ELN difundió prueba de vida de soldado secuestrado en Arauca: Defensoría del Pueblo y el Ejército se pronunciaron
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ELN difundió prueba de vida de soldado secuestrado en Arauca: Defensoría del Pueblo y el Ejército se pronunciaron

Este material audiovisual ha generado reacciones inmediatas por parte de las autoridades colombianas, los cuales han intensificado los esfuerzos para lograr su liberación
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha difundido un video que confirma la supervivencia de Javier Arley Castillo Guerrero, un soldado de 19 años perteneciente al Batallón de Policía Militar No. 13 de Bogotá, que fue secuestrado el 2 de mayo en el departamento de Arauca.
Según informó el grupo insurgente, el joven fue interceptado mientras viajaba en un autobús en la vía que conecta Tame con Puerto Rondón, y desde entonces permanece en cautiverio.
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El video difundido por el ELN constituye una prueba de vida del soldado, que aparece en las imágenes confirmando su identidad y su estado actual. Este material audiovisual ha generado reacciones inmediatas por parte de las autoridades colombianas, los cuales han intensificado los esfuerzos para lograr su liberación.
Según reportó el Ejército, se están llevando a cabo acciones humanitarias en coordinación con la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar el regreso seguro de Castillo Guerrero a su familia.

El secuestro del joven ocurrió mientras se desplazaba en un transporte público por una de las rutas principales de Arauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Este hecho ha puesto nuevamente en el foco la situación de seguridad en la zona, así como las actividades del ELN, que continúa siendo uno de los actores armados más activos en el conflicto colombiano.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y han solicitado al ELN que libere al soldado sin condiciones, apelando a principios humanitarios. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha señalado que está trabajando en conjunto con el Ejército para establecer un canal de comunicación con los captores y facilitar las negociaciones que permitan la liberación de Castillo Guerrero.

El caso de este joven militar se suma a otros incidentes similares en los que el ELN ha recurrido al secuestro como estrategia de presión política y militar. Este tipo de acciones han sido condenadas tanto a nivel nacional como internacional, y han generado llamados a reforzar los esfuerzos por alcanzar una solución negociada al conflicto armado en Colombia.
Su familia clama por su libertad
El secuestro de Javier Arley Castillo Guerrero ha puesto nuevamente en el centro de atención la inseguridad que afecta a los corredores viales del departamento de Arauca, una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Según lo informado, estos grupos continúan vulnerando los derechos fundamentales tanto de la población civil como del personal militar que no se encuentra en servicio activo. Este caso ha generado una fuerte preocupación entre los familiares de Castillo Guerrero y la comunidad local, quienes han solicitado acciones inmediatas para garantizar su vida e integridad.

La familia también se pronunció previo al conocimiento del video publicado por el ELN, en el que hicieron un llamado a las autoridades para que intensifiquen los esfuerzos de búsqueda. Además, han pedido que se establezcan canales de diálogo que permitan alcanzar una solución rápida y efectiva para lograr su liberación. La comunidad también ha expresado su temor ante la persistente inseguridad en la región, donde los secuestros y otros actos de violencia han sido una constante debido a la actividad de grupos armados ilegales.
El caso de Castillo Guerrero no solo refleja una situación personal crítica, también evidencia un problema estructural en Arauca, donde los corredores viales se han convertido en escenarios de riesgo para quienes transitan por ellos. La presencia de actores armados ilegales en esta zona sigue siendo un desafío para las autoridades, que enfrentan la tarea de garantizar la seguridad y los derechos de los habitantes en un contexto de alta conflictividad.
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