El Ciudadano
Por Ignacio Toledo Ordóñez (Médico Salubrista), Pedro Durán Oliva (Médico Cirujano) y Joaquín Paillamanque Concha (Bioquímico)
Hay un error político que se repite con demasiada frecuencia: creer que quienes hoy gobiernan actúan desde la ingenuidad, la torpeza o la improvisación.
Esa lectura, además de cómoda, puede ser peligrosa, porque impide comprender que estamos frente a un sector con formación técnica, redes económicas, manejo del Estado y una estrategia bastante más clara de lo que muchos quieren reconocer.
Incluso cuando aparecen contradicciones, desorden comunicacional o cierta liviandad en el tono, eso no necesariamente significa ausencia de conducción; a veces también puede operar como una puesta en escena que baja la guardia del adversario, confunde el debate público y permite avanzar en decisiones mucho más profundas.
Esa conducción se vuelve evidente cuando uno deja de mirar solo los discursos y empieza a mirar los números.
El alza de los combustibles no fue un hecho menor ni aislado. ENAP informó un aumento de $372,2 por litro en la gasolina de 93 octanos, $391,5 por litro en la gasolina de 97 octanos y $580,3 por litro en el diésel. Traducido a la vida cotidiana, llenar un estanque de 45 litros puede significar aproximadamente $16.749 adicionales en gasolina de 93 octanos, cerca de $17.618 más en gasolina de 97 octanos y cerca de $26.114 extra en diésel.
No se trata, por tanto, de una variación abstracta en una planilla económica, sino de un golpe concreto al bolsillo de las familias.
El problema, además, no se limita a quienes tienen auto. El diésel mueve camiones, transporte público y privado, alimentos, ferias, comercio, construcción, materiales, servicios, fletes y distribución. Cuando sube el diésel, no sube solamente el costo de llenar un estanque: empieza a subir la cadena completa de precios que sostiene la vida diaria.
Puede demorar más o menos en sentirse, pero tarde o temprano ese aumento se expresa en el valor de mover mercadería, producir, repartir, transportar personas y abastecer territorios. Por eso el problema de fondo no es simplemente que suba la bencina; el problema real es quién termina pagando el ajuste.
El Mepco no desapareció formalmente, y esa precisión es importante para no simplificar mal el debate. El mecanismo fue creado para estabilizar los precios internos de combustibles y opera mediante ajustes al impuesto específico, sumando o rebajando un componente variable según el comportamiento de los precios.
En simple, su sentido no es hacer desaparecer el costo internacional del petróleo, sino amortiguar las alzas o bajas bruscas para que el golpe no llegue completo y de una sola vez al consumidor final. Por eso, cuando se reduce su capacidad de amortiguar el alza, el Mepco puede seguir existiendo en el papel, pero debilitado en su efecto social.
Ahí aparece la primera contradicción de fondo. Mientras se permite que una parte importante del shock de combustibles llegue con más fuerza al bolsillo de las familias, aparecen antecedentes que recomiendan descontinuar o rebajar programas esenciales en salud y educación.
En salud, el documento de recomendaciones de Hacienda muestra como “Descontinuar” programas vinculados a continuidad de cuidados en APS, control de salud escolar, cuidados paliativos universales en atención primaria de salud (APS), Elige Vida Sana, Espacios Amigables, FOFAR, hospitalización domiciliaria, mejoramiento de acceso odontológico, Más Adultos Mayores Autovalentes y Plan Nacional de Demencia.
Solo algunos de esos programas tenían gastos en 2024 muy significativos: FOFAR aparece con M$51.746.235,72, Hospitalización Domiciliaria con M$82.656.730,88, Cuidados Paliativos Universales en APS con M$28.292.202,15, Mejoramiento de Acceso Odontológico con M$30.085.083,18 y Más Adultos Mayores Autovalentes con M$18.458.402,12.
No estamos hablando de grasa del Estado. Estamos hablando de medicamentos para enfermedades crónicas, atención domiciliaria, cuidados paliativos, salud mental, odontología, acompañamiento psicosocial, demencia, adultos mayores, prevención y continuidad del cuidado.
