San José, 12 ago (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió este miércoles el decreto que estableció como secreto de Estado, entre otros asuntos, las informaciones, informes y contrataciones de tres órganos de seguridad bajo su mando, y aseguró que cubre solamente "aquello que pueda ser peligroso que los delincuentes conozcan".
"La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional", declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal.
La mandataria enfatizó en que el secreto de Estado cubre "todo aquello que pueda ser peligroso que los delincuentes conozcan" y afirmó que el decreto lo que hace es "blindar las acciones de defensa nacional" para que la información "no caiga en manos de los delincuentes".
Fernández puso como ejemplo de información sensible los planes de lucha contra el crimen organizado y los nombres de las personas o empresas que han sido contratadas para aplicar pruebas de polígrafo a funcionarios de seguridad y que podrían ser sujetas a presiones o amenazas del crimen organizado si se llegan a divulgar sus identidades.
Sectores de la oposición política y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han señalado posibles amenazas al acceso a la información y a la libertad de prensa por el decreto.
El pasado lunes fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto en el que Fernández estableció como secreto de Estado toda la información, documentos y archivos de tres órganos estratégicos en materia de seguridad bajo su mando: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo de trabajo interinstitucional 'Fuerza Élite'.
El decreto abarca además la información relacionada con las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales, así como recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública de los tres órganos de seguridad que cita el decreto.
El Gobierno aseguró en el decreto que "la divulgación de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras, poner en riesgo la vida e integridad física de funcionarios públicos y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional en materia de seguridad y comprometer la eficacia operativa".
En la actualidad, Costa Rica sufre elevadas cifras de homicidios vinculadas al narcotráfico, un fenómeno que se ha convertido en el principal problema de seguridad de este país históricamente pacífico y estable, y además han salido a la luz informes en la prensa sobre infiltración del crimen organizado en la Policía.
En su plan de Gobierno la presidenta Fernández, una politóloga conservadora de derecha, prometió mano dura contra la delincuencia e incluyó la posibilidad de impulsar el estado de excepción en zonas "conflictivas" si la situación de seguridad empeora. En sus primeros tres meses al frente del Estado, la gobernante no ha planteado esa opción. EFE
🔥 Ver noticia completa en Infobae.com 🔥
