Tribunal de Bogotá condenó a 25 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia

Tribunal de Bogotá condenó a 25 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia

Los sindicados habrían participado en actividades criminales tales como homicidios, despariciones forzosas, entre otras, entre 1995 y 2005 en el Tolima

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la condena de 25 exintegrantes del extinto bloque Tolima, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su participación en 105 actos criminales cometidos entre 1995 y 2005.

Según informó la Fiscalía, los delitos incluyen homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, destrucción de bienes protegidos y ataques contra comunidades étnicas. Las penas impuestas oscilan entre 20 y 40 años de prisión, aunque los condenados se beneficiarán de la pena alternativa de ocho años contemplada en la Ley de Justicia y Paz.

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De acuerdo con la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, los crímenes perpetrados por este grupo paramilitar generaron un profundo impacto en la población civil del Tolima, dejando un rastro de violencia y despojo en varias comunidades.

Entre los hechos más graves documentados se encuentran masacres, desplazamientos forzados y la apropiación de tierras, acciones que afectaron tanto a la población general como a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Entre los condenados destacan figuras clave del bloque Tolima, como Atanael Matajudíos Buitrago, alias Juancho, que ocupó el segundo lugar en la jerarquía del grupo y lideró el Frente Norte; Diego Hernán Vera Roldán, alias Águila, jefe de operaciones armadas; Ricaurte Soria Ortiz, alias Jetechupo u Orlando Carlos, encargado de las finanzas en la zona sur; y José Albert Rivera Vera, alias Diecinueve.

Además, fueron sentenciados otros miembros que desempeñaban roles como patrulleros, integrantes de escuadras y responsables de acciones de contraguerrilla.

El tribunal determinó que estos exparamilitares participaron en una serie de actos violentos que incluyeron masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Según consignó la Fiscalía, estas acciones buscaban consolidar el control territorial del grupo y eliminar cualquier oposición, real o percibida, en las zonas bajo su influencia.

Es importante mencionar que, entre los crímenes que llevaron a la condena se encuentra la masacre de Montefrío, registrada en el municipio de Natagaima, donde 10 personas fueron asesinadas. Otro caso relevante es la masacre de Montoso, en Prado, en la que fue ejecutado Humberto Millán Millán, presidente de la Junta de Acción Comunal de la localidad.

Asimismo, se documentaron la masacre del Neme, en la que cuatro habitantes fueron torturados y asesinados, y la masacre de Santiago Pérez, donde tres personas fueron ejecutadas tras ser señaladas erróneamente como colaboradores de grupos guerrilleros.

Además de los homicidios, el tribunal estableció que el bloque Tolima estuvo implicado en el desplazamiento forzado de cientos de personas, así como en la apropiación de tierras y bienes. Estas acciones afectaron gravemente a comunidades indígenas y afrodescendientes, que fueron objeto de persecución y despojo.

Como parte de la sentencia, la Sala de Justicia y Paz ordenó la extinción de dominio sobre tres bienes entregados por Ricaurte Soria Ortiz, alias Jetechupo. Estos predios serán destinados a la reparación de las víctimas, que incluyen 69 personas afectadas directamente y 74 de manera indirecta por los crímenes juzgados en esta decisión. Además, se beneficiarán 33 víctimas directas y 45 indirectas de otros hechos previamente atribuidos al bloque Tolima.

El tribunal también impuso multas económicas a los condenados, que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma, se les inhabilitó para ejercer cargos públicos, como parte de las sanciones complementarias.

A pesar de la gravedad de los crímenes, los 25 exparamilitares se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que establece penas alternativas para quienes colaboren con la justicia y contribuyan a la reparación de las víctimas. En este caso, las condenas de hasta 40 años de prisión fueron reducidas a ocho años, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.