SEÑOR DIRECTOR:
Suele afirmarse que, una vez pagada la construcción de una autopista, el peaje debería desaparecer. Esta objeción confunde el pago al concesionario con la tarifa por utilizar un activo público.
El dueño de las autopistas es el Estado. Estas forman parte de una red vial cuyo costo de reposición integral puede estimarse en unos US$450.000 millones, financiada históricamente con los impuestos de todos, incluso de quienes no la utilizan.
Como monopolio natural, la red debería tarificarse mediante el modelo de la empresa eficiente: calcular cuánto costaría reproducirla hoy y determinar una tarifa que financie el costo anual equivalente de la inversión, su mantención y operación.
La construcción de una autopista es una cuestión diferente. El Estado puede licitarla, adjudicándola al concesionario que solicite el menor valor presente de ingresos. Mientras esté vigente el contrato, utilizará parte de las tarifas para pagarle. Terminado ese pago, cesa la obligación con el concesionario, pero el Estado debe continuar cobrando por los beneficios que la autopista entrega: ahorro de tiempo, seguridad y menor desgaste de los vehículos.
También corresponde un recargo en horas punta. Este no remunera la infraestructura, sino que corrige el costo que cada nuevo usuario impone a los demás al aumentar la congestión. Su recaudación pertenece al Estado.
Para evitar duplicidades, la tarifa de la autopista debe descontar lo ya pagado mediante el cobro universal por el uso de calles y caminos. Asimismo, los camiones deben pagar más de acuerdo con su carga por eje y el deterioro que provocan. Ese costo se incorpora al flete y finalmente al precio de los bienes transportados.
Una concesión que termina sólo indica que la obra fue pagada. No significa que el activo haya dejado de pertenecer al Estado, de prestar servicios valiosos o de generar costos. Terminar de pagar una autopista no es convertirla en gratuita.
Jorge Claro Mimica
Ingeniero civil y comercial UC
🔥 Ver noticia completa en LaTercera.com 🔥
