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Comunidades indígenas de Los Lagos analizan recurrir a órganos internacionales si las instancias nacionales, como el Tribunal Constitucional, no protegen la continuidad de la Ley Lafkenche tal como está.

La información aparece este martes en El Mercurio, que también consigna que se trata de la Ley 20.249, formulada con la finalidad de preservar modos de vida ancestrales de los pueblos originarios con el mar y el borde costero.

Pero las solicitudes de los llamados Espacios Costeros Marinos para los Pueblos Originarios (Ecmpo), que han ascendido incluso a cientos de miles de hectáreas, como ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén, han generado enorme presión de distintos sectores. Esto para modificar la norma que, en la práctica, provoca un freno a cualquier tipo de actividad. Esto, porque las acciones quedan congeladas en la zona afecta a la solicitud mientras esté en tramitación.

Modificaciones a una moción en el Senado

El nuevo subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, quien planteó que “hay un diagnóstico más o menos claro de cuáles son los problemas de la ley”. Confirmó de paso que se presentarán modificaciones a una moción en el Senado ingresada por el senador Fidel Espinoza (PS).

De hecho, Urrutia se refirió al “congelamiento” de iniciativas como “un error de diseño, o más bien, que se ha prestado para abuso”.

Pero ese cambio es rechazado por comunidades, que adelantan que buscarán apoyo internacional para impedirlo.

“Eso es efectivo. Nosotros ya hemos recurrido a otras agencias internacionales, principalmente por nuestra comunidad (12 familias) acá en Pargua”, afirmó Francisco Vera, werken (vocero) de la comunidad mapuche huilliche de la zona.

Vera indicó que el problema no es la ley, sino la forma en que se aplica. Y los intereses de por medio, graficándolo con el caso de su comunidad, que lleva más de una década tramitando el reconocimiento de un espacio de 190 hectáreas.

“No estaba previsto que comunidades tan pequeñas solicitaran proporciones tan amplias del mar, hay una desproporcionalidad que corregir”, planteó el subsecretario. Mientras que el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, afirma que las comunidades tienen derecho a hacer sus solicitudes, pero hay un bien superior que es el bienestar, el desarrollo público y privado, de todos los ciudadanos.

“Modificarla es una urgencia para facilitar la inversión, que haya certeza jurídica. Lo que importa es que las solicitudes sean razonables (…), que sean prudentes, que no afecten el entorno, que no paralicen actividades”, acotó la autoridad regional.

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