Corrupción con receta: el escándalo de las licencias médicas falsas que sacude al Estado chileno

Corrupción con receta: el escándalo de las licencias médicas falsas que sacude al Estado chileno

Empleados públicos que estudiaron o pasearon por Europa con licencia, otros que extendieron comisiones de servicio para viajar, y funcionarios que llevan más de un año con licencia médica mientras reciben ingresos como trabajadores privados. Más de 100.000 funcionarios municipales no están siquiera registrados en el sistema nacional de control de personal (Siaper), a pesar de recibir sueldos del Estado. Según estimaciones del académico Mario Waissbluth, los casos en el ámbito privado podrían duplicar o triplicar la cifra oficial: entre 100 mil y 200 mil personas podrían estar usando licencias médicas para actividades personales o laborales incompatibles con el supuesto reposo. El abogado y activista por la probidad, Luis Mariano Rendón, interpuso una querella criminal por falsificación y uso malicioso de licencias médicas.

“Clarín”. Santiago. 27/5/2025. Un nuevo escándalo de corrupción ha explotado con fuerza en el aparato público chileno. Esta vez, no se trata de coimas ni sobreprecios, sino del uso masivo y fraudulento de licencias médicas para fines personales, como vacaciones en el extranjero o trabajos paralelos en el sector privado. Más de 25 mil funcionarios públicos han sido identificados viajando fuera del país mientras, oficialmente, se encontraban con licencia médica. Y todo apunta a que este es solo el comienzo.

La gravedad del caso llevó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a comparecer esta semana ante la Comisión de Salud del Senado, donde reveló detalles escalofriantes: empleados públicos que estudiaron o pasearon por Europa con licencia, otros que extendieron comisiones de servicio para viajar por continentes, y funcionarios que llevan más de un año con licencia médica mientras reciben ingresos paralelos como trabajadores privados.

“Este es un fraude a la fe pública de proporciones, y se ha sostenido en el tiempo gracias a la negligencia de los organismos de control interno”, sentenció Pérez ante los senadores. La contralora anunció que el Consolidado de Información Circularizada (CIC), que permitió detectar estas irregularidades, se extenderá ahora a los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas (Capredena) y Carabineros (Dipreca), ampliando la lupa sobre instituciones que históricamente han operado con bajo escrutinio público.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Hasta ahora, han debido renunciar autoridades ministeriales, alcaldes y asesores, entre ellos el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, el seremi del Deporte del Biobío, Cristian Cartes, y el alcalde republicano de Macul, Eduardo Espinoza. Todos acusados de haber utilizado licencias médicas para fines personales y vacacionales, sin justificación médica real.

El presidente Gabriel Boric fue tajante: “Cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas, tiene que haber sanciones drásticas. Muchos de ellos deben ser destituidos”.

La investigación también reveló que más de 100.000 funcionarios municipales no están siquiera registrados en el sistema nacional de control de personal (Siaper), a pesar de recibir sueldos del Estado. Un agujero negro en la administración pública que, sumado al uso fraudulento de licencias, deja en evidencia una estructura débil y permisiva.

Desde Hacienda, el ministro Mario Marcel advirtió que este fenómeno no se restringe al sector público. De hecho, según estimaciones del académico Mario Waissbluth, los casos en el ámbito privado podrían duplicar o triplicar la cifra oficial: entre 100 mil y 200 mil personas podrían estar usando licencias médicas para actividades personales o laborales incompatibles con el supuesto reposo.

El informe también desmiente una creencia instalada: las licencias psiquiátricas no autorizan viajes internacionales, salvo indicación médica explícita. Salir del país en esas condiciones, explicó Pérez, implica el incumplimiento de tratamientos y controles, y constituye igualmente una falta grave.

Este fraude sistémico, que ha socavado la confianza en el aparato estatal, obliga a una profunda revisión del sistema nacional de control, una red que, como reconoció la propia contralora, ha fallado por años. La Contraloría ha instruido incluso un sumario a la Superintendencia de Seguridad Social, entidad responsable de fiscalizar estas licencias, por su posible inacción.

Estamos frente a una forma moderna de corrupción: silenciosa, burocrática, y profundamente instalada en el tejido institucional. La indignación pública es legítima, pero la verdadera respuesta debe ser política: una reforma profunda del control del empleo público, sanciones ejemplares y un cambio cultural que reponga la ética del servicio por sobre el abuso del sistema.

Lo que hoy vemos es la punta de un iceberg, y su profundidad aún está por medirse.

Querella por licencias fraudulentas: “Debe marcarse un antes y un después”

El abogado ambientalista y activista por la probidad, Luis Mariano Rendón, interpuso una querella criminal por falsificación y uso malicioso de licencias médicas, dirigida contra los médicos, funcionarios públicos y otros eventuales responsables de un masivo fraude al sistema de salud y a los recursos fiscales.

La acción judicial, presentada ante los tribunales de justicia, se basa en el reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25.000 funcionarios del Estado viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, es decir, en supuesto reposo por motivos de salud.

El delito invocado está contemplado en el Artículo 509 del Código del Trabajo, en relación con el Artículo 202 del Código Penal, y contempla penas de reclusión y multas. Según Rendón, la situación configura un “fraude al fisco de proporciones” que no puede quedar impune.

“Este uso malicioso de las licencias es una estafa a todos los chilenos, de parte de personas que reciben un sueldo público mientras están divirtiéndose, todo gracias a médicos cómplices que les validan el fraude”, afirmó Rendón.

Licencias médicas: un derecho legítimo en riesgo

El abogado subrayó que esta práctica no solo afecta las arcas fiscales, sino que pone en tela de juicio un beneficio legítimo y necesario para quienes realmente enfrentan problemas de salud.

“Este fraude desprestigia un legítimo beneficio de las personas que realmente necesitan descanso médico y alimenta ideológicamente a aquellos que quieren destruir la necesaria acción estatal en función del bien común”, sostuvo.

En ese sentido, Rendón advirtió que tanto los médicos que emitieron licencias falsas como los funcionarios que las utilizaron para fines recreativos deben enfrentar consecuencias penales. A su juicio, este escándalo debiese marcar un “antes y un después” en el control del uso de licencias médicas.

¿Cómo procesar judicialmente a miles de involucrados?

Consultado por la complejidad de procesar penalmente a decenas de miles de personas, Rendón planteó que el Ministerio Público debe adoptar un modelo de investigación simplificado, aprovechando que los hechos están documentados por un informe oficial.

“El delito está prácticamente acreditado. Debiesen efectuarse formalizaciones masivas y luego usar el procedimiento abreviado para todos los que reconozcan responsabilidad. Lo que no puede ocurrir es que haya impunidad”, afirmó.

La querella de Rendón podría abrir un camino legal sin precedentes en materia de control de licencias médicas, un ámbito históricamente dejado en manos de la fiscalización administrativa. Con esta acción penal, el abogado busca sentar un precedente ejemplar que limite el uso indebido de recursos públicos.

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