El Ciudadano
El caso de Jeffrey Epstein se ha convertido en el mayor ejemplo de cómo el poder económico, las redes de influencia y las fallas institucionales pueden converger para proteger durante años a un depredador sexual de menores.
El financiero estadounidense, que creció en un enclave judío en el sur de Brooklyn, y quien forjó vínculos con políticos, magnates y figuras de la realeza, tejió una estructura de captación de adolescentes que operó con la complicidad de un sistema judicial que le permitió, en un primer acuerdo fiscal en Florida, eludir una condena federal que pudo haberlo mantenido tras las rejas de por vida. Su caso destapó una entramado global de complicidades que va más allá de las fronteras de Estados Unidos, y que obliga a preguntarse si existen “paraísos” legales donde quienes enfrentan acusaciones similares puedan evadir la justicia.
Los primeros señalamientos sobre Epstein se remontan a 2005, cuando la policía de Palm Beach abrió una investigación tras las denuncias de varias adolescentes. En 2008, el multimillonario alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal en Florida que le permitió evitar cargos federales por tráfico sexual. El pacto se saldó con una declaración de culpabilidad por cargos estatales relacionados con prostitución de una menor y una condena de 18 meses, de los cuales apenas cumplió 13 y contó con un permiso para salir diariamente de la cárcel a trabajar
Durante más de una década, el caso permaneció encapsulado en un silencio institucional que solo se vio interrumpido por el testimonio de las víctimas y las publicaciones de algunos medios de investigación, hasta que 2018 el expediente volvió a ser reactivado y en 2019 Epstein fue arrestado nuevamente y cinco semanas después encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, antes de que pudiera celebrarse el juicio federal contra el principal acusado de una red de tráfico sexual de menores.
La autopsia oficial de Nueva York concluyó que la causa fue suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, el informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, publicado en 2023, dejó al descubierto una cadena de fallos y negligencias hicieron posible que pudiera haber muerto sin ser detectado durante varias horas, erosionando la confianza en el sistema judicial y penitenciario.
Lo que diferencia el caso Epstein de otros procedimientos por tráfico sexual no solo es el testimonio de las víctimas y el alcance de la red de captación, sino el poderoso entorno, en el que se movía el incluso después de su condena de 2008 y que abarcaba finanzas, filantropía, universidadse, tecnología, política y celebridade.
Miles de archivos que han salido a la luz, tras ser desclasificados y que incluyen agendas personales, registros de vuelo, correos electrónicos y documentos judiciales permiten reconstruir parcialmente ese entorno y entre los vinculados al caso figuran el de presidentes estadounidenses como Bill Clinton, Donald Trump y miembros de la realeza como el príncipe Andrés de Inglaterra, además de políticos como el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y el ex primer ministro de Israel Ehud Barak, así como figuras empresariales y tecnológicas como Bill Gates, Elon Musk, Howard Lutnick o Steve Bannon.
¿Israel podría ser un refugio para acusados de pedofilia?
Las deficiencias judiciales de Estados Unido, que quedaron en evidencia en el caso del pederasta Epstein, dejan la puerta abierta a preguntarse si existen otros «paraísos» legales o refugios para este tipo de criminales.
Dicha pregunta cobra particular interés al analizar el caso de Israel, un país que combina una ley de inmigración excepcional —la Ley del Retorno— con complejidades en sus procesos de extradición y zonas donde el control estatal opera bajo lógicas particulares.
El debate sobre si Israel puede convertirse en un refugio para acusados de pedofilia no es una especulación, sino un asunto que ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos, investigaciones periodísticas y casos de alto perfil judicial. Sus deficiencias estructurales con relación al el sistema jurídico, particularmente en la persecución de delitos sexuales contra menores, han sido señaladas como un caldo de cultivo para la impunidad.
Un análisis de Lidija Misic para la ONG internacional, Humanium enfocada en la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos de los niños, planteó que “las deficiencias en el sistema jurídico israelí, sobre todo las relacionadas con la pedofilia, revelan problemas de justicia y rendición de cuentas profundamente arraigados que afectan a la sociedad”.
En ese entramado, la Ley del Retorno —que concede la ciudadanía automática a personas judías y sus familiares— ha operado como una puerta de entrada para fugitivos, mientras que los vacíos en los acuerdos de extradición y la existencia de asentamientos en Cisjordania con baja supervisión judicial han consolidado lo que algunos analistas denominan una “red de impunidad” paralela.
La Ley del Retorno como herramienta de fuga
Uno de los mecanismos más explotados por delincuentes sexuales estadounidenses ha sido la Ley del Retorno, que permite a cualquier persona judía establecerse en Israel y obtener la ciudadanía con requisitos mínimos. Aunque en teoría se revisan los antecedentes penales, la práctica ha demostrado que existen múltiples formas de eludir estos controles. Con base en la investigación del periodista Paul Walker, realizada en 2016, Misic señala que muchos norteamericanos acusados de pedofilia han huido a Israel precisamente para beneficiarse de esta ley, aprovechando que “a pesar de que se controlan los antecedentes penales, los delincuentes pueden eludir estos requerimientos de diversas formas, lo que les permite escapar a la justicia”.
