El Ciudadano
La tijera fiscal del Gobierno de José Kast ya llegó a derechos humanos. En el proceso de formulación del Presupuesto 2027, Hacienda recomendó “Descontinuar” el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, un órgano central para la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda y que en 2025 ejecutó $1.864 millones.
El mismo documento, además, propone un “Ajuste presupuestario” para el Programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional , que en 2025 ejecutó $145 millones.
Dicho de otro modo, Hacienda no está hablando de apretar una oficina cualquiera ni de recortar un gasto decorativo. Está poniendo bajo amenaza un programa que cumple funciones centrales en materia de verdad, justicia y memoria. Y no lo hace en el vacío. El oficio firmado por Jorge Quiroz instruye a todos los ministerios a proyectar sus presupuestos bajo una lógica restrictiva, incorporando los ajustes fiscales ya aplicados en 2026 y operando con un techo máximo de gasto. En la minuta adjunta, incluso, se plantea que en el mediano plazo “no hay costos fijos y obligaciones ineludibles”.
Aquí conviene hacer una precisión importante para no minimizar el alcance del documento. El oficio de Hacienda no es una “idea al aire” ni una sugerencia sin efectos: en el marco del proceso presupuestario, forma parte de instrucciones obligatorias para que los ministerios formulen sus partidas bajo un techo de gasto y con criterios definidos por la Dipres y Hacienda. Ahora bien, tampoco equivale por sí solo al acto final que extingue un programa. En este caso, lo que hace el oficio es poner al Programa de Derechos Humanos en la categoría de “Descontinuar”, es decir, dejarlo formalmente en la mira dentro de la formulación presupuestaria. Por eso, restarle importancia al documento es engañoso, pero presentar el cierre como un hecho ya consumado también sería incorrecto.
Ahí está, en realidad, el corazón político del problema. Porque cuando esa lógica de ajuste cae sobre derechos humanos, la discusión deja de ser contable. Pasa a tocar una agenda que, además, nunca ha sido neutra para la derecha más dura y menos todavía bajo un gobierno encabezado por José Kast. Por eso, más que un simple recorte, lo que asoma es una señal de prioridades: la tijera fiscal empieza a avanzar justamente sobre un terreno donde el Estado no debería retroceder.
Claves del recorte que golpea al Plan Nacional de Búsqueda
- Hacienda marcó con la recomendación “Descontinuar” al Programa de Derechos Humanos.
- Ese programa ejecutó en 2025 un total de $1.864 millones.
- El mismo anexo recomienda “Ajuste presupuestario” para el Programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional.
- En ese caso, el ajuste implica una rebaja de al menos 15%.
- El Programa de Derechos Humanos es el órgano que coordina la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda.
En resumen : el ajuste no solo recae sobre una línea presupuestaria . También pone bajo presión una política de Estado ligada a verdad, justicia y búsqueda de personas detenidas desaparecidas .
Plan Nacional de Búsqueda: por qué el programa que Hacienda pone en la mira no es cualquier programa
El punto de fondo es este: el Plan Nacional de Búsqueda no se ejecuta solo. Necesita un órgano coordinador. Y, según el diseño institucional del propio plan, ese órgano es precisamente el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El documento oficial del plan lo dice de forma explícita: “El órgano a cargo de coordinar la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda será el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos”.
Por eso, cuando en el anexo presupuestario aparece la recomendación de “Descontinuar” ese programa, la señal es mucho más grave que un simple ajuste administrativo. Lo que queda amenazado es el soporte estatal de una política creada para esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura y responder al derecho de sus familias a saber. El propio ministerio de Justicia ha definido el plan como una política pública para buscar a las personas detenidas desaparecidas y como una “responsabilidad ética, jurídica y política ineludible del Estado de Chile”.
En palabras simples: si se debilita el programa que coordina el Plan Nacional de Búsqueda, no se resiente solo una repartición pública. Se golpea la capacidad del Estado para sostener una política que, por definición, no debiera depender del humor fiscal del gobierno de turno.
Plan Nacional de Búsqueda y la lógica del ajuste
El documento de Hacienda no usa un lenguaje estridente. Habla de eficiencia, línea base, sostenibilidad financiera y marco de mediano plazo. Pero detrás de esa jerga técnica hay decisiones muy concretas.
Por una parte, clasifica al Programa de Derechos Humanos bajo la categoría “Descontinuar”. Por otra, marca al programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional con “Ajuste presupuestario”. Y la propia nota al pie del anexo aclara que esa categoría supone una rebaja de al menos el 15%.
Traducido al castellano de todos los días: un programa lo quieren sacar del mapa y al otro le quieren meter tijera. No hay mucho misterio ahí.
Y eso ocurre, además, dentro de una cartera donde la propia distribución programática del anexo deja a la Subsecretaría de Derechos Humanos con un programa a descontinuar y otro a recortar, sin ninguno en la categoría de “sin observaciones”. Esa foto no parece un ajuste accidental. Parece una prioridad política.
Cuando el ajuste entra por derechos humanos
El problema no es solo presupuestario. Es también de señal.
Porque si el Estado chileno dice que el Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado, una obligación frente a las víctimas y una respuesta a la desaparición forzada, entonces no resulta menor que el programa encargado de coordinar su ejecución aparezca hoy en la lista de los prescindibles.
Y ahí el discurso del ajuste empieza a mostrar su verdadero contenido. No se trata simplemente de “ordenar la casa” o de “hacer más eficiente” el gasto, como suele presentarse. Se trata de decidir qué áreas del Estado se consideran sacrificables. Y en este caso, el mensaje que sale desde Hacienda es brutal: entre las partidas que pueden caer bajo la tijera están justamente aquellas vinculadas a memoria, verdad, búsqueda de desaparecidos y atención a víctimas de violencia institucional.
No es un detalle técnico. Es una definición política en toda regla.
Porque cuando un gobierno abre la puerta para descontinuar el programa que coordina la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos, no solo está recortando presupuesto. Está debilitando una deuda histórica del Estado con las familias, relativizando compromisos en derechos humanos y dejando en evidencia que, para la lógica del ajuste, incluso la búsqueda de verdad puede volverse negociable.
Revisa a continuación el documento de Hacienda que pone en la mira al Programa de Derechos Humanos y recorta otra línea ligada a víctimas de violencia institucional.
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