En el mismo documento también aparecen rebajas presupuestarias en áreas sensibles como Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa, Plan de Implementación Progresiva de Atención Primaria Universal, Plan de Ingreso, Formación y Retención de Especialistas, PESPI, Residencias y Hogares Protegidos, Refuerzo de Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria, Rehabilitación Integral, PNAC, PNI, PACAM, PROCET y Salud Responde. La discusión, por tanto, no es solo fiscal. Es sanitaria, social y territorial.
En educación ocurre algo similar. El documento marca como “Descontinuar” el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, con un gasto 2024 de M$165.409.192,00, y el Programa de Alimentación Escolar, con M$972.442.660,85.
También aparecen afectados programas como Beca de Apoyo Vocación Profesor, Jardín Infantil Transitorio-Estacional, Escuela para Directivos, Otras Subvenciones Escolares, Plan Nacional de Escritura, Plan de Fortalecimiento de las Artes en el Sistema Educativo, Programa Nacional de Lectura, Promoción de Talentos, Reinserción Escolar, Sistema Nacional de Inducción y Mentoría, Actividades de Interés Nacional y PACE.
Además, figuran rebajas en infraestructura de la educación pública, becas, útiles escolares, servicios médicos escolares, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación de personas jóvenes y adultas, jardines infantiles de modalidad convencional, aportes a universidades estatales, becas de educación superior y Crédito con Aval del Estado.
Tampoco estamos hablando de lujos. Estamos hablando de niños que comen en la escuela, estudiantes que requieren apoyo para permanecer en el sistema, familias que dependen de jardines infantiles, jóvenes que necesitan becas, comunidades rurales donde muchas veces el Estado es la única red concreta disponible, y establecimientos públicos que requieren infraestructura, mantención, textos, apoyo pedagógico y condiciones mínimas para funcionar.
Cuando se toca la alimentación escolar, la educación pública, los jardines infantiles, la reinserción y la retención escolar, no se está recortando un adorno presupuestario; se está interviniendo una red de protección que permite que miles de familias puedan sostener su vida diaria.
Entonces la pregunta deja de ser meramente técnica y se vuelve profundamente política: ¿El ajuste lo van a pagar los privilegios o lo va a pagar la gente común? Porque al mismo tiempo que se habla de ordenar las cuentas fiscales, también se discuten medidas tributarias que podrían beneficiar especialmente a quienes tienen más patrimonio, como la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, una tasa rebajada para repatriar capitales y la exención de contribuciones.
Según una minuta pública de Nodo XXI, el patrimonio total declarado de 63 altas autoridades analizadas asciende a M$1.148.295.633, y el beneficio potencial agregado de esas 4 medidas podría llegar a M$292.515.734. La misma minuta señala que ese monto equivale al 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el gobierno.
Dicho de manera simple, mientras a la mayoría se le pide apretarse el cinturón, a los sectores de mayor riqueza se les ofrecen alivios, certezas y mejores condiciones. Ahí aparece la contradicción central: combustibles más caros para todos, diésel más caro para toda la cadena de precios, programas sociales debilitados, salud y educación bajo presión, y beneficios tributarios mirando hacia arriba. Eso no es solamente una política económica; es una forma de entender el país y de decidir quién tiene espalda para resistir y quién queda expuesto.
Lo que está en juego, por tanto, no es únicamente un gobierno ni una coyuntura de precios. Lo que está en juego es la capacidad de un sector de instalar un marco institucional, económico y cultural de largo plazo.
Cuando se busca asegurar ciertas reglas por años o décadas, no estamos frente a una medida aislada, sino ante un diseño político que intenta fijar los límites de lo que un país puede o no puede transformar. Y cuando ese diseño logra presentarse como “sentido común”, entonces ya no gobierna solo desde el Ejecutivo o desde el Congreso, sino también desde la cultura, desde la resignación y desde la idea de que no hay alternativa.
Por eso, la respuesta no puede reducirse a repetir la palabra “unidad” como si fuera una consigna mágica. La unidad por sí sola no basta, porque una unidad sin contenido, sin claridad política y sin una idea de país puede producir una buena fotografía, pero no necesariamente una fuerza histórica. Puede juntar partidos, dirigentes y sensibilidades distintas, pero eso no significa que exista una dirección compartida ni una propuesta capaz de hablarle a la vida real de las personas.
