El traspié del ministro Gajardo que hizo tambalear la reforma judicial del gobierno

El traspié del ministro Gajardo que hizo tambalear la reforma judicial del gobierno

La cara del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Miguel Ángel Calisto (Demócratas) lo dijo todo. Sentado al lado del secretario de la instancia, el parlamentario supo de inmediato que lo que acababa de pasar ponía en riesgo la continuidad de la reforma constitucional del gobierno que pretende modificar el sistema de nombramientos judiciales. La misma que La Moneda anunció con premura en octubre de 2024, luego del escándalo de corrupción desatado por el caso Audio, Luis Hermosilla y las investigaciones que afectan a los jueces.

Ante el silencio del resto de los parlamentarios presentes, fue la diputada Pamela Jiles (Humanista) quien -resignada- pidió la palabra, miró directamente al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), e irrumpió la sala con su tono provocador: “Acaba de morir el proyecto frente a la falta de voluntad del gobierno de hacer lo que tiene que hacer. Al no aprobarse el artículo 1, este es un proyecto que es inexistente, que no tiene sentido su tramitación”.

La reacción de Jiles tenía una razón clara. Ese martes 8 de abril la comisión dio inicio a la votación en particular de la reforma, pero el debut legislativo del mensaje del Ejecutivo partió con un traspié.

El problema se generó ya que junto con rechazarse todas las indicaciones de los parlamentarios, cuando se sometió a votación el primer artículo de la reforma, se rechazó al no conseguir el quórum necesario. Al gobierno solo lo apoyó la oposición, ya que tuvo los votos a favor de Calisto, Gustavo Benavente (UDI) y Luis Fernando Sánchez (Republicano).

Sorprendentemente, el rechazo vino de los diputados oficialistas. Por un lado la abstención de Javiera Morales (FA) y luego el voto en contra de la también frenteamplista Lorena Fries. Ambas se sumaron a Jiles, quien es de las más críticas a la reforma.

La situación, incluso, generó un reproche de la oposición al gobierno. Sánchez le pidió a la izquierda “que se pongan de acuerdo” y Calisto emplazó a Gajardo. “Aquí los votos que ha tenido el Ejecutivo son los votos de los diputados de oposición. Al gobierno le hace falta un debate interno para resolver sus discrepancias”, dijo el diputado de Demócratas.

El artículo que se cayó correspondía a la norma medular del sistema, que establece que el nombramiento de jueces letrados, ministros de Corte de Apelaciones y el fiscal judicial de la Corte Suprema queda en manos del Ejecutivo a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales. En el caso de los nombramientos de supremos, ministros del Tribunal Constitucional (TC) y el fiscal nacional sigue como facultad del Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.

Una mala coincidencia

El traspié no estaba en los planes de La Moneda. La explicación radica en un “hecho circunstancial”. Ese mismo día era el discurso de despedida del Senado -que luego se adelantó- de Isabel Allende (PS), por lo que los tres diputados socialistas -Marcos Ilabaca, Leonardo Soto y Raúl Leiva- no estaban en la sesión cuando se votaban las enmiendas, ya que se fueron a acompañar a la emblemática parlamentaria del PS. Algo similar pasó con diputados RN, como Andrés Longton, que no estuvo presente.

El tropezón en la gran reforma judicial del Ejecutivo no fue menor. Se trata del proyecto estrella que diseñó el exministro de Justicia Luis Cordero y que dejó en manos de Gajardo cuando el Presidente Gabriel Boric le pidió hacerse cargo de la seguridad del país tras el escándalo del ex subsecretario Manuel Monsalve.

Cuando Gajardo asumió la tarea, supo que en sus manos tenía una misión que, desde el retorno a la democracia, ha sido imposible. Lo intentó el exministro de Justicia Francisco Cumplido en 1991, luego el exministro Hernán Larraín (UDI) en 2021, pero el sistema lleva 27 años sin tocarse gracias al poco consenso que existe en la solución y la férrea oposición que, soterradamente, ha tenido la Corte Suprema.

El proyecto implica una reforma constitucional con un único propósito: hacer un profundo cambio a la gobernanza judicial. Eso implica quitarle al máximo tribunal la superintendencia disciplinaria, la superintendencia económica y la superintendencia directiva de todo el Poder Judicial. Es decir, que los supremos solo se dediquen a labores jurisdiccionales.

Para eso se crea un Consejo de Nombramientos Judiciales, con mayoría judicial, que tendrá como única función la preparación de propuestas jerarquizadas de candidatos en base a concursos competitivos. La disciplina queda exclusivamente en manos de los fiscales judiciales, que ya no integrarán salas, y se crea un Tribunal de Conducta Judicial. Además, se incluye al fiscal judicial de la Suprema entre las personas que pueden ser acusadas constitucionalmente y se elimina a los abogados integrantes.

