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Violenta agresión a profesora de Ñuble: profesional quedó con fractura de cráneo y Superintendencia abre investigación
En un alarmante episodio de violencia escolar, una profesora del Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, en la región del Ñuble, fue brutalmente agredida por un alumno de 14 años durante una clase, el lunes 17 de marzo. El estudiante, que cursa primero medio, atacó a la docente, identificada como Elena Cano Ramírez, golpeándola repetidamente en la cabeza con el palo de un escobillón, lo que le provocó una fractura craneal.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana mientras la profesora impartía su clase. La docente fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico del Sur de Concepción, donde permanece en estado grave.
Tras la agresión, el Liceo Bicentenario de Trehuaco suspendió las clases durante el resto de esa jornada para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, mientras que la Fiscalía de Quirihue inició una pesquisa, encargando las diligencias a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones.
Pero aunque el hecho recién se conoció este martes, el caso es solo un ejemplo de una tendencia que ha venido al alza en los últimos diez años. Según datos de la Superintendencia de Educación, desde 2014 hasta 2024 se han registrado un total de 2.788 denuncias de maltrato a miembros adultos de las comunidades educativas. Y si en 2014 se reportaron 166, en 2022, junto con el regreso a la presencialidad tras la pandemia, las denuncias se dispararon un 447,37% con 312 casos reportados. En 2024 hubo 553, reflejando un incremento del 25,40% respecto de 2023. La tendencia es clara.
Y en específico, sobre denuncias de maltrato de estudiantes hacia personal del establecimiento, según la superintendencia, desde 2014 a 2024 se registraron 737 denuncias.
Este mismo ente fiscalizador realizó este martes una denuncia de oficio por el hecho, lo que dio paso a una investigación con el fin de determinar si el establecimiento actuó conforme a lo que establece la normativa educacional.
Denuncias por maltrato a profesores y apoderados suben un 58% respecto de 2022
“Estamos al tanto de informaciones que indican que el estudiante de 14 años que habría efectuado la agresión tendría un diagnóstico de trastorno del espectro autista, por lo que también se investigará si el hecho pudiera obedecer a una desregulación asociada a su condición de salud”, señala a La Tercera la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz. La madre del menor, de hecho, salió en su defensa señalando que no es un niño violento y que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Pero el fenómeno no solo se acota a cifras. El episodio reciente de violencia reactivó dentro de la comunidad educativa el debate para acelerar la aprobación de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, proyecto ingresado en junio de 2024 por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en octubre del mismo año, pasando luego a la Comisión de Educación del Senado para su segundo trámite constitucional. Ahí sigue en discusión.
Por lo mismo, los actores del sistema redoblan la presión para que el proyecto de ley avance hacia su aprobación. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que es necesario acelerar la ley, “ha demorado demasiado. Estuvimos la semana pasada en la Comisión de Educación del Senado tramitándolo, pero hay lentitud y esta ley es urgente, porque si bien es cierto no va a solucionar el problema de fondo, va a entregar herramientas para enfrentar de mejor forma el problema que se está viviendo en muchísimos los colegios de Chile, y el caso de Trehuaco lo demuestra”.
Y es que la medida busca mejorar la gestión de la convivencia en las comunidades educativas, fomentando acciones que prevengan y erradiquen cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación. Por ejemplo, establece medidas especiales de prevención y protección ante situaciones de discriminación; sanciona a los establecimientos que no adopten medidas correctivas ante situaciones de acoso escolar; promueve la inclusión escolar y permite sanciones disciplinarias si están contenidas en el reglamento interno, entre otras.
Pero la tramitación de esta ley ha experimentado demoras por la necesidad de alcanzar consensos entre diversas partes interesadas. Por ejemplo, en agosto de 2024, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores acordaron acortar los plazos de implementación de la ley, inicialmente programada para entrar en vigencia un año después de su publicación, debido a la urgencia de abordar problemas de agobio laboral y acoso en las comunidades educativas.
“Entre los avances que se considera se incluye el nombramiento de un encargado de convivencia con horario completo, y se establece claramente la responsabilidad del sostenedor para velar porque en los reglamento Internos se consideren medidas de protección a los trabajadores de la educación y de entregarles obligatoriamente asistencia legal, en caso de que se vean afectados por algún tipo de agresión”, señala el seremi de Educación del Ñuble, César Riquelme, quien este martes junto a otras autoridades regionales estuvo acompañando a la comunidad del centro educativo, donde se desarrolló un proceso de reflexión.
Para este miércoles está citada una sesión de la comisión, de 12:00 a 13:30 horas, para “continuar la discusión en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales”, se lee en la misiva. La agresión a la profesora, seguramente, se tomará la discusión.
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