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Desde la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, Corporación Humanas ha monitoreado su implementación. Su último informe concluye que el acceso a este derecho sigue siendo desigual y depende en gran medida de la disponibilidad de equipos médicos no objetores, una realidad especialmente compleja en algunas zonas del país. De hecho, 4 de cada 10 médicos obstetras del sistema público se declaran objetores de conciencia en la causal de violación.