Unas 400 entidades serán examinadas para ver si cumplen su obligación de publicidad activa

Unas 400 entidades serán examinadas para ver si cumplen su obligación de publicidad activa

Madrid, 29 ene (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno evaluará a lo largo de este año a unas 400 entidades, entre ellas organismos públicos y partidos políticos, para controlar si cumplen con sus compromisos de publicidad activa a los que están obligados por la ley de transparencia.

Esta autoridad administrativa independiente ha publicado este miércoles su plan de evaluación anual en el que detalla que se analizará si 400 instituciones, organismos y entidades públicas y privadas cumplen con las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Este año serán evaluadas un 32,5 % más entidades que en 2023 y se analizará si cumplen sus obligaciones de publicidad activa, es decir, si publican en sus páginas web institucionales la información de interés público que determina la Ley de Transparencia.

Entre otras, se evaluará el cumplimiento del portal de transparencia de la Administración General del Estado (AGE) y de 229 entidades del sector público institucional estatal.

En este grupo se incluyen entidades públicas empresariales, organismos autónomos, sociedades mercantiles y fundaciones públicas.

Al finalizar 2025 todas las entidades que conforman el sector público institucional estatal habrán sido objeto de, al menos, una evaluación de cumplimiento por parte del Consejo de Transparencia, que lleva evaluando a entidades de este grupo desde 2017.

También se examinarán entidades privadas perceptoras de subvenciones y ayudas por valor de al menos 100.000 euros.

Por último, el consejo evaluará a los seis partidos políticos de ámbito nacional con representación en el Congreso de los Diputados, que ya fueron examinados en 2024, y analizará el grado de aplicación de las recomendaciones realizadas a cada uno de ellos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno realiza toda la evaluación con recursos propios, utilizando la metodología MESTA, desarrollada conjuntamente con la extinta Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL). EFE