El Ciudadano
Alcaldes de oposición protestaron en La Moneda por recortes en salud pública. Advierten menos atenciones, sobrecarga laboral y riesgo de despidos en la APS.
Este lunes 11 de mayo, alcaldes y alcaldesas de oposición entregaron una carta en La Moneda en protesta por los recortes en salud pública, que implicarían una amenaza para el sistema. A la instancia, los ediles llegaron junto a organizaciones de salud y vecinos de sus comunas, en una manifestación pacífica frente al palacio presidencial.
Antes de la entrega, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, leyó la carta firmada por 15 alcaldes. En ese contexto declaró la profunda preocupación y rechazo de las y los alcaldes ante las medidas planteadas en el ámbito de salud y señaló que solicitaban:
1. Aumentar los recursos destinados a los programas que sostienen la Atención Primaria de Salud (APS), en el marco del Presupuesto 2027.
2. Actualizar y transparentar el cálculo del per cápita, así como la composición de los recursos asignados a la red de APS.
3. No continuar con la reducción de programas como los PRAPS.
4. Fortalecer la capacidad operativa de la APS, considerando el aumento de costos —como el de los combustibles— que afectan su funcionamiento.
5. Revisar las medidas asociadas a la universalización en salud.
Además, manifestaron su especial inquietud ante la eventual discontinuidad de 24 programas del sector salud, mayoritariamente ejecutados en la APS; por lo tanto, esto implicaría trasladar el peso del ajuste a los municipios que administran la red asistencial y a los trabajadores, quienes lo verían reflejado en sus cargas laborales o en la eliminación de sus puestos de trabajo.
“Entre los programas en riesgo se encuentran iniciativas esenciales como el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, la salud mental y la prevención del suicidio, los cuidados paliativos, la atención a personas mayores, los programas de reparación en salud, la salud bucal y diversas estrategias de acceso y equidad para grupos vulnerables. Su eliminación compromete el modelo de atención vigente y afecta con mayor intensidad a quienes dependen del sistema público”, señalaron en la carta.
Por otro lado, advirtieron que un recorte de tal magnitud podría generar más carga en los servicios de urgencia, alargar las listas de espera, elevar las muertes evitables y, en último término, implicar un mayor gasto para el Estado, junto con el evidente costo humano que conlleva. Por último, reiteraron su disposición a participar en un diálogo técnico y político que permita conciliar la responsabilidad fiscal con la protección efectiva del derecho a la salud.
En conversación con El Ciudadano, Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, explicó que existen dos tipos de recorte, uno que sucede este año con el Programa de Reforzamiento a la Atención Primaria de Salud (PRAPS) por 400 millones de universalización, lo que significa recortar 30 mil atenciones de salud de distinto tipo.
Señaló que se está proponiendo recortar 23 PRAPS y reducir un 15% otros 15 PRAPS, lo que se traduciría en un recorte de 100 mil atenciones para los vecinos de La Cisterna en diversas áreas de la salud, desde los fondos de farmacia, hasta las atenciones paliativas domiciliarias, “entonces es algo que definitivamente viene a sepultar la salud pública, en cuanto a la capacidad de atender la necesidad más importante de la población”, indicó.
Por otro lado, señaló que posterior a la entrega de la carta, se reunieron con la jefa de gabinete de la primera unidad de atención ciudadana, quien se comprometió a realizar una reunión con la ministra de Salud, May Chomali y con la ministra de Educación, María Paz Arzola, la primera por el recorte de salud y la segunda por el traspaso del SLEP. Sin embargo, declaró que desde los municipios advierten que se debe separar las discusiones.
Además, señaló que existe una contradicción al proponer recortes del 2,5% o 3% en salud pública mientras se les recorta los impuestos a los más ricos y se le bajan las contribuciones a las mansiones de Lo Barnechea.
“Entonces, yo creo que ahí hay que ponerse una mano en el corazón cuando se trata de salud, educación, vivienda, seguridad; no recortar, sobre todo, lo que está asociado a los municipios. Y yo digo: ¿por qué mejor no cortamos el gasto en defensa? Uno dice: ¿para qué vamos a querer más aviones de guerra y cosas así, si es que finalmente la gente no está accediendo al servicio de salud que le corresponde, que es un derecho humano básico?”, cuestionó el alcalde.
Por último, se refirió a la performance llevada por él y un grupo de alcaldes quienes llegaron a La Moneda cargando un ataúd, al respecto Olmos señaló:
“Tiene que ver con graficar este concepto de la muerte: la muerte de un programa, ¿cierto?, que es el derecho humano a la salud. Y ciertamente es algo muy crítico, porque la ausencia de la salud también significa la muerte. Entonces, muerte al programa y muerte de la gente que atendemos. 100 mil atenciones son para La Cisterna, año 2027; si uno lo proyecta a nivel nacional, son millones de atenciones. Entonces, no es algo menor y creemos que esto tiene que detenerse”, concluyó.
Por otro lado, el equipo de El Ciudadano conversó con Gislena Reyes Vergara, presidenta de la Federación Metropolitana de Salud Municipal, FREMESAM, que agrupa a funcionarios de atención primaria del servicio sur y suroriente.
Reyes declaró que el recorte se da en un escenario crítico y arrastrado por décadas. Para la presidenta de la organización, la atención primaria está crónicamente desfinanciada, con un per cápita muy por debajo de lo necesario según estudios y de los estándares recomendados por la OMS. A esto se suma que cualquier recorte profundiza la precariedad: afecta la capacidad de atención, al personal, las prestaciones y la infraestructura —que además no tendría recursos este año—.
Por otro lado, Reyes explicó que el cuadro se agrava con despidos, no reposición de cargos y restricciones presupuestarias, lo que reduce aún más la cobertura pública y abre espacio a prestadores privados. Incluso la leve reducción del recorte anunciada es vista como insuficiente frente al déficit estructural.
“Hoy día vemos con más fuerza lo que ni siquiera se atrevió a hacer Pinochet en dictadura: aniquilar la salud pública para privatizar el máximo de las prestaciones”
Además, cuestionó que, por una misma prestación, el Estado pague mucho más al sector privado que al público, enriqueciendo a clínicas en lugar de invertir en infraestructura y atención primaria. Además, advirtió que esta lógica se profundizó desde la reforma de 2005, con una expansión sostenida de la compra de servicios privados.
A continuación revisa la lista de alcaldes firmantes:
- Gustavo Toro, San Ramón
- Joel Olmos, La Cisterna
- Javiera Reyes, Lo Espejo
- Karina Delfino, Quinta Normal
- Manuel Zuñiga, El Bosque
- Mauro Tamayo, Cerro Navia
- Cristóbal Labra, San Joaquín
- Jaime Escudero, Pirque
- Fares Jadue, Recoleta
- Christopher White , San Bernardo
- Paulina Bobadilla, Quilicura
- Matías Toledo, Puente Alto
- Zandra Maulen, El Monte
- Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda
- Sebastián Rosas, Talagante
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