El plan de Gajardo

Si bien en el gobierno reconocen que lo ocurrido en la comisión fue un traspié, el análisis que se hace en Justicia es que el corazón del proyecto sigue intacto. Lo primero que destacan es que cuando se votó la idea de legislar la reforma, el asunto contó con apoyo transversal y se aprobó de manera unánime.

Quienes están al tanto de la tramitación del proyecto cuentan que el rechazo al artículo 1 añade una complicación menor, ya que solo se trata de una “norma adecuatoria”. Esto, debido a que los artículos más importantes, los que tienen que ver con la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales, aún no se han debatido.

En el gobierno quedaron tranquilos, ya que, dicen fuentes de Justicia, lo más importante era que se rechazaran las indicaciones que habían presentado los parlamentarios. La razón no es menor: detrás de esas enmiendas se esconden dos ideas que el gobierno no está dispuesto a ceder.

Por un lado está el ímpetu de la izquierda de eliminar la participación del Senado en la designación de los ministros de la Suprema. Ese es uno de los objetivos que tiene el FA y así lo hicieron ver las diputadas Morales y Fries.

Ambas presentaron indicaciones que van en ese sentido. “Estamos pidiendo apertura para revisar la intensidad con la que participa el Senado en las nominaciones judiciales. No somos un buzón y por eso queremos explorar esa vía”, explica Fries.

El ánimo no es solo del FA, sino que también tiene eco en Jiles y los diputados socialistas. “No tiene sentido proponer una gran reforma que mantiene casi intacto el mismo sistema de nombramientos que facilitó la manipulación, control y captura que quedó al descubierto con el caso Hermosilla. Por eso soy partidario de eliminar la participación del Senado”, afirma el diputado Soto.

El otro objetivo del gobierno era que la indicación de la UDI no tuviera piso. Fue el diputado Benavente quien presentó una enmienda para eliminar la participación del Ejecutivo en la designación de jueces de tribunales ordinarios de primera instancia y de las cortes de Apelaciones.

Su propuesta iba en línea con lo que ha sido la cruzada del exministro Larraín, uno de los principales aliados del Ejecutivo en esta reforma. El gremialista, desde el segundo proceso constitucional que viene empujando con entusiasmo esta idea. “Cuando fui ministro me tocó nombrar a más de cuatro mil jueces y llegué a la convicción de que ese era el peor sistema posible”, ha dicho Larraín. Esa indicación también fue rechazada.

A juicio del gobierno, ambas ideas eran las “más peligrosas” y, por lo mismo, para Justicia el rechazo de la norma mantiene intacto el proyecto original del Ejecutivo, ya que en el peor de los casos implicará que el actual artículo 32 número 12 de la Constitución quede inalterado. Y es esa norma constitucional la que regula la participación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la designación de jueces.

De hecho, para Gajardo esta es justamente su línea roja: mantener la participación de los tres poderes del Estado para que el futuro consejo sea “solo de selección y no de nombramiento”. Así se ha encargado de explicarlo a los diputados. “En los sistemas presidenciales, la vinculación principal de los nombramientos judiciales con el principio democrático se encuentra en el Presidente de la República y el Congreso”, ha dicho Gajardo en la comisión.

Tanto así, que ha sido enfático en defender que el gobierno no cederá en este punto, ya que el compromiso está en mantener la larga tradición constitucional chilena. “Nos parece que excluir al Presidente de la República de nombrar a los magistrados y magistradas es una alteración profunda al sistema constitucional chileno”, aseguró Gajardo ante los diputados que están tramitando la reforma.

Por eso, el plan es ir directo al corazón del proyecto, que es el Consejo de Nombramientos Judiciales. Será aquí donde Gajardo se jugará el punto central de la reforma y tendrá muñeca para negociar con el oficialismo.

Quienes saben de esto cuentan que para calmar la pretensión de la izquierda, el Ejecutivo podría bajar el quórum de aprobación en el Senado a los nombramientos de supremos, el que actualmente está en 2/3. La otra opción es que, resguardando la mayoría de jueces, se incluya dentro de los integrantes del consejo a representantes del Senado.

A la vuelta de la semana distrital, Gajardo retomará la votación en particular, que está fijada para el miércoles. Pese al traspié inicial, ahora el gobierno corre con ventaja, ya que durante estos días estuvo la Comisión de Venecia en el país, invitada por el Ministerio de Justicia.

La buena noticia para Gajardo es que en su exposición ante los parlamentarios, los juristas europeos hicieron una férrea defensa a la participación de los tres poderes del Estado en la designación de jueces, el mismo espíritu que tiene la reforma judicial del gobierno.