El Gobierno de Estados Unidos ordenó a sus embajadas en países del hemisferio occidental centrar su labor de monitoreo y reporte en delitos y abusos a los derechos humanos presuntamente vinculados a la migración masiva. La instrucción fue difundida por el Departamento de Estado, que sostiene que el incremento de los flujos migratorios representa un riesgo para ciudadanos estadounidenses, una amenaza para la seguridad económica de los trabajadores y una sobrecarga para el sistema de asilo.

Según la orientación oficial, Washington insta a los gobiernos de la región a reforzar el control de sus fronteras y a “proteger a sus ciudadanos” frente a situaciones que considere asociadas a la migración irregular, al tiempo que manifestó disposición a cooperar con otros países para enfrentar lo que define como una crisis global.

La medida se enmarca en la línea de endurecimiento impulsada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato. El mandatario ha reiterado que suspenderá de forma permanente la migración desde países del llamado “tercer mundo” y ha prometido deportaciones masivas de extranjeros que, según su gobierno, representen una carga pública, un riesgo para la seguridad o sean “incompatibles con la civilización occidental”.

Desde enero, la administración estadounidense ha intensificado operativos y deportaciones de personas acusadas de ingresar de manera irregular o de estar vinculadas a actividades delictuales, incluyendo a integrantes de bandas criminales como el grupo venezolano Tren de Aragua. La nueva instrucción a las embajadas se suma así a una estrategia más amplia de presión regional y restricción migratoria.