FNE pide rechazar los requerimientos de inaplicabilidad en caso de colusión entre empresas de transporte de valores

FNE pide rechazar los requerimientos de inaplicabilidad en caso de colusión entre empresas de transporte de valores

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que pidió al Tribunal Constitucional (TC) que rechace los requerimientos de inaplicabilidad presentados en el caso de colusión contra Brink’s, Loomis y Prosegur y los ejecutivos de dichas empresas, Cristián Catalán, Rui Sanches da Silva, Martín Matos y Marco Malverde.

La FNE los acusó, en de octubre del 2021, de haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.

Según informó Pulso en su momento, el expresidente de Loomis para Latinoamérica, Rui Sanches Da Silva, y Cristián Catalán Jerez, excountry president de Loomis, interpusieron dos recursos de inaplicabilidad constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), paralizando el juicio. La defensa busca evitar que Sanches da Silva, ejecutivo portugués, declare bajo juramento, alegando que esto vulneraría su derecho a no autoincriminarse.

En la arremetida judicial también participaron Martín Matos y Marco Malverde, según explicó la FNE vía un comunicado.

Ante este contexto y frente al pleno del TC, el jefe de la división litigios de la FNE, Víctor Santelices, afirmó que “las acciones de los ejecutivos deben ser rechazadas, porque no se configuran los vicios de constitucionalidad alegados, debido a que la garantía de no autoincriminación no se aplica en el procedimiento contencioso de libre competencia que se tramita ante el TDLC”.

El representante de la FNE defendió sus argumentos en “la Constitución como en la jurisprudencia del propio TC, radicada en su pronunciamiento sobre la causa por colusión de las empresas productoras de carne avícola, conocida como ‘caso pollos’”.

Santelices también destacó que el procedimiento de libre competencia ante el TDLC, según su juicio, “respeta un conjunto de garantías generales del debido proceso, que no se altera por la existencia de un juicio penal de carácter futuro y eventual por estos hechos, no generándose, en consecuencia, un efecto contrario a la Constitución, tal como lo ha señalado previamente el propio TC”.

Ante este contexto, Santelices advirtió que, “si se adoptan los planteamientos expuestos por los requirentes, la intención que tuvo el legislador al reintroducir la sanción penal a la colusión en la modificación legal del 2016 se vería severamente mermada”.

“Si la FNE no cuenta con las herramientas adecuadas para lograr un pronunciamiento favorable ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no solo no será posible evaluar la posibilidad de ejercer la acción penal, sino que incluso se dificultará sancionar la colusión en sede infraccional, quedando en definitiva el resguardo de la libre competencia en un peor pie que aquel existente con anterioridad a la criminalización de este comportamiento”, dijo el representante de la FNE.