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SEÑOR DIRECTOR:

La violencia en los establecimientos educacionales no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha agravado de manera sostenida. La ministra de Educación lo señaló con datos concretos: el año 2025 se registraron en promedio más de 40 delitos al día en colegios chilenos. Los docentes lo sabemos porque lo vivimos cotidianamente: insultos, agresiones físicas y una sensación creciente de desamparo frente a un sistema que, durante años, privilegió el análisis jurídico por sobre el criterio pedagógico. Por eso, valoramos la aprobación de la Ley de Escuelas Protegidas.

Sus detractores la han calificado de punitiva y han argumentado que vulnera los derechos de los estudiantes. Discrepamos. El derecho a la educación también lo tienen los alumnos que hoy no pueden aprender porque un compañero los amenaza, o porque el profesor teme ejercer su autoridad para no terminar enfrentando una denuncia ante la Superintendencia de Educación o tribunales, o derechamente un golpe. Proteger derechos no significa eliminar consecuencias; significa que todos los actores de la comunidad educativa tengan garantías reales, incluidos quienes enseñan. El buenismo permanente, el que busca explicación antes que sanción, no ha dado resultados.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto. Lo acatamos pero no lo compartimos. Tampoco estamos de acuerdo con que todo tiene que estar regulado en la ley, para eso existen los reglamentos internos, que son herramientas formativas, no jurídicas. Por ello, el foco debe estar en dejarnos a los educadores hacer nuestro trabajo, en eliminar las barreras que se nos han ido imponiendo con los años.

Así y todo, quedó en la ley lo sustantivo de ella: la facultad de revisar mochilas y pertenencias, la prohibición de elementos que impidan la identificación facial, el fortalecimiento de la autoridad pedagógica al interior del aula y la reforma al sistema de denuncias ante la Superintendencia. Es un avance en la protección, seguridad, paz y mejores condiciones para el aprendizaje en las comunidades educativas, pero hay que seguir trabajando en erradicar la violencia en todas sus formas y crear condiciones de apoyo para la educación de todos los estudiantes.

José Luis Velasco Guzmán

Presidente

Asociación de Educadores de Chile, ASEDUCH