia de derechos laborales y beneficios sociales; (2) La desprotección legal total ante prácticas arbitrarias o abusivas de empleadores y; (3) La imposibilidad de sindicalización dentro del empleo.

A raíz de esta situación, hemos de preguntarnos ¿quiénes son las y los sujetos “honorarios”? ¿cuál es su identidad? La mala práctica de esconder la precarización a través del “boleteo” se ha masificado sobre todo en la población joven que recién comienza su vida laboral. Así, la posibilidad de estabilizarse y adquirir experiencia en el campo, postular a subsidios y mecanismos de protección social es cada vez más escasa para nuestra generación.

Aunque este régimen conlleva las mismas consecuencias para quienes se desempeñan en el sector público como en el sector privado, es el Estado quien tiene la responsabilidad ineludible de dar el primer paso y romper con esta invisibilizada forma de explotación. Este Gobierno, más que cualquier otro, tiene la oportunidad de dar el ejemplo en la consagración material de mejores condiciones laborales de sus trabajadores y dejar de hacer vista gorda frente a esta explotación silenciosa.

 

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