La magnitud del fenómeno ha sido rastreada por organizaciones especializadas. La Jewish Community Watch (JCW), una entidad con sede en Estados Unidos que persigue a abusadores que han huido a Israel, ha documentado desde 2014 un número creciente de casos.
Según datos citados por Ian Lee en 2020 en un reportaje para la cadena CBS, “más de 60 sospechosos han huido de Estados Unidos a Israel”, aunque la propia organización reconoce que “la cifra real es mayor debido a que los recursos son limitados”. Estas cifras se complementan con estimaciones aún más alarmantes de la Asociación Matzof, que investiga la pedofilia en Israel, en su análisis Misic planteó que la organización calcula que “decenas de miles de delincuentes actúan cada año, lo que afecta a unas 100 000 víctimas anualmente”. Solo en julio de 2020, según un artículo de Celia Jean para The Jerusalem Post, se registraron 22 casos de pedofilia en los medios de comunicación israelíes.
Frente a este panorama, Israel ha suscrito instrumentos internacionales de protección infantil, pero su implementación ha sido insuficiente. El 14 de noviembre de 2001 firmó el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta, la Prostitución y la Pornografía Infantil el 14 de noviembre de 2001, y lo ratificó el 23 de julio de 2008.
Como señaló la organización Humanium, este es “uno de los tres Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que Israel ratificó en 1991, destinados a proteger a todos los niños, incluidos los del Territorio Palestino Ocupado (OPT), de la explotación y el abuso”. Sin embargo, este análisis realizado por Lidija Misic advierte que “a pesar de que se han dado algunos pasos, se necesitan, con urgencia, medidas adicionales dirigidas a salvaguardar a los más pequeños”.
Casos emblemáticos: Malka Leifer y la obstrucción institucional
Entre los casos que mejor ilustran las fallas del sistema israelí para procesar extradiciones y perseguir delitos sexuales se encuentra el de Malka Leifer, exdirectora de una escuela judía religiosa en Melbourne, Australia. Leifer huyó a Israel en 2008 después de que más de 70 estudiantes la denunciaran por abuso sexual. Lo que siguió fue una batalla legal que duró siete años, durante los cuales Leifer evitó ser entregada a Australia alegando problemas de salud mental. Lo más grave, según las investigaciones, no fue la defensa de la acusada, sino la complicidad de sectores del propio Estado israelí.
El caso, analizado en profundidad por Joanna Mendelssohn en 2024 para The Conversation, pone en evidencia la forma en la que distintas personalidades médicas, jurídicas y políticas de Israel trabajaron para evitar la extradición de Leifer.
Al respecto, Lidija Misic señala que de acuerdo con las pesquisas, “se falsificaron informes médicos y el Ministerio de Sanidad israelí participó en la obstrucción del proceso, protegiendo a Leifer de la justicia”.
La impunidad parecía garantizada hasta que investigadores privados lograron infiltrarse en la pequeña comunidad israelí donde residía Leifer. Según el reporte de Kristian Silva de 2023 para la cadena estadounidense ABC, “los investigadores usaron más de 200 horas de videovigilancia encubierta para rebatir las alegaciones de incapacidad mental de Leifer; las grabaciones mostraban su participación en actividades diarias y desmentían su defensa”. Estas pruebas condujeron a su nuevo arresto y, finalmente, a su extradición a Australia en 2021.
El caso Leifer no es aislado. La lista de fugitivos de alto perfil que han encontrado refugio en Israel incluye también a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de México, buscado por su participación en la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y por denuncias de tortura.
En su artículo para Humanium, Misic recuerda que Zerón huyó a Israel en 2019 y desde entonces ha residido sim problemas en Tel Aviv y que es poco probable que Israel lo extradite, debido a los «errores procesales y el apoyo de México a las investigaciones de la ONU sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel», como advirtió Ash Obel en 2023.
Otro caso mediático es el del cineasta Bryan Singer, director de las películas de X-Men, quien enfrenta múltiples denuncias por agresión sexual a menores. Aunque Singer niega los cargos, su residencia en Israel y sus planes de desarrollar proyectos cinematográficos en el país han reavivado las críticas.
Como señaló el diario The Times of Israel (2023), “Singer disfruta de las condiciones favorables que Israel ofrece a los inmigrantes judíos”, y sus nuevos proyectos “sugieren que podría librarse de cualquier consecuencia legal”.
Cisjordania: una zona gris para la justicia
Un capítulo particularmente oscuro en esta geografía de la impunidad es el de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Más de 700.000 colonos residen en esta zona, ocupando territorio palestino en 150 asentamientos financiados por el gobierno, que el derecho internacional considera ilegales.
