La Corte de Apelaciones de Valparaíso paralizó los efectos del oficio emitido por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, mediante el cual se solicitaban al Ministerio de Salud (Minsal) datos sensibles de niños trans, en el marco de una fiscalización sobre el uso de recursos públicos.
La decisión se adoptó tras los recursos de protección presentados por las familias de dos menores, quienes sostienen que el requerimiento vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y desconoce estándares establecidos en tratados internacionales sobre derechos de la infancia.
Ambas acciones constitucionales serán revisadas de manera conjunta por el tribunal de alzada porteño. En ese contexto, la Contraloría solicitó una ampliación de plazo para evacuar el informe requerido por la Corte.
Según informó Informe Especial, esta sería la primera vez que una Corte de Apelaciones concede una orden de no innovar (ONI) respecto de un oficio emanado de la Contraloría General de la República. Esta medida cautelar suspende temporalmente los efectos del acto impugnado mientras se resuelve el fondo del recurso.
En la práctica, la ONI implica que, mientras esté vigente, la ministra de Salud no podrá ser objeto de eventuales sanciones administrativas —como multas o suspensión— por negarse a entregar la información solicitada, en caso de invocar fundamentos legales vinculados al interés superior de los menores de edad.
La resolución tiene carácter provisional y regirá hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de los recursos, lo que ocurrirá tras la respectiva vista de la causa. Una vez oídos los alegatos, la sala integrada por tres ministros podrá acoger o rechazar las acciones por mayoría.
Cualquiera sea el resultado, la contralora Pérez podrá recurrir ante la Corte Suprema, llevando el conflicto al máximo tribunal del país.
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