El Ciudadano
En un proceso que reabre el debate sobre criminalización del pueblo mapuche, se llevó a cabo ayer jueves la jornada de veredicto del denominado «Caso Lautaro», en el cual se encuentran imputados 5 comuneros quienes llevan casi 4 años en prisión preventiva sin sentencia.
Los hechos ocurrieron en 2022 en el fundo San Luis, ubicado en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. Los acusados son Pelentaro Llaitul Pezoa -hijo del dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul-, Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco recalificó y absolvió a los imputados de algunos delitos que la Fiscalía y los querellantes demandaban y por los que solicitaron penas que oscilan entre los 50 y 90 años de presidio efectivo.
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En concreto, condenó a todos los comuneros mapuche como autores de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto en concurso con secuestro simple y hurto.
La abogada de Pelentaro Llaitul Pezoa y Jorge Caniupil Coña, María Rivera Iribarren, indicó que sin conocer la sentencia que se leerá el próximo13 de julio, el fallo recalificó «los delitos más graves de los que se les estaba acusando a nuestros representados».
En la misma línea, el abogado Jorge Guzmán, explicó que aunque la proyección de penas varía, por lo general disminuyendo, «aún así las condenas que se están pronosticando son bastante altas» para los comuneros, debido a la criminalización histórica del pueblo mapuche.
Penas de comuneros se intensifican por el conflicto político entre el Estado y el pueblo mapuche
» No deberían tener este tipo de penas, pero que en el contexto del conflicto histórico del Estado chileno con el pueblo mapuche, se acentúan y se incrementan», afirmó en declaraciones recogidas por Radio Kurruf.
El jurista, quien también está a cargo de la defensa de Llaitul Pezoa y Caniupil Coña, recordó que desde La Moneda se han preocupado de generar una arremetida contra un conflicto que es netamente de carácter político, «que es el que tiene el pueblo mapuche en exigencia de la devolución del territorio que le ha sido usurpado históricamente por el Estado chileno».
» El Estado chileno, por su parte, lo único que ha hecho es perpetuar el status quo y en vez de preocuparse por resolver este conflicto, autorizando los mecanismos que ya están disponibles, que son la protección, el mejoramiento de las compras de tierras de Conadi, el aumento del presupuesto de Conadi o cualquier otra cosa, se ha dedicado únicamente a endurecer la persecución penal a través de un sin número de leyes represivas», cuestionó.
Guzmán planteó que aunque en otro escenario se podrían aplicar penas ciertamente altas, «nunca serían tan altas como lo que está ocurriendo en estos casos».
«Es muy llamativo que personas que ejercen delitos de corrupción a todo el país, como ministros de la Corte Suprema, ministros de la Corte de Apelaciones, empresarios que se llenan los bolsillos a costa de todos los chilenos, no pasen ni un solo minuto en la cárcel. En circunstancias que las personas que están luchando por lo que es legítimamente correcto, por lo que les corresponde por derecho, tendrían que estar arriesgando penas que podrían ser entre 10 a 20 años de cárcel», expuso.
Leyes represivas contra el pueblo mapuche
Por su parte, la abogada María Riverar señaló que desde los gobiernos de la Ex Concertación hasta la actualidad se ha promulgado toda una serie de leyes represivas «que hoy se aplican en contra de los luchadores sociales y en especial en contra del Pueblo mapuche».
«El Ministerio de Seguridad Pública lo dijo expresamente, con una convicción de aplicar la ley penal del enemigo, es decir, quién participa de una organización de resistencia es inmediatamente antes de probarlo ya declarado culpable (…) escandalosamente la abogada del Ministerio de Seguridad Pública hoy plantea una nueva teoría que es negarse a reconocer la irreprochable conducta anterior de cualquier persona que sea sometido a un juicio y sea condenado, eso en ninguna parte del mundo existe», acusó.
Planteó que el Estado de Chile «en lugar de sentarse y de pensar en una resolución política a los problemas del pueblo mapuche, ellos los traen a los tribunales y pretenden con altas condenas que el pueblo mapuche renuncie a su derecho que es luchar por la recuperación de su territorio».
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