El día a día del secuestro de Lyan José Hortúa, niño de once años por cuyo rescate tuvo que pagar su familia

El día a día del secuestro de Lyan José Hortúa, niño de once años por cuyo rescate tuvo que pagar su familia

El menor, raptado el 3 de mayo en su residencia ubicada en el corregimiento de Poterito, en Jamundí, fue secuestrado por al menos cinco hombres armados y rostros cubiertos, que irrumpieron violentamente en la vivienda

Después de 432 horas de incertidumbre, presión social y esfuerzos humanitarios, el niño Lyan José Hortúa, de 11 años, fue finalmente entregado por sus captores a una comisión de la Defensoría del Pueblo. La liberación se produjo el miércoles 21 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca, y fue, como lo dijo el tío del niño en La Fm, por haber pagado una alta suma de dinero exigida por los secuestradores.

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La crónica de una pesadilla para el niño y para su familia

El menor fue raptado el 3 de mayo en su residencia ubicada en zona rural del corregimiento de Poterito, en Jamundí. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, al menos cinco hombres armados, con los rostros cubiertos, irrumpieron violentamente en la vivienda hacia las 6:30 de la tarde. En cuestión de minutos, sometieron a los familiares del menor y al personal del servicio doméstico. Lyan José fue sacado descalzo y sin camisa, en medio de gritos y amenazas, y subido a una camioneta. También fue retenida una empleada doméstica, quien recuperó la libertad pocas horas después.

Desde entonces, el niño estuvo en poder de un grupo armado que, según información preliminar, sería el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Esta estructura es uno de los brazos armados más activos del llamado Estado Mayor Central y opera en zonas del suroccidente colombiano. Los investigadores señalaron que se trató de un secuestro con fines extorsivos.

La respuesta institucional no se hizo esperar. El 5 de mayo, el Gaula de la Policía asumió la investigación, mientras que la Gobernación del Valle ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera localizar al menor. Las autoridades locales confirmaron que la familia no había recibido amenazas previas, lo que reforzó la hipótesis de un secuestro planeado con motivaciones económicas.

A medida que transcurrían los días, la presión social se intensificó. Habitantes de Poterito realizaron una marcha el 6 de mayo para exigir la liberación del niño. Las movilizaciones se extendieron a la ciudad de Cali, donde se organizaron plantones. El caso generó un amplio rechazo ciudadano, que se expresó en distintas regiones del Valle del Cauca. El Ministerio de Defensa divulgó un cartel con los nombres de los presuntos responsables, señalando como autor intelectual a un cabecilla conocido con el alias de “Oso Yogui”, perteneciente al Frente Jaime Martínez.

Diversas organizaciones humanitarias comenzaron a intervenir para facilitar una salida negociada. La Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica —a través de la Arquidiócesis de Cali— y organismos internacionales como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja empezaron a tender puentes con los responsables del secuestro. Según trascendió, los captores admitieron que la retención del menor habría sido un error y expresaron su intención de entregarlo, aunque ponían condiciones para su liberación.

El 13 de mayo, nuevas manifestaciones masivas tuvieron lugar en Jamundí y otros municipios del Valle. La ciudadanía reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Días después, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, envió un oficio a la Presidencia de la República solicitando condiciones de seguridad para permitir la operación humanitaria que permitiría recuperar al menor.

La angustia de la familia creció con el paso de los días. La madre del menor grabó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que pidió ayuda urgente, advirtiendo que su hijo sufría de una condición médica que requería atención constante. La Procuraduría Delegada para el Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz intervino el 20 de mayo, instando a no realizar una operación armada que pudiera poner en riesgo la vida del niño. Las autoridades locales reportaron entonces que el menor estaría en buenas condiciones de salud.

Finalmente, el 21 de mayo, la Defensoría del Pueblo informó que el niño fue entregado sano y salvo a una comisión humanitaria. De inmediato, fue trasladado a un centro médico para ser evaluado, y posteriormente se reunió con su familia en un encuentro lleno de emoción y alivio. La defensora del pueblo, Iris Marín, confirmó que Lyan José no presentaba afectaciones físicas evidentes, aunque sería sometido a exámenes detallados para verificar su estado general.

El caso de Lyan José pone en evidencia los riesgos que enfrentan los menores de edad en zonas con presencia de grupos armados ilegales y revive el debate sobre la urgencia de proteger a la infancia en el marco del conflicto colombiano. Su liberación fue posible gracias a una combinación de presión ciudadana, intervención institucional y canales humanitarios, pero también deja en evidencia la fragilidad de las garantías para los derechos de los niños en zonas afectadas por la violencia.