Bolaños alerta del riesgo de inmovilismo en la Justicia, que es "la vía segura al fracaso"

Bolaños alerta del riesgo de inmovilismo en la Justicia, que es "la vía segura al fracaso"

Madrid, 23 may (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha alertado este viernes del riesgo de "inmovilismo", que es "la vía segura al fracaso" en el ámbito de la Justicia y ha defendido las reformas que está llevando a cabo el Ejecutivo.

Bolaños ha comparecido este viernes a petición propia en la Comisión de Justicia del Senado en la que ha desgranado las principales reformas que ha llevado a cabo su departamento para agilizar y modernizar la administración de Justicia.

Antes de conocer que asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro el próximo 11 de junio, Bolaños ha defendido que esta agenda reformista es "ambiciosa, pero factible y necesaria" para quienes quieren que la Justicia deje de ser una queja recurrente de la ciudadanía. "El reformismo es la única opción sensata y el inmovilismo es la vía segura al fracaso y a la cronificación de la insatisfacción ciudadana respecto a la Justicia".

Ha explicado que su Gobierno ha multiplicado por doce el gasto en Justicia hasta los 420 millones de euros de inversión, y también se han mejorado los medios humanos, de manera que entre 2019 y 2024 se han convocado 1.440 plazas de jueces y fiscales, el doble que en el periodo anterior.

Ha afirmado que el principal problema de la Justicia es que cuenta con estructuras del siglo XIX, por eso ha defendido la aprobación de la ley de eficiencia judicial, que transforma la planta judicial y que se implementará en tres fases, entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026.

Se ha referido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que el Gobierno tiene previsto reformar en verano, porque es una norma del año 1882, así como a la ley que regula la carrera judicial y fiscal, de 1985. "La Justicia se merece tener estructuras del siglo XXI, no con una plata judicial del XIX, con leyes del siglo XIX y con una ley que regula la carrera judicial de hace 40 años".

Y ha asegurado que el riesgo principal que corre la Justicia es "el inmovilismo y la falta de reformas". Así, Bolaños ha defendido las leyes que ha puesto en marcha su departamento y aquellas que se encuentran en trámite.

Entre ellas, la ley de eficiencia de la Justicia que, ha asegurado, permitirá un ahorro en diez años a las comunidades autónomas con la Justicia transferida de 300 millones de euros.

También ha defendido la Ley Orgánica de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, que comenzará en breve su tramitación parlamentaria, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La senadora del PP, María José Pardo, por su parte, ha cargado contra la ley que reforma la carrera judicial porque a su juicio "cercena la independencia judicial, promueve el acceso arbitrario y no respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

"Esto no lo digo yo, que por supuesto lo comparto. Esto se lo dicen las asociaciones de jueces y fiscales que ahora mismo están reunidas y que amenazan con ir a la huelga", la ha advertido.

La senadora de Vox, Paloma Gómez, ha advertido de una crisis institucional, una degradación en la que incluye al Tribunal Constitucional, que considera que ha quedado convertido en una "lavadora de despropósitos jurídicos que van en contra del estado de derecho" y ha cargado contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, señalando que "nadie se fía" de su imparcialidad.

Desde el resto de grupos han urgido al ministro a aumentar el número de jueces. En concreto, el senador de ERC, Joan Josep Queralt, ha denunciado que España tiene la mitad de jueces por habitante que la media de la UE, al tiempo que ha criticado que, como consecuencia de esto, la media de las vistas supera el año, cuando no llega a los dos 2 años.

Durante su comparecencia, Bolaños ha anunciado que el Gobierno ultima el anteproyecto para reformar la ley de secretos oficiales, que ha enviado ya al Consejo de Estado para que emita dictamen, por lo que "pronto habrá una ley de secretos oficiales en tramitación parlamentaria que provendrá del Gobierno".

El ministro ha transmitido al PNV su confianza en que esta ley y la que también tramitan los nacionalistas vascos puedan conjugarse para sustituir la actual, "preconstitucional y de la dictadura", y lograr durante esta legislatura una "regulación que combine el acceso a información a los ciudadanos con la seguridad nacional y que lo haga en términos europeos".

El Gobierno retoma así una reforma que ya impulsó en 2022, con un anteproyecto que finalmente decayó por la convocatoria anticipada de elecciones. EFE