El Gobierno de Meloni aprueba por decreto un polémico proyecto de ley sobre seguridad

El Gobierno de Meloni aprueba por decreto un polémico proyecto de ley sobre seguridad

Roma, 4 abr (EFE).- El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó este viernes por decreto-ley un polémico proyecto de legislación sobre seguridad que estaba pendiente de aprobación del Senado, una medida criticada por la oposición entre protestas en ciudades como Roma o Nápoles.

"Son normas necesarias que ya no podemos seguir aplazando", dijo Meloni en la reunión del Consejo de Ministros. Según dijo, su coalición tomó el contenido de este proyecto de ley tramitado por vía parlamentaria -validado en la Cámara de Diputados pero pendiente de ratificarse en el Senado- y lo aprobó como decreto-ley, un paso que acelera su puesta en marcha.

Al tramitarse por vía de decreto, la norma pasa a ser "inmediatamente operativa y entrará en vigor de forma inmediata", agregó la primera ministra sobre una medida que críticos y oposición han considerado que llevaría a Italia hacia una deriva autoritaria.

La medida generó protestas en Roma, donde hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes que se juntaron en la Plaza del Panteón e intentaron romper el cordón policial que vetaba el acceso al recinto del Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano. También hubo una movilización de protesta en la ciudad de Nápoles.

Según concretó Meloni, el Gobierno ha incluido en la legislación la "protección jurídica específica" para policías o militares "investigados o imputados por hechos relacionados con el servicio".

Estos "podrán seguir trabajando y el Estado cubrirá sus costes judiciales hasta un máximo de 10.000 euros por cada fase del proceso", añadió.

La ley también incluye otras posibles penalizaciones severas y de cárcel ante acciones de desobediencia civil o resistencia pacífica, e introduce nuevos delitos, sanciones y agravantes de penas en asuntos de seguridad pública, lo que ha hecho que las fuerzas de la oposición de centro-izquierda, movimientos sociales y grupos de derechos humanos se opusieran.

Entre otras medidas, prevé como delito penal el bloqueo de carreteras o vías férreas, que puede conllevar multas o cárcel.

También se incluye la posible imposición de penalizaciones de este tipo para quienes causen daños en lugares públicos. De acuerdo con sus detractores, son medidas dirigidas ante acciones como protestas contra el proyecto de la línea de tren de alta velocidad en zonas del norte de Italia o el polémico proyecto de construcción del puente de Messina, que conectaría la península itálica con la isla de Sicilia.

La norma establece penas de cárcel para acciones violentas o de resistencia pasiva por parte de presos en las cárceles, e incluye condenas más estrictas contra la ocupación irregular de viviendas.

Grupos de la oposición criticaron la medida tomada hoy por el Gobierno. Entre ellos, el diputado Riccardo Magi, del partido progresista Más Europa, que consideró que esta ley "es una vergüenza".

"Un enfoque securitario y represivo no garantizará más seguridad. Al contrario, supondrá mayor conflicto social y odio social", consideró. EFE

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