La Contraloría General de la República (CGR) detectó que los establecimientos educacionales que presentaron mayor cantidad de denuncias no fueron fiscalizados por la Superintendencia de Educación.
Según consignó T13, esto en el marco del programa de “Convivencia y Salud Mental”, relacionado con el fenómeno de violencia escolar. Esto fue detectado por el organismo en el informe N°660 de 2025.
La investigación verificó las acciones que desarrollaron la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas que imponen “deberes relacionados con la buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales“.
La indagatoria detectó que entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se recibieron 35.410 denuncias por violencia escolar en el país. Esto a través de distintos medios.
De ese total, sólo 1.727 fueron materia de fiscalización por parte de ese organismo.
Denuncias por violencia no han provocado una disminución de ese fenómeno
Se detectó también que las denuncias por violencia no han provocado una disminución de ese fenómeno. Sino que por el contrario. Promueven que “siga siendo en nuestro país de las principales problemáticas que enfrenta la educación escolar pública”, consignó el medio citado.
En el informe también se analizó la reubicación de los estudiantes de colegios emblemáticos que hayan sido sancionados con la cancelación de la matrícula o la expulsión.
Se detectó que 38 alumnos que fueron sancionados, fueron reubicados o cuentan con matrícula actual en algún otro colegio emblemático, sin que se haya realizado la reubicación como lo establece la legislación vigente.
La auditoría analizó la situación del Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, ubicados en Santiago y Providencia.
El informe detectó que del 21% de los alumnos sancionados se reincorporaron al mismo establecimiento que los expulsó o se canceló la matrícula. En esos casos, los directores “no hicieron uso de la facultad de oponerse”.
El 79% restante se incorporó a otro establecimiento emblemático “situados entre aquellos con más problema de violencia”.
“Por ello, la Contraloría ordenó a la Superintendencia de Educación y Subsecretaría de Educación adoptar coordinadamente las medidas pertinentes según correspondan. Lo mismo para que regulen el procedimiento y las facultades de los intervinientes en aquel, para la reubicación en nuevos establecimientos educacionales de aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, considerando en particular aquellas aplicadas con motivo de hechos vinculados con violencia”, cerraron.
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