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La reforma laboral asoma como el renglón número uno de la agenda legislativa del oficialismo en el arranque del 2026. No es lo único. Javier Milei apuesta a aprovechar el impulso del final de diciembre para sumar reforma tributaria y compromiso fiscal, ley de glaciares y código penal, entre otros temas, todos densos. Y entonces, buena parte de enero será ocupada por intensas gestiones, públicas y reservadas, para tratar de reproducir el acompañamiento de gobernadores, decisivo para coronar el Presupuesto. Eso anticipa negociaciones mano a mano con cada jefe provincial: sería la repetición de la costosa fórmula de negociar tema por tema para asegurar votos en cada cámara del Congreso.

Los gobernadores que actúan como socios y los que juegan como aliados o dialoguistas tuvieron una final de año con alivio para las cuentas provinciales, después de una larga temporada -en especial, octubre y noviembre- sin aportes sustanciales del poder central. Y esperan ahora las nuevas tratativas. Diego Santilli asoma entre los funcionarios sin vacaciones a la vista. Lo mismo ocurre con Karina Milei y sus extensiones, Martín y Lule Menem. Están abiertos además los canales que maneja ahora con menos ruido Santiago Caputo. Y se mantiene la permanente atención de Hacienda.

La reforma laboral fue anotada para fines de enero o inicios de febrero, en la segunda etapa de sesiones extraordinarias. Pero ya antes y desde las cercanías de algunos jefes provinciales -en particular los peronistas que fisuraron a UxP y tejieron acuerdos con el Gobierno- dejaron trascender prevenciones por puntos del proyecto que podrían afectar la recaudación de impuestos gravitantes en la coparticipación federal. De todos modos, no es el único tema inquietante del texto enviado por el Ejecutivo, que desarmó algunos puentes, transitados aunque no muy sólidos, con integrantes de la CGT.

La dureza del proyecto es atribuida básicamente a Federico Sturzenegger. Y son señalados aspectos como la llamativa extensión del criterio de “servicios esenciales” para los casos de medidas de fuerza gremiales o la creación del fondo para atender indemnizaciones, que podrían ser judicializados, según la opinión de expertos en la materia. Patricia Bullrich habría dejado abierta la puerta para discutir algunos temas específicos, frente a reparos surgidos en el rápido trámite para lograr dictamen.

Por lo pronto, las conversaciones centrales pasarían por los gobernadores, con el arrastre de un interrogante que remite al trabajoso camino del Presupuesto: ¿por qué los acuerdos con las provincias funcionaron sin fisuras en el Senado pero no alcanzaron, antes, para sostener el famoso Capítulo XI en Diputados? En buena medida, porque se acrecentaron los compromisos y giros de fondos desde la Nación por diversos rubros. Y también, precisamente, porque el golpe del traspié violeta en la Cámara baja terminó facilitando el trámite en la otra ala del Congreso.

Bullrich, dicen incluso en el oficialismo, fue quien mejor y rápidamente interpretó el cuadro pintado por Diputados en el tratamiento del Presupuesto. El oficialismo había logrado la aprobación del proyecto, pero lo vivía como una derrota porque resultó volteado el intento de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El malestar de Olivos fue alimentado por el voto en contra de legisladores que responden a jefes provinciales aliados. Pero el enojo extremo, que exponía la intención de volver a la carga con tales artículos, debió ser diluido para asegurar la sanción de la ley. Y en ese proceso jugó especialmente la ex ministro.

La jefa política del oficialismo en el Senado supo que el Presupuesto sólo tenía destino si era tratado con el texto tal como había salido de Diputados. Eso quedó expuesto en dos encuentros con jefes de bloques socios y dialoguistas, uno presencial y otro virtual. Y entonces, el objetivo pasó a ser olvidarse del trago amargo y concentrarse en evitar rechazos a otros puntos, vinculados con la inversión en educación e investigación. Para muchos senadores que finalmente acompañaron a LLA fue todo más fácil: el tema más sensible -discapacidad, universidades públicas- había sido saldado en la Cámara baja y, a la par, sus jefes políticos -es decir, gobernadores- conseguían un trato mejor con el Gobierno.

Algunos cálculos que circularon en el Congreso dicen que el incremento de los giros a las provincias terminó siendo, en pocos días de diciembre, superior a cualquier mes del año. Más aún, los movimientos fueron notorios en la semana corta de la Navidad, es decir, en los umbrales de la votación del Senado. Y la movida habría favorecido especialmente a provincias en manos del PJ negociador.

Tres rubros se destacaron como fondos para garantizar la sanción del Presupuesto. En primer lugar y como siempre, los ATN, que son los aportes más discrecionales. También, deudas por el viejo consenso fiscal. Y en casos muy puntuales, compromisos por cajas de jubilaciones no transferidas. En general, los distritos mejor atendidos fueron algunos del peronismo con juego por fuera de UxP (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados ex JxC (Entre Ríos, Chaco) y provinciales o “independientes” (Misiones, San Juan).

El Gobierno se mueve en un tablero que resulta paradójico. Por un lado, es beneficiado por la fragmentación política, que profundizó el papel de los gobernadores como piezas sin atadura a espacios políticos nacionales. Y a la vez, eso transforma a cada jefe provincial en pieza clave porque puede asegurar alineamiento de “sus” legisladores. Resultado: aumenta su cotización política. Y se refleja en lo que cada uno consigue para su distrito y su proyecto personal.

Los operadores de Olivos deben sumar pactos uno por uno, y proyecto por proyecto. No se trata de un sistema de alianzas sino de un mecanismo de acuerdos individuales. La próxima prueba es la reforma laboral. Será un arranque de año muy intenso.