Según un reporte de la cadena Al Jazeera (2023) “los fondos del gobierno también llegan hasta los puestos fronterizos no autorizados, permitiendo que delincuentes convictos vivan sin apenas interferencias por parte de las autoridades”. Esta falta de supervisión ha convertido a estos asentamientos en un espacio de refugio para acusados de delitos sexuales.
En la misma línea, The Jewish Independent documentó en 2024 que “muchos delincuentes sexuales, entre ellos Malka Leifer, se refugian en asentamientos ultraortodoxos de Cisjordania”.
La tendencia es tan marcada que tammbién The Times of Israel advirtió en 2023 que los asentamientos de Cisjordania han sido centro de un prolongado escrutinio tras graves acusaciones de abuso sexual infantil, que incluyen violaciones y pornografía infantil. El medio señaló que estos casos, “que se caracterizan por una gran explotación en línea y agresiones en persona, revelan una tendencia preocupante, ya que desde hace tiempo se sabe que los asentamientos albergan a individuos acusados de delitos sexuales”.
Uno de los casos más extremos es el de Uriah Assis, un colono judío acusado de delitos sexuales contra 105 víctimas, en su mayoría menores de edad. Según publicó The Palestine Chronicle en 2019, Assis enfrenta “cargos por violación, sodomía y acoso sexual, así como de posesión y producción de material obsceno”. Para cometer los abusos habría empleado una serie de seudónimos para poder captar y explotar a adolescentes y mujeres” en un entramado que se extendió durante años sin que las autoridades lo detuvieran.
Fallas persistentes avalan la impunidad en Israel
El aumento en la visibilidad de estos casos ha llevado a ciertos avances institucionales en Israel. Entre 1997 y 2009, el número de delincuentes sexual os en prisiones aumentó de 350 a 1.300, lo que refleja, según advirtió el psiquiatra Moshe Birger een 2011, “una mayor concienciación tanto de la ciudadanía como de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
En respuesta, el Parlamento israelí aprobó en 2006 una ley destinada a proteger a la comunidad frente a estos delincuentes. Dicha norma, de acuerdo con el mismo estudio, “evalúa el riesgo e impone medidas de supervisión conforme al nivel de peligrosidad del delincuente”.
Sin embargo, la implementación ha sido problemática. Un informe elaborado por el Middle East Monitor en 2022 reveló datos inquietantes: “un tercio de los presos condenados por delitos sexuales se hayan negado a participar en los programas de rehabilitación obligatorios” y “el 75 % de ellos hayan sido puestos en libertad anticipadamente, sin haber cumplido toda la condena”.
Aún más grave, alrededor del 90 % de los casos de delitos sexuales que involucraban a oficiales del ejército israelí se abrieron inicialmente, pero posteriormente fueron cerrados sin cargos. Estas cifras apuntan a una justicia que, en numerosas ocasiones, opera con un doble rasero y con filtros que protegen a ciertos sectores.
En un artículo para The Jerusalem Post en 2011, Dan Izenberg, planteó s la urgencia de reformas profundas, enmtrelas cuales figuran “una legislación específica para combatir la pedofilia, así como aumentar la protección en línea frente a la explotación y mejorar los sistemas de rehabilitación de los delincuentes”.
Con base en esta publicación, Lidija Misic indicó que es fundamental «que se apliquen sentencias más estrictas para los pedófilos menores de edad, la participación de los familiares de la víctima en las restricciones posteriores al cumplimiento de la condena y la aceleración de las reformas legislativas».
Epstein no es un caso aislado
Más que ofrecer una conclusión definitiva, el análisis del caso Epstein y su proyección en el contexto israelí abre una reflexión sobre las redes de impunidad internacional que permiten que delitos sexuales contra menores queden sin castigo. La experiencia demuestra que no se trata solo de vacíos legales aislados, sino de una combinación de factores: leyes migratorias que priorizan la identidad religiosa sobre los antecedentes penales, sistemas de extradición que pueden ser obstruidos por intereses políticos o burocráticos, y territorios que son vistos como zonas grises para la justicia.
En opinión de Misic, para lograr proteger a los niños israelíes y palestinos, resulta imperativo que Israel fortalezca la cooperación internacional en materia de extradición, aplicando controles de antecedentes más rigurosos y, sobre todo, impidiendo que quienes han sido acusados de delitos sexuales encuentren refugio en asentamientos que el derecho internacional considera ilegales.
Como subraya en su informe para Humanium, “estas medidas son esenciales para prevenir la reincidencia y garantizar la rendición de cuentas”.
Ante la pregunta de si Israel es o no un refugio para acusados de pedofilia, hechos documentados —desde los más de 60 fugitivos rastreados por la Jewish Community Watch hasta la protección institucional que permitió a Malka Leifer evadir la justicia durante siete años— dibujan un mapa de debilidades sistémicas que, si no se corrigen, seguirán siendo explotadas por quienes buscan escapar de la justicia.
El caso de Epstein, no se limita al de un depredador que actuó en solitario, sino abarca una red de poder que se alimenta de las fracturas de los sistemas judiciales nacionales y de la falta de voluntad política para cerrarlas.
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