El ‘ascensor social’ en España es de bajada: aumentan los ciudadanos de clase baja y media-baja hasta el 28% de la población

El ‘ascensor social’ en España es de bajada: aumentan los ciudadanos de clase baja y media-baja hasta el 28% de la población

El 46% de los habitantes son de clase media, pero tienen cada vez más difícil subir de estrato social, mientras que la clase alta y media-alta representa el 26% del país

El ‘ascensor social’, que describe la movilidad de una clase social a otra, es ahora de bajada en España, si se tiene en cuenta que el 28% de los españoles es de clase baja o media-baja, lo que supone un aumento de casi tres puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el porcentaje se situaba en el 25%. Este incremento refleja un empeoramiento en la realidad económica de un sector de la población y explica los problemas de acceso a la vivienda y la dificultad para ahorrar de muchos ciudadanos.

En cuanto a la clase media, aunque se mantiene como el grupo mayoritario, con un 46%, muestra señales de estancamiento en su capacidad de mejora. Finalmente, la clase media-alta y alta representa el 26% del país y es la que más se ha beneficiado de la recuperación económica en España, según recoge el IV Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2025. Este informe analiza la realidad de las familias españolas respecto a sus hábitos de consumo y gasto, y cómo les afecta la coyuntura económica actual.

Otro dato significativo del informe es que el 31% de las familias con hijos en España subsiste con menos de 2.000 euros mensuales, mientras que los hogares con ingresos de entre 2.000 y 3.000 euros muestran una caída continua desde 2023. “Estas rentas reflejan la difícil situación económica que enfrenta una parte importante de los hogares españoles, así como la limitación en su capacidad de ahorro, el alto riesgo de exclusión financiera y social o las dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas y esenciales en el día a día”, recoge el informe.

Esta bajada de la renta familiar contrasta con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que el año pasado aumentó un 5%; la de las pensiones, que se revalorizaron un 3,8%; y la de los salarios de los funcionarios, que creció un 2%. También en la empresa privada los sueldos en los convenios aumentaron una media del 3%.

La capacidad de ahorro va por clases

En este escenario, hay familias a las que les resulta imposible ahorrar, mientras que otras han incrementado sus ahorros. Así, existe un escaso porcentaje de españoles (12%) que puede ahorrar más del 30% de sus ingresos mensuales, mejorando 2 puntos respecto a 2024. En tanto que uno de cada tres tiene la posibilidad de ahorrar entre el 10% y el 30% de sus ingresos, en la misma línea que en años anteriores. Sin embargo, la precariedad continúa para muchos: uno de cada cinco hogares (23%) no puede ahorrar nada, y un significativo 16% depende de ayuda económica externa de personas ajenas al hogar para cubrir sus gastos.

Esta imposibilidad de ahorrar se traduce en situaciones de riesgo económico generadas por gastos inesperados. Y es que uno de cada diez hogares españoles no podría asumir un imprevisto de 1.000 euros, “lo que refleja que la clase baja está realmente comprometida financieramente”, advierten los autores del informe. Por otra parte, el 25% de los hogares no se podría hacer cargo de un gasto inesperado de 5.000 euros.

El alquiler se come la mitad del salario

A los que más difícil les resulta ahorrar es a los inquilinos. El 20% de los hogares que viven en renta destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al alquiler, una carga económica que limita su capacidad para cubrir otras necesidades. Esta situación contrasta con los hogares hipotecados, donde solo el 4,8% destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda. “Esta disparidad resalta la vulnerabilidad de los hogares en alquiler y su mayor exposición a la inestabilidad económica”, indica el estudio.

Respecto a la situación ante la vivienda, el 43% de los hogares españoles vive en propiedad sin hipoteca. Le sigue la propiedad con hipoteca o préstamo, con un 31%, mientras que el alquiler a precio de mercado representa el 21%.

Otra circunstancia que penaliza los bolsillos de los españoles es el aumento generalizado de los precios, lo que ha obligado a los hogares a ajustar sus hábitos de consumo más personales. Un 41% de los españoles ha reducido el gasto en ropa, calzado y artículos individuales, mientras que el 47% ha recortado en ocio fuera del hogar, especialmente en salidas a bares y restaurantes.

Esta contención también afecta al acceso a la cultura y al entretenimiento: un 28% de los ciudadanos ha dejado de asistir a eventos o espectáculos de pago y casi un 10% ha cancelado suscripciones digitales. Este repliegue del consumo refleja no solo el encarecimiento de la vida cotidiana, también el impacto directo que tiene en el bienestar y en la calidad de vida.

Las consecuencias de la guerra comercial

Las tensiones comerciales generadas por la política arancelaria de Estados Unidos han modificado el comportamiento de los consumidores españoles. El 21% prioriza productos nacionales frente a la incertidumbre global y la subida de precios en sectores afectados por las medidas de Donald Trump. Un 13% ha dejado de consumir marcas estadounidenses, evidenciando cómo las decisiones políticas internacionales afectan directamente el consumo cotidiano.

En cuanto a la sostenibilidad, se sitúa como una prioridad, aunque con desigualdades. Los españoles adoptan prácticas sostenibles en higiene personal (67%) y alimentación (60%) donde hay más oferta accesible. Sin embargo, el 58% considera difícil aplicarlas en vivienda y energía, y el 70% lo ve inviable en el ámbito financiero, debido a costes, falta de información y complejidad de acceso.

La dificultad aumenta entre jóvenes y hogares de clase baja que, pese a su mayor voluntad, tienen menos recursos para consumir sosteniblemente. Esta paradoja subraya que la sostenibilidad no es solo cuestión de conciencia, sino de posibilidad real. A juicio de los autores del estudio: “El reto es garantizar una transición ecológica inclusiva que no agrave las brechas existentes”.