El Ciudadano
La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó de manera irrevocable la condena al Estado de Chile a indemnizar con $10.000.000 (diez millones de pesos) por daño moral a M.A.A.D., quien, siendo un estudiante secundario de 17 años, fue detenido y brutalmente torturado por efectivos de la Armada en Valparaíso durante los primeros meses de la dictadura cívico-militar, entre septiembre y noviembre de 1973.
El fallo, dictado con mayoríapone fin a un largo proceso judicial y sienta un precedente categórico sobre la responsabilidad internacional del Estado en la reparación de crímenes de lesa humanidad. La Sala, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos (quien disintió), las ministras María Cristina Gajardo, Eliana Quezada y el abogado integrante Eduardo Gandulfo, rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del fisco, confirmando así las sentencias previas del Octavo Juzgado Civil de Santiago y la Corte de Apelaciones de la misma ciudad.
El fallo del máximo tribunal planteó que la «indemnización del daño producido por el ilícito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país».
“Dichas normas tienen aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5°, inciso segundo de la Carta Fundamental… por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios”, agregó.
La Corte desestimó la acusación de que las instancias previas no habían aplicado correctamente estos tratados, señalando que, por el contrario, el fallo recurrido “contiene expresas referencias y consideraciones a tratados internacionales sobre la materia y la responsabilidad del Estado y el deber de reparación”.
La tortura de un adolescente a manos de la Armada
El centro de la causa es el testimonio estremecedor de M.A.A.D., recogido en los antecedentes. Su narración detalla una pesadilla que comenzó la última semana de septiembre de 1973, cuando era un escolar y un grupo de infantes de marina irrumpieron en el domicilio de sus padres en Valparaíso y lo detuvieron junto a su compañero de liceo y vecino, J.C.A.
Según su relato, fue llevado con la cabeza cubierta a una comisaría de Carabineros del plan de Valparaíso, donde “fue golpeado y luego enviado en un camión cerrado a la Academia de Guerra Naval”.
En octubre, fue nuevamente detenido “junto a otros estudiantes del liceo en el propio recinto educacional”. El clímax del tormento llegó en noviembre, tras otra detención, cuando fue trasladado a la Academia Naval y luego a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago.
La víctima alega que en todas las detenciones fue objeto de agresiones físicas y psicológicas, pero fue en la primera donde sufrió torturas sistemáticas por su supuesta vinculación al Frente Amplio de Resistencia (FAR) del Partido Socialista.
“Le habrían torturado mediante estos procedimientos junto a su compañero de liceo, J.C.A., indicando que además de la tortura con electricidad, le golpearon con una tabla o un palo en el estómago, le agredían con golpes de puño e intentaron realizar violación anal mediante el uso del mismo palo con el que le golpeaban”, describe el fallo.
Además, relató que “Junto a otras personas detenidas, fue sometido a simulación de fusilamiento por personal de la Armada, estando con su rostro y cabeza cubierta, alegando para ello una supuesta falta de colaboración en los interrogatorios”.
Secuelas e indemnización
Las consecuencias de estos hechos marcaron su vida para siempre. El demandante indicó que las torturas le provocaron secuelas físicas que pudo tratar “en el exilio, en la República Federal Alemana”. En el ámbito psicológico, sufre “insomnios, depresiones, angustias e inestabilidad emocional”, a lo que se suma la experiencia traumática de la prohibición de ingreso al país durante años.
Respecto al monto de la indemnización, fijado en $10.000.000, la Corte Suprema consideró que su regulación es una facultad prudencial de los jueces de fondo, quienes evaluaron la prueba presentada. El tribunal señaló que el recurso se limitaba “a criticar el monto regulado… cuestión que no basta para configurar la causal de nulidad que se invoca”, destacando que los jueces de la apelación “exponen en extenso los fundamentos que los llevan a cuantificar el monto de la indemnización”.
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