Diputado Luis Cuello, sobre decisión de aplicar Ley de Seguridad del Estado a estudiantes UACH: “El crimen organizado debe estar celebrando que la Ministra de Seguridad se dedique a perseguir estudiantes mientras aumentan los homicidios”

Un giro judicial y político ha tensionado el caso ocurrido en la Universidad Austral de Chile (UACh), luego de que el Gobierno decidiera invocar la Ley de Seguridad del Estado contra tres estudiantes formalizados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La decisión fue duramente cuestionada por el diputado Luis Cuello, quien calificó la medida como “absolutamente desproporcionada” y acusó al Ejecutivo de utilizar el caso como una “cortina de humo” frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

“Es absolutamente desproporcionado, una acción destemplada que la Ministra de Seguridad pretenda encarcelar a tres estudiantes y, además, invocar la Ley de Seguridad del Estado. No aceptaremos que se criminalice el movimiento estudiantil. Esta es una cortina de humo para ocultar el fracaso del Gobierno en su obligación de dar seguridad a los chilenos”, afirmó el parlamentario.

Consultado el abogado Mauricio Daza, éste señaló a El Ciudadano “La ley de seguridad interior del estado permite al gobierno de turno aumentar de forma exponencial las penas que se aplican a un caso concreto por sobre las que están establecidas en la ley común para determinados delitos. Como los supuestos para hacerlo se encuentran definidos de forma vaga y genérica, en la práctica se ha transformado en un instrumento de persecución política a través del sistema penal que es ejercido de forma arbitraria por quien gobierna, ya que solo puede ser aplicada si el Ministro del interior o el delegado presidencial presenta denuncia o querella invocándola para un caso concreto”.

El lunes, los tres estudiantes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, tras los hechos ocurridos el pasado 8 de abril en el campus Isla Teja. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad se abrió la puerta a una escalada judicial carente de sustento en atención a los hechos acontecidos.

¿Hubo secuestro? La definición técnica y el caso concreto

Desde el punto de vista jurídico, el delito de secuestro -regulado en el artículo 141 del Código Penal- exige un elemento central que es la privación ilegítima de libertad de una persona, sin derecho, con imposibilidad real de desplazamiento y generalmente con un propósito determinado.

En la querella presentada, se sostiene que la ministra habría sido retenida por más de dos horas en un contexto de violencia e intimidación, lo que -según los querellantes- configuraría este delito . Sin embargo, los propios antecedentes contenidos en la investigación y declaraciones oficiales relativizan esa interpretación.

De acuerdo con la declaración de la delegada presidencial de Los Ríos, la ministra no estuvo bajo control directo de sus agresores, sino resguardada en espacios interiores junto a autoridades policiales, mientras se evaluaban condiciones de seguridad para su salida . La propia autoridad regional logró abandonar el lugar en medio de condiciones similares, lo que evidencia que no existía una privación absoluta de libertad en los términos exigidos por el tipo penal.

Más aún, el rector de la UACh, Egon Montecinos, declaró que la decisión de mantener a la ministra al interior del recinto respondió precisamente a criterios de seguridad, ante la imposibilidad de garantizar una salida sin riesgos . Es decir, no se trató de una retención ejecutada por un grupo con control efectivo sobre la víctima, sino de una situación de crisis con movilidad restringida por el contexto.

Nueva querella: la tesis del “secuestro” y el intento de inculpar al rector

En paralelo, una querella criminal presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia busca consolidar la tesis de secuestro e incluso atribuir responsabilidad penal al rector de la universidad, Egon Montecinos, en calidad de autor, cómplice y encubridor .

La acción ha sido presentada por Diana Maritza Encarnación Silva Aguillón, periodista que habría dado un salto cuántico en su definiciones políticas, pasando de ser pro Frente Amplio, a apoyar la candidatura presidencial de Johannes Kaiser.

El documento sostiene que la autoridad universitaria habría tenido conocimiento previo de posibles manifestaciones, no habría adoptado medidas de seguridad suficientes y, posteriormente, habría contribuido a prolongar la supuesta retención mediante negociaciones con estudiantes. Incluso se argumenta que su declaración ante el Senado habría desviado la investigación.

