El Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció un conjunto de beneficios tributarios extraordinarios para contribuyentes cuyas propiedades resultaron afectadas por los incendios forestales registrados en enero de 2026 en la Región de Ñuble y en las comunas de Concepción, Penco y Tomé, en la Región del Biobío.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Exenta N°24 del SII —en coordinación con la Tesorería General de la República (TGR)— y contempla la postergación del pago del impuesto territorial correspondiente a 2026, además de la condonación total de intereses por mora y la posibilidad de suscribir convenios especiales de pago.
En concreto, las cuatro cuotas del impuesto territorial de 2026 podrán pagarse en los mismos plazos fijados para 2027. No obstante, los contribuyentes que lo deseen podrán realizar pagos voluntarios hasta el 31 de diciembre de 2026 sin perder el beneficio.
La resolución también establece la condonación del 100% de los intereses penales asociados a cuotas impagas o pagadas fuera de plazo, así como a las contribuciones devengadas entre abril y diciembre de 2026. Este beneficio se aplicará automáticamente a los inmuebles ubicados en las zonas declaradas como afectadas por catástrofe.
Adicionalmente, los contribuyentes podrán solicitar convenios especiales de pago, que incluirán planes ajustados a su capacidad económica y condonación total de intereses. Estos acuerdos, que pueden extenderse hasta 24 meses, serán otorgados exclusivamente por la Tesorería General de la República.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de revisar y rebajar el avalúo fiscal de propiedades que hayan sufrido una disminución significativa de su valor producto de los incendios. Esta medida busca ajustar la base imponible del impuesto territorial a la nueva realidad de los inmuebles dañados.
Para acceder a los convenios especiales o solicitar modificaciones de avalúo, los propietarios deberán presentar la solicitud ante oficinas del SII o de la TGR. La postergación de cuotas y la condonación de intereses, en cambio, se aplican de forma automática.
Las medidas se fundamentan en la declaración de zonas afectadas por catástrofe y en los decretos de estado de excepción dictados por el Ejecutivo tras los incendios, los cuales facultan a las autoridades tributarias para implementar alivios fiscales destinados a apoyar la recuperación de las familias y actividades económicas impactadas.
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