Cifra errónea del gobierno amenaza con entrampar proyecto pesquero y desata presión por renuncias en Economía

Cifra errónea del gobierno amenaza con entrampar proyecto pesquero y desata presión por renuncias en Economía

Una crisis inesperada se desató temprano en la mañana de este viernes. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconocía que la información entregada el miércoles por el gobierno para la votación del fraccionamiento de la merluza en el proyecto pesquero que tramita la comisión mixta, contenía un dato equivocado, tal y como acusó la empresa Pacific Blu en entrevista con Pulso, la que ha anunciado su cierre a partir de 2026 por la inviabilidad de seguir operando bajo las que serían las nuevas condiciones que impone la iniciativa.

“Hubo una sesión en particular, donde un dato que se presentó efectivamente fue incorrecto. Y que básicamente ese dato apuntaba que el sector industrial, en el caso de la merluza, estaba lejos de sacar toda la cuota que tenía. Eso no es así, efectivamente saca la cuota que tenía”, dijo Grau en entrevista con Radio ADN.

Según la legislación actual, la industria cuenta con el 60% del recurso. Y pese a que el Ejecutivo buscaba destinar un 57%, fueron los datos presentados por el subsecretario de Pesca, Julio Salas -que indicaban que el sector había supuestamente consumido el 61% de su cuota en 2024, y no el 93% que reflejan los datos oficiales de Sernapesca-, los que motivaron, especialmente a los diputados, a otorgar una cuota mayoritaria al sector artesanal.

Esto llevó a que en la comisión mixta se terminara aprobando una cuota de un 52% y un 48% a cada uno, en favor de los artesanales.

Las críticas políticas no se dejaron esperar. El primero en arremeter contra el gobierno fue un parlamentario oficialista, el PS Gastón Saavedra, senador por el Biobío, zona directamente afectada tras el anuncio del cierre de operaciones de Pacific Blu. El senador calificó como inaceptable la falta de prolijidad y el impacto que este error puede tener en los trabajadores del sector pesquero, solicitando la renuncia tanto del ministro Nicolás Grau como del subsecretario de Pesca, Julio Salas. “Ambos deben irse, ambos debieran renunciar, debieran poner a disposición el cargo”, afirmó.

Otro oficialista se sumó: el senador Fidel Espinoza, también PS y presidente de la comisión mixta que revisa el proyecto, quien anunció que citarán a Grau por los errores y advirtió: “Debe dar explicaciones o no seguiremos tramitando el proyecto”. “El ministro Grau tuvo una ausencia absoluta durante todos los meses que discutimos esta ley. No participó en ninguna de las sesiones de la Comisión de Pesca del Senado que presidí. Fue irresponsable, negligente y hoy es el principal causante de los problemas que esta situación está generando”, aseguró el senador.

Chile Vamos se sumó a los reparos transversales, y pidió “la remoción inmediata del subsecretario de Pesca, Julio Salas, y la suspensión de la tramitación de la ley de fraccionamiento pesquero hasta no contar con cifras fidedignas y reales”.

Al interior del gobierno el diagnóstico no es favorable. El error de Salas, plantean en Palacio, termina por enlodar la gestión de Grau, quien ha liderado el trabajo junto al sector privado en el denominado Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, y genera que sea el ministro de Economía quien termine pagando los costos políticos. En la misma línea hay quienes temen que, por culpa de su subsecretario -compañero de militancia-, el secretario de Estado termine expuesto a una acusación constitucional en su contra.

Salas es una de las autoridades que ha acompañado a Boric desde que comenzó su Presidencia. En ese sentido, aunque las mismas fuentes dicen que lo mejor sería remover al subsecretario, recalcan que es una decisión exclusiva del Mandatario. Ambos nombres, en todo caso, por ahora siguen firmes y Grau respalda a su subsecretario.

La propuesta del gobierno

Desde el gobierno, dada la arremetida de la oposición y también de algunos parlamentarios del oficialismo, optaron por salir a contener el problema. Y por lo mismo, el titular de Economía fue quien señaló que le harán una propuesta a la comisión mixta para repetir esa votación, para que los parlamentarios puedan legislar con la información correcta.

“Se puede. Es una decisión de los parlamentarios. Nuestra visión, por lo menos por ahora, es que podría ser una buena idea repetir la votación”, declaró Grau durante la tarde en La Moneda, antes de ingresar al Ministerio del Interior.

Desde el gobierno sostienen que “en la medida que se repita la votación, las consecuencias de esa votación desaparecen, ya que se podrá tomar una decisión con los datos correctos”. En el Ejecutivo existe un diagnóstico de que “ese error no empaña todo el trabajo que se ha realizado en la tramitación de esta ley”.

Otra cosa que resaltan en el Ejecutivo es que el proyecto se ha aprobado por amplia mayoría. “El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados con 111 votos a favor, y posteriormente en la Sala del Senado con 40 votos a favor y uno en contra. Su apoyo transversal da cuenta del diálogo amplio y la transparencia de su tramitación”, planteó en una declaración la Subsecretaría de Pesca.

