SEÑOR DIRECTOR:
El plan de reconstrucción nacional acierta al poner el foco en la certeza jurídica como condición para reactivar la inversión. Medidas como la reducción de plazos de invalidación y los mecanismos de resguardo frente a decisiones judiciales apuntan en esa dirección. Sin embargo, su eficacia depende de un aspecto menos visible; la calidad de la institucionalidad que produce esos permisos.
En el ámbito patrimonial —particularmente en el Consejo de Monumentos Nacionales— la incertidumbre no proviene solo de los tiempos desconocidos, sino de la fragmentación de competencias, la dispersión de criterios y la falta de estándares técnicos consistentes. Con todo, acortar plazos sin mejorar la estructura de decisiones puede intensificar la conflictividad.
El patrimonio es un caso elocuente. La superposición de atribuciones y el carácter extensivo de las instancias colegiadas generan retrasos que no fortalecen la protección, la debilitan: proyectos detenidos, bienes que se deterioran y actores operando sin un horizonte claro.
Si el plan busca efectivamente reconstruir —y no solo reactivar—, debiera incorporar una modernización institucional más profunda: silencio administrativo positivo, avisos previos y ventanillas únicas especializadas, junto con protocolos técnicos homogéneos que orienten la decisión pública.
La certeza no se logra únicamente reduciendo plazos. Se construye con reglas claras, decisiones coherentes y un Estado capaz de actuar con oportunidad.
Carlos Maillet Aránguiz
Director de la Carrera de Arte y Conservación del Patrimonio USS
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