El uso abusivo de la acusación constitucional por diputadas y diputados se convirtió en una constante durante los dos últimos gobiernos. Lo que la Constitución concibe como un mecanismo excepcional de control político ha terminado transformándose, en la práctica, en la herramienta predilecta de la oposición para dificultar la agenda del Ejecutivo y marcar posiciones frente a la opinión pública. Con la sola excepción de la acusación contra el exministro Andrés Chadwick en 2019, ninguna de la veintena de libelos presentados durante ese período prosperó en el Senado.
Nada indica que esta tendencia vaya a cambiar. Paradójicamente, hoy un grupo de diputadas y diputados oficialistas parece continuar aferrado a las prácticas de su pasado opositor. Bajo el argumento de una supuesta infracción a la Constitución y las leyes, impulsan una acusación contra un exministro de Estado por un presunto manejo deficiente de las finanzas públicas. Se trata de fundamentos que, por lo demás, fueron descartados por el propio Consejo Fiscal Autónomo.
Este escenario resulta insostenible. Distorsiona el funcionamiento del régimen presidencial, tensiona innecesariamente la relación entre el Ejecutivo y el Congreso y desvía la atención de la función legislativa. Pese a tratarse de un diagnóstico ampliamente compartido, la acusación constitucional ha permanecido al margen de las principales propuestas de reformas políticas discutidas durante el último bienio. El bajo quórum exigido para su presentación y aprobación, junto con causales que permiten acusar con estándares especialmente bajos a ministros de Estado, generan incentivos perversos para su uso desmedido. Más aún, tratándose de un mecanismo de ultima ratio, su ejercicio ni siquiera exige el agotamiento previo de otros instrumentos de fiscalización de los actos de gobierno que la propia Cámara de Diputadas y Diputados tiene a su disposición, como las interpelaciones o las comisiones especiales investigadoras.
En este contexto, resulta valiosa la reciente moción presentada por un grupo transversal de parlamentarios para establecer mayores cortapisas en la formulación de acusaciones constitucionales. Es una reforma necesaria que puede contribuir a mejorar la dinámica política. Sin embargo, será insuficiente si se aborda de manera aislada. Tampoco bastará, por sí sola, la reforma política impulsada durante el gobierno del expresidente Boric, que terminó desfigurada en su segundo trámite en la Cámara. Lo mismo ocurre con el umbral del 5% acordado transaccionalmente por la Comisión Experta. Ninguna de estas iniciativas corrige el verdadero problema de fondo: una cultura política marcada por el personalismo.
Diversos cientistas políticos, entre ellos Julieta Suárez-Cao, Javier Sajuria y Claudia Heiss, han advertido que buena parte de la ingobernabilidad al interior del Congreso responde precisamente al creciente personalismo que incentiva la combinación de pactos y subpactos con listas abiertas. Ese diseño electoral favorece estrategias individuales de visibilidad política y debilita la disciplina partidaria. En ese contexto, el uso recurrente de acusaciones constitucionales termina siendo una herramienta de posicionamiento político más que un verdadero mecanismo de control. Por eso, una reforma al estatuto de la acusación constitucional es bienvenida, pero constituye apenas el punto de partida.
Por Leonardo Ortiz, profesor de Derecho Constitucional UDP
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