En ese mismo comunicado mencionan que “se ha cuestionado particularmente un dato referido al consumo de la cuota industrial de merluza en 2024. Este dato fue parte de los antecedentes entregados en septiembre de 2024, momento en que se inició la tramitación del proyecto. La cifra correspondía al nivel de captura a esa fecha, y no corresponde al total anual de 2024. Por tanto, el cuadro presentado en esa sesión del miércoles 7 de mayo se encontraba desactualizado”.

Comisión no tendría unanimidad

Pero un punto clave para resolver el problema pasa por la unanimidad de los integrantes de la comisión mixta, requisito necesario para reabrir un capítulo del proyecto que ya se encuentra zanjado. Y esa condición no se estaría alcanzando. Este medio contactó a 7 de los 10 parlamentarios que componen la instancia, y al menos dos no están dispuestos a volver a votar. Ambos son del oficialismo.

“Más allá de que exista un error en la cifra entregada en una de las presentaciones realizadas por la Subsecretaría, la decisión se tomó en base a otros elementos entregados en la discusión”, planteó el diputado Matías Ramírez (PC).

“Vemos un aprovechamiento político para intentar reabrir el debate que no lo vamos a permitir en relación al fraccionamiento de la merluza, porque quienes sí suscribimos el acuerdo fijamos como criterio garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso industrial”, dijo a su turno el diputado Jorge Brito (FA).

Menos explícito, pero aún lejano a la idea, se mostró el senador Daniel Núñez (PC). “La derecha se escandaliza por un dato erróneo de captura de la merluza el 2024 en la comisión mixta de fraccionamiento. Pero guarda silencio cómplice cuando Corpesca coimeó con $ 200 millones a Orpis e Isasi para que votaran a favor de la industria en la corrupta ley Longueira”, respondió.

En tanto, el senador Fidel Espinoza enfatizó que el proyecto no seguirá con su tramitación “si el gobierno no presenta sus fundamentaciones de lo grave que está ocurriendo con la información falsa”. “No vamos a aceptar que el gobierno se burle de los parlamentarios y después Grau pretenda responsabilizarnos. Es un inepto, negligente e irresponsable”, indicó.

En tanto, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) fue más allá y llamó a que el gobierno declare “la nulidad de este trámite”. “El gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que este trámite se está haciendo con transparencia, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Bueno, esto da cuenta de que no hay transparencia y por eso este trámite y lo aprobado en la comisión mixta debe declararse nulo”, dijo.

Sin embargo, para el resto de los parlamentarios opositores, volver a votar el fraccionamiento de la merluza se hace necesario.

“Evidentemente que es una situación que debe ser corregida desde todo punto de vista”, planteó el senador David Sandoval (UDI), remarcando que “no tengo ningún inconveniente en darle la unanimidad, pero que lo hagan todos, porque evidentemente si alguien se opone, hasta ahí llega el problema y esto hay que resolverlo de alguna manera”.

El senador Alejandro Kusanovic (Independiente, pro RN), manifestó que “si se cometieron errores o fue intencional la entrega de información falsa a la Comisión de Pesca, poco importa a estas alturas. Eso se resolverá en la discusión política. Lo importante ahora es cómo solucionamos este problema y cuál será la salida para revertir el perjuicio a la industria de la merluza, a sus trabajadores y al país. Paremos el cantinfleo”.

A su turno, el diputado Leonidas Romero (PNL), dijo estar disponible “para darle una unanimidad, pero para ver única y exclusivamente el tema de la merluza”, y agregó que “yo espero que se proponga un porcentaje lo más razonable posible, pero acordado con las partes”.

Pacific Blu destaca reconocimiento de Grau y pide reabrir votación por cuota de la merluza

PacificBlu destacó al ministro de Economía, Nicolás Grau, por reconocer la entrega de antecedentes errados durante la última sesión de la comisión mixta que discutió el fraccionamiento de la pesquería de la merluza común. Ello, tras sostener este viernes una reunión, solicitada por el secretario de Estado.

El gerente general de la empresa, Marcel Moenne, subrayó que “como lo advertimos oportunamente, dichos datos erróneos fueron significativos en la toma de decisión por parte de los parlamentarios, afectando gravemente la calidad del debate y derivando en una votación que no se ajustó a la realidad técnica y productiva del sector”.

Además, Moenne mostró su esperanza de que se reabra la discusión legislativa y permitir una nueva votación. “Creemos firmemente que los parlamentarios deben legislar y votar sobre la base de datos reales, y que el país merece una política pública fundada en evidencia, que considere tanto los impactos sociales como económicos”, afirmó.

Finalmente, desde la empresa destacaron que durante su encuentro con Grau se entregaron los antecedentes técnicos que justifican la decisión de cierre de sus operaciones, anunciada tras la votación del fraccionamiento. En ese sentido, Moenne sostuvo que “reiteramos que dicha determinación fue adoptada con responsabilidad y ante la imposibilidad de mantener una operación sustentable bajo el fraccionamiento aprobado”.

Sin embargo, en la firma miran con expectación una posible distribución del recurso pesquero en línea con lo que proponía originalmente el Ejecutivo, que entregaba un 57% al sector industrial y un 43% al artesanal.

“Nos dolía aceptar el 57%, pero estábamos dispuestos a seguir pedaleando, como se dice en chileno, y no tener que cerrar la compañía”, reconoció Moenne, en conversación previa con Pulso, este jueves.