Sin embargo, esta línea argumental presenta serias inconsistencias frente a los propios antecedentes del caso. Según la declaración de la delegada presidencial, Vicky Carrasco Silva, la estrategia de no intervención inmediata de Carabineros fue una decisión compartida por autoridades presentes, bajo la lógica de evitar una escalada mayor del conflicto (“apagar el fuego con bencina”) .

La delegada declaró ante la BIPE que supo por redes sociales, aproximadamente una semana antes, que la ministra Lincolao visitaría la Universidad Austral.

A su vez, la Delegada declaró que el prefecto Cea se mantenía en contacto con el General de Carabineros, quien no había asistido a la reunión. El general señaló que había funcionarios desplegados en las inmediaciones, pero que no harían ingreso “ya que eso era apagar el fuego con bencina”. Ante eso, según la declaración de Carrasco, el jefe de la PDI exclamó que “se haría un procedimiento para sacarnos a las dos”.

Los hechos muestran que el rector no sólo no participó en una supuesta privación de libertad, sino que intentó facilitar la salida de la ministra, gestionando diálogos con los estudiantes y coordinando alternativas de evacuación. La tesis de imputarlo por secuestro -incluso bajo la figura de omisión- aparece, en este contexto, como jurídicamente forzada y difícil de sostener.

Consultado un abogado de la plaza por El Ciudadano, este señaló “Desde un punto de vista estrictamente penal, la querella presenta una falla estructural pues intenta calificar como secuestro una situación que, según los propios antecedentes, corresponde a un contexto de riesgo y desorden, no a una privación ilegítima de libertad en los términos que exige el tipo penal. La ministra no estaba bajo el control de captores, sino resguardada por personal de la PDI, Armada y personal institucional de la misma Universidad Austral, evaluando condiciones seguras de salida. Incluso la propia delegada presidencial logró abandonar el lugar en circunstancias similares, lo que contradice la idea de una privación absoluta de libertad. En derecho penal, esa diferencia es crucial ya que sin dominio efectivo sobre la víctima, no hay secuestro, por más grave o reprochable que haya sido el episodio.”

“Además, la imputación al rector incurre en una sobreextensión jurídica difícil de sostener. Se le atribuye simultáneamente la calidad de autor, cómplice y encubridor, sobre la base de una supuesta omisión -no haber activado a Carabineros- que ni siquiera aparece como causal directa del resultado, considerando que otras autoridades también descartaron esa vía. A eso se suma una contradicción evidente pues la propia querella reconoce instancias de diálogo e incluso una reunión en términos cordiales, lo que es incompatible con la lógica de un secuestro” apuntó el letrado.

Una escalada política y judicial

El caso ha ido mutando desde un episodio de protesta con agresión -condenable y ya judicializado- hacia una controversia mayor sobre el uso de herramientas penales excepcionales con fines políticos.

Consultado por El Ciudadano, el diputado Luis Cuello, fue tajante “El crimen organizado debe estar celebrando que la Ministra de Seguridad se dedique a perseguir estudiantes mientras aumentan los homicidios”, señaló, apuntando directamente a las prioridades del Ejecutivo.

Ello en un contexto, y cifras del Ministerio Público publicadas por El País, que dan cuenta de que desde que partió el nuevo gobierno –el pasado 11 de marzo– hasta este lunes 6 de abril, se han registrado 26 homicidios e intentos de homicidio (15 consumados y 11 frustrados). El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía informó que en 2025, bajo la administración de Gabriel Boric y en el mismo periodo, hubo 19 homicidios e intentos de homicidio (16 consumados y tres frustrados). El alza en este tipo de delito fue de 36,8% durante el gobierno de Kast.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad insiste en endurecer la persecución penal, contra una estudiante que lanzó agua, otro que golpeó a mano abierta el vidrio del vehículo y otro que lanzó su mochila contra el auto, en un escenario donde la frontera entre orden público, protesta social y criminalización del movimiento estudiantil vuelve a instalarse en el centro del debate.

Pero el asunto es más grave de lo que parece, pues lo que está también en juego no es solo la calificación jurídica del hecho puntual, sino el precedente que puede dejar, pues si una situación de desorden y violencia en un campus universitario en demanda de sus derechos estudiantiles puede ser reinterpretada como secuestro y amenaza a la seguridad del Estado, las implicancias políticas y judiciales podrían extenderse mucho más allá de este caso y al parecer es lo que persigue un gobierno desbordado por sus desaciertos que poco a poco hace subir la temperatura del descontento social.

El Ciudadano

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