Cuando surja una propuesta capaz de convocar de verdad, no bastará con aplaudirla ni con instalarla como eslogan. Habrá que pensarla, elaborarla, madurarla y convertirla en fuerza social real, porque las ideas que cambian un país no nacen solamente como consignas: se construyen en contacto con la experiencia concreta de la gente, con sus dolores, sus necesidades y sus esperanzas.
La toma de San Miguel, por ejemplo, fue más que un hecho puntual, porque expresó una energía social capaz de interpelar al país y abrir un horizonte. Del mismo modo, la reforma agraria no nació únicamente desde un decreto, sino también desde una conciencia campesina en movimiento, desde una demanda histórica que empujó la transformación.
Esa es la diferencia entre una consigna vacía y una idea con potencia histórica. Lo que mueve procesos no es la ansiedad por mostrarse unidos, sino la capacidad de interpretar una necesidad profunda y darle forma política.
Por eso, tampoco hay que fetichizar la unidad opositora ni creer que toda diversidad debe fundirse a la fuerza. No toda diferencia es un problema que haya que corregir; a veces, como enseña una antigua imagen oriental, el valle no se embellece porque todas las flores sean iguales, sino porque distintas flores florecen a su manera y, aun así, componen un paisaje.
La armonía política no siempre nace de uniformar, sino de permitir que lo diverso encuentre un sentido compartido sin dejar de ser diverso. Forzar una unidad sin contenido común puede terminar produciendo el efecto contrario al que se busca: frustración, contradicción, pérdida de credibilidad y fragmentación posterior. En política, no toda unión construye; algunas uniones también confunden, especialmente cuando se levantan más por ansiedad que por convicción.
Este momento exige algo más serio que subestimar al adversario o enamorarse de consignas vacías. Exige construir una propuesta con profundidad social, sentido nacional y capacidad de convocar a personas distintas sin obligarlas a dejar de ser quienes son. No se trata de juntar por juntar, sino de ofrecer una idea de país que haga sentido, que emocione, que ordene y que abra futuro.
Y aquí vale la pena recuperar una palabra que muchas veces se usa mal: patriotismo. Ser patriota no es solo levantar banderas, cantar himnos o hablar fuerte de la nación. Ser patriota es pensar en un Chile que avance sin dejar a nadie atrás. Es entender que el progreso no puede medirse únicamente por balances fiscales, cifras macroeconómicas o certezas para los grupos de mayor patrimonio, sino también por la vida concreta de las familias, de los niños que comen en la escuela, de los adultos mayores que necesitan cuidados, de los pacientes que dependen de la farmacia de la APS y de quienes trabajan todos los días para llegar apenas a fin de mes.
Un país verdaderamente patriota no ordena sus cuentas abandonando a quienes más necesitan al Estado. Un país serio puede ser responsable fiscalmente, pero esa responsabilidad no puede convertirse en excusa para debilitar la salud primaria, la educación pública, los cuidados, la alimentación escolar, los jardines infantiles, la salud mental o los apoyos que permiten que millones de personas sigan de pie. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero no puede ser un disfraz elegante para trasladar siempre el costo hacia abajo.
Chile puede ordenar sus cuentas, sí, pero no a costa de la farmacia de la APS, de la alimentación escolar, de los cuidados paliativos, de los adultos mayores, de los jardines infantiles ni del bolsillo de las familias trabajadoras.
La pregunta, entonces, no es solo si habrá ajuste, sino ajuste para quién, beneficios para quién y sacrificio para quién. Porque cuando el combustible sube, los programas sociales bajan y los beneficios tributarios miran hacia arriba, el mensaje es claro: el costo no está cayendo donde hay más espalda, sino donde la vida ya era más difícil.
Y eso no es patriotismo. Patriotismo es construir un Chile que avance, sí, pero que avance con todos adentro.
Ignacio Toledo Ordóñez (Médico Salubrista), Pedro Durán Oliva (Médico Cirujano) y Joaquín Paillamanque Concha (Bioquímico).-
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