Ejército Nacional está en jaque por corrupción: 14 funcionarios enfrentan graves acusaciones por contratar a falsa anestesióloga

Ejército Nacional está en jaque por corrupción: 14 funcionarios enfrentan graves acusaciones por contratar a falsa anestesióloga

Daisy Carolina Sosa, que actualmente ocupa el cargo de jefa de la sala de cirugías del Hospital Universitario de Santander, realizó procedimientos quirúrgicos sin contar con la experiencia ni los permisos requeridos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a 14 personas, entre ellas militares en servicio activo y retirados, por su presunta participación en un esquema que permitió a una falsa especialista en salud obtener contratos en anestesiología y realizar procedimientos quirúrgicos en el Dispensario Médico del Ejército en Bucaramanga, Santander.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2022, lo que puso en riesgo la vida de los pacientes atendidos en estas instalaciones.

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Según la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la Dijín, se identificaron múltiples irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos para la prestación de servicios médicos especializados. Entre los hallazgos más graves, se descubrió que la mayor retirada Daisy Carolina Sosa, que actualmente ocupa el cargo de jefa de la sala de cirugías del Hospital Universitario de Santander, realizó procedimientos quirúrgicos sin contar con la experiencia necesaria ni los permisos requeridos. Para acceder a estos contratos, Sosa habría presentado un diploma falso, lo que fue facilitado por funcionarios que, presuntamente, certificaron de manera irregular su idoneidad profesional.

Entre los imputados hay altos mandos militares que desempeñaron roles clave en el dispensario médico. Entre ellos se encuentran la coronel retirada Jenny Paola Figueroa y la teniente coronel retirada Eddy Piedad González, que ocuparon el cargo de directoras del dispensario en distintos periodos.

También fueron señalados la teniente coronel Claudia Ramírez, los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Edgar Alfredo Martínez, así como los mayores activos Belisario Zea y Carlos Iván Ceballos, y los mayores retirados Jaime Alberto López y Óscar Humberto Silva, que tenían funciones relacionadas con la ordenación del gasto.

Además, la investigación vinculó a los sargentos Julieth Pauline Rojas, Carlos Javier García, Francisco Javier Rosso y Wilson Morales, que actuaban como evaluadores técnicos de los contratos. Según las autoridades, estas personas habrían desempeñado un papel crucial en la aprobación de los convenios que permitieron la contratación de la falsa especialista.

Pronunciamiento del Ejército Nacional

El Ejército Nacional, en respuesta a este escándalo, anunció que realizará el debido refuerzo en los controles de los procesos de selección y contratación del personal encargado para prestar los servicios médicos a los integrantes de la institución y sus familias.

En un comunicado, la institución militar aseguró que se encuentra en el proceso de adaptación de medidas para garantizar los más altos estándares de ética, transparencia y profesionalismo en cada uno de los procedimientos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

La institución militar expresó lo siguiente: “En desarrollo de operaciones de Contrainteligencia Militar y como muestra de legitimidad y transparencia institucional, se efectuó, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la imputación de cargos a cinco militares activos y nueve retirados. Este proceso judicial se realizó por la comisión del presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y uso de documentos falsos, todo en el marco de una investigación penal”, puntualizó.

Además, agregó que “desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta situación, la Dirección de Sanidad ha brindado total colaboración a las autoridades competentes, entregando la documentación e información necesaria para facilitar el desarrollo de la investigación”, concluyó.

Este caso pone en evidencia las fallas en los mecanismos de supervisión y control dentro de las instituciones encargadas de velar por la salud de los miembros del Ejército y sus familias. La Fiscalía continúa avanzando en las investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados y las posibles sanciones que enfrentarán por su participación en estos hechos.