Explotación sexual de menores tutelados, una realidad silenciada en España: “Los pederastas saben que son jóvenes vulnerables. El sistema falla”

Explotación sexual de menores tutelados, una realidad silenciada en España: “Los pederastas saben que son jóvenes vulnerables. El sistema falla”

La semana pasada, la Fiscalía pidió 107 años de cárcel para un hombre que durante años abusó de una niña tutelada y ofreció a otros hombres que la violaran a través de redes sociales

Teófilo Lapeña, el hombre de 45 años acusado de liderar una extensa red pederasta que operaba desde un piso en el distrito barcelonés de Ciutat Vella donde supuestamente llegó a violar al menos a 25 menores, permanece en prisión preventiva desde abril de 2024. Pero fue la semana pasada cuando la Fiscalía pidió 107 años de cárcel para este electricista natural de Valencia al que le atribuyen hasta 12 delitos por unos hechos ocurridos entre 2020 y 2022.

Una de esas víctimas, la que terminó denunciando al agresor y permitió a los Mossos d’Esquadra destapar el caso, era una menor de 12 años tutelada por la Generalitat de Cataluña que no solo habría sido violada por el acusado en múltiples ocasiones, sino que la ofrecía a otros hombres a través de aplicaciones de citas e Instagram para que la agrediesen sexualmente a cambio de dinero. Por ello, el caso recuerda al del francés Dominique Pelicot, el hombre que drogó durante años a su propia mujer para que decenas de hombres abusaran sexualmente de ella, pero en esta ocasión se trata de una menor muy vulnerable tutelada por una autonomía y que, por tanto, debía haber sido protegida por el sistema.

Estos últimos hechos ocurrieron en Barcelona entre 2020 y 2021, cuando la joven vivía en un centro de menores bajo la custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La mayoría de los hombres que participaron en las violaciones tienen trabajos, parejas estables e hijos y, según consta en el sumario judicial, eran conscientes de que se trataba de una menor de edad por el tipo de conversaciones mantenidas entre ellos en las redes sociales.

Lo más grave, además, explica a Infobae España la investigadora Noemí Pereda, es que no se trata de un caso aislado, sino que la explotación sexual de la infancia y la adolescencia tutelada es “una problemática presente en toda España desde años” y que también sucede en otros países europeos. En 2022 la policía detuvo en Madrid a 37 personas por explotar sexualmente a diez niñas que estaban bajo la tutela del Estado en centros de menores, mientras que a principios de 2020 estalló un escándalo similar en Mallorca, donde un grupo reclutó a 16 niñas tuteladas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero y droga, entre otros casos.

La mayoría de esos menores -si bien hay más chicas, también son numerosos los casos que involucran a chicos- llegan a los centros de acogida tras haber sufrido violencia e incluso abusos sexuales intrafamiliares, y a pesar de que reciben atención, faltan recursos y educadores especializados. Una situación de la precisamente se aprovechan los pederastas para captar a los menores.

“No se trata de un problema de ciertas comunidades autónomas, sino que tiene que ver con la elevada vulnerabilidad de los menores que se encuentran en centros residenciales del sistema de protección, y especialmente las chicas”, indica Pereda, profesora de Victimología en la Universidad de Barcelona y unas de las principales investigadoras en esta materia. Entre las vulnerabilidades más significativas de estos jóvenes figuran una “muy baja autoestima y una necesidad de afecto y de atención enorme que desde el sistema [de protección] no se puede dar, por mucho que se esfuercen los educadores”.

“Hay una máxima clara que no se está teniendo en cuenta y es que todos los niños y niñas tienen que crecer en familia, porque crecer en un centro no suple las necesidades ni da respuesta a las necesidades emocionales y afectivas de estos menores”, sostiene la experta, que advierte de que hay personas, principalmente hombres, que “se aprovechan de esas vulnerabilidades para hacerles sentir, en un principio, especiales, queridos, ofreciéndoles incluso un sentimiento de pertenencia a una familia”.

