El “verdadero” test de Cooper: Corte resuelve amparo de Josefina Huneeus por “pinchazo” en caso ProCultura

El “verdadero” test de Cooper: Corte resuelve amparo de Josefina Huneeus por “pinchazo” en caso ProCultura

Es una embestida judicial que patrocinaron los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann y que varias defensas del caso ProCultura observan con especial atención.

Los profesionales presentaron un recurso de amparo a nombre de la siquiatra Josefina Huneeus en contra de la resolución que le permitió a un equipo de la PDI, mandatado por el fiscal regional Patricio Cooper, realizar escuchas telefónicas a la mujer, pese a que su calidad en la investigación era de testigo por ser la exesposa del fundador de la ONG Alberto Larraín.

En el escrito, los penalistas acusan directamente actos ilegales por parte del Ministerio Público y la afectación grave de las garantías constitucionales de Huneeus a quien -incluso-, se le intervino un llamado telefónico que le hizo el Presidente Gabriel Boric.

"Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas: espionaje", se lee en el amparo, argumento que han hecho suyo varios dirigentes del Frente Amplio que han criticado el rol del fiscal Cooper en esta indagatoria que salpica al corazón de La Moneda.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta, jurisdicción donde se inicia el caso Convenios o Fundaciones, puso en tabla para este jueves la revisión del recurso de amparo interpuesto por los abogados que son sindicados como cercanos al oficialismo. Y, el análisis que hará el tribunal de alzada sobre las graves acusaciones de los profesionales se ha transformado en un verdadero “test” para Cooper.

Y es que esta será la primera vez que una magistratura superior deberá revisar si, efectivamente, en la indagatoria se ha respetado el debido proceso y las garantías de todos los intervinientes. Para esto, la Corte irá al fondo, y se pronunciará respecto a si fue legal o no que la jueza Sissi Bertoglio autorizara a la Fiscalía “pinchar” el teléfono de Huneeus que no era parte de ProCultura, la fundación que está en la mira de la justicia.

Los alegatos

Pese a que Cooper es “la cara visible” de la investigación ProCultura, delegó en el fiscal jefe Eduardo Soto, de su equipo, la responsabilidad de alegar y defender las actuaciones del caso ante el tribunal de alzada. Por la defensa, lo hará Awad.

La magistrada Bertoglio, por su parte, ya evacuó el informe, de una plana, en que asegura que todas las medidas intrusivas realizadas, incluida la de Huneeus, fueron conforme a derecho.

“La interceptación a la que se hace referencia fue decretada mediante resolución de 2 de octubre de 2024. En solicitud de 16 de octubre el Ministerio Público hizo presente que el número asociado al imputado Larraín Salas correspondía a la recurrente, lo anterior originado por constar dicho número en los antecedentes de Dicom del encartado”, sostuvo la magistrada.

El pinchazo al Mandatario

Esto contraviene lo denunciado por los penalistas quienes en su recurso aseguran que “la escucha de sus conversaciones se produjo, en el mejor de los casos para el Ministerio Público, por error: la solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo indicaba tres números de teléfono que supuestamente pertenecían al imputado Alberto Larraín Salas, en circunstancias que uno de ellos era, en realidad, un número de teléfono personal de nuestra representada, el mismo que está a su nombre y ha sido suyo desde hace más de 20 años”.

Junto con esto, Awad y Schürmann aseguran en sus escrito que la PDI escudriñó en conversaciones que, además, a su juicio no tendrían interés criminalístico.

“Esta interceptación groseramente ilegal hace que en la carpeta investigativa sea posible identificar varias conversaciones de nuestra representada que fueron oídas por la PDI sin contar con autorización legal para ello. La primera de ellas es una con su madre, doña Marta Lagos (...) otra con S.E. el Presidente de la República don Gabriel Boric, de fecha 14 de octubre de 2024. Todas estas llamadas, como se expondrá, fueron ilegalmente escuchadas por la PDI, transcritas e incorporadas a la carpeta investigativa”, apuntaron.

Desde el Ministerio Público también hay altas expectativas de que de rechazarse el amparo, los cuestionamientos a Cooper -y a la labor de la Fiscalía- se diluyan, pero no pocos ven con temor un revés judicial que pueda poner en entredicho la labor del ente persecutor en momentos donde un grupo del Frente Amplio y el Partido Comunista busca remover a un fiscal que se ha vuelto incómodo para el oficialismo.