Pereda, que recuerda que en el escándalo de explotación sexual de Mallorca “las niñas se llamaban entre ellas hermanas y papis a los agresores”, indica que, de alguna manera, esos hombres “están ofreciendo a estos menores la familia que desde el Estado no se les está dando, porque se vinculan con alguien nuevo de forma estable”. “El problema no se resuelve simplemente con separar a un niño de una familia de origen que ha sido violenta o negligente y meterlo en un centro, que es como se actúa actualmente en nuestro país”, insiste.

Más de 1.400 centros en toda España

A finales del año pasado, España contaba con cerca de 1.400 centros de acogimiento residencial para menores en protección, con algo más de 19.000 plazas en total. Cada instalación suele tener una media de 15 plazas, pero existe una gran diversidad dependiendo de la comunidad autónoma y, en ese sentido, Cataluña es la región con mayor número de este tipo de centros al superar los 260, muchos de ellos para menores extranjeros no acompañados. Y es en los centros más grandes, apunta Pereda, donde “no hay condiciones para ofrecer un entorno de hogar” a los menores.

La experta asegura que la explotación sexual de la infancia y la adolescencia tutelada “muestra el fracaso de un sistema de protección que tiene que cambiar” y critica que las comunidades autónomas “sigan ocultándolo”.

Lo que atrae a los pederastas “es la minoría de edad”

En cuanto al perfil de las víctimas, Pereda deja claro que “no es una cuestión de género”, sino de edad, porque si bien la mayoría son niñas, también hay un elevado número de niños afectados. “Lo que atrae a los abusadores, a los pederastas, es la minoría de edad de los chicos y chicas y, a partir de ahí, se añade el género y otras variables de riesgo, pero la principal es que son niños, niñas, son jóvenes”, recalca.

En algunos casos los investigadores se han encontrado con chicos migrantes no acompañados que “intercambiaban, como ellos mismos decían, sexo por reducir deudas con las mafias que los habían traído a España”, y es que en muchos casos ni siquiera lo identifican como explotación sexual, pero en realidad “el consentimiento está totalmente viciado porque hay un chantaje”, añade Pereda.

La importancia de trabajar con la familia de origen

Cuando los menores de edad abandonan estos centros de protección al alcanzar los 18 años, en la mayoría de ocasiones regresan con sus familias de origen “porque no tienen donde acudir”, lo cual, asegura la investigadora, también supone un fracaso porque vuelven al lugar del que se les separó en un primer momento por no ser adecuado para su desarrollo y son escasas las veces en las que ese escenario ha mejorado.

“Otro de los problemas es precisamente ese, que no se hace un trabajo con esas familias, por eso también cuando estos niños y niñas salen del sistema de protección muchas veces acaban teniendo conductas antisociales o delinquiendo, de forma que entran dentro del sistema de justicia juvenil”.

Para tratar de dar solución a esta problemática que no solo se produce en España sino en toda Europa, Pereda considera clave realizar un análisis “si miedo” de los casos de explotación sexual que puede haber en cada centro, para después formar a los profesionales sobre la materia y trabajar también con las familias de origen y, si ese entorno no es posible, aclara, “hay que buscar una familia de acogida”.

“Tenemos que intentar evitar que los niños acaben dentro del sistema de protección y, si están dentro, hay que potenciar el acogimiento familiar. Los centros no son el lugar para que un niño crezca sano, para que un niño crezca en las condiciones que queremos”, concluye.

La Generalitat abre una investigación

Respecto al último caso de explotación sexual de menores tuteladas en Barcelona, cabe señalar que la Generalitat de Cataluña ha abierto una investigación para revisar qué actuaciones se activaron en 2021 al detectarse las violaciones reiteradas a la menor de 12 años por parte del cabecilla de la red de pederastas y de sus colaboradores en el piso, al que la chica acudió tras fugarse del centro de la DGAIA donde vivía.

En paralelo a la investigación de la Generalitat, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona mantiene tres causas abiertas sobre la red de pederastia en la que permanecen imputados 16 hombres, tanto acusados de agredir sexualmente a la menor como de participar en la elaboración de pornografía infantil con los vídeos de los abusos, de los cuales solo dos están en prisión preventiva.