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Más de cinco décadas después de crímenes registrados tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, la justicia chilena emitió un fallo que busca reparar el sufrimiento de una de las miles de víctimas de la dictadura. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco de Chile pagar una indemnización de 30 millones de pesos al sociólogo A.V.P.E, por el daño moral irreparable que le causó su detención ilegal y las torturas que padeció en los recintos del Estadio Chile y el Estadio Nacional, utilizados como centros de reclusión y tormento.

El fallo unánime, dictado por la Sexta Sala del tribunal de alzada, confirma la sentencia del 25° Juzgado Civil de Santiago, pero con una modificación crucial: aumenta prudencialmente el monto resarcitorio en proporción al daño acreditado. Los ministros Manuel Rodríguez, Paula Rodríguez y el abogado integrante Sebastián Perelló consideraron que la suma inicial debía ser elevada para estar a la altura de la magnitud del sufrimiento vivido por el actor. La resolución judicial sostiene que la indemnización es proporcional al tiempo de privación de libertad, las agresiones sufridas y las profundas consecuencias que esto causó en su vida posterior, especialmente en el ámbito emocional y social.

La historia de A.V.P.E. es un testimonio e de la barbarie que se desató tras el golpe de Estado. El sociólogo fue detenido en su lugar de trabajo, la Universidad Técnica del Estado, en la madrugada del 12 de septiembre de 1973 y luego trasladado sin orden judicial alguna al Estadio Chile, donde permaneció dos noches en condiciones infrahumanas. Allí fue testigo de asesinatos y golpizas, y él mismo fue víctima de la violencia. Posteriormente, fue enviado al Estadio Nacional, donde fue encerrado en el camarín número 11 con cerca de 70 personas más, encerrados en pasillos subterráneos, sometido a una rigurosa disciplina y tratos degradantes que marcaron su calvario.

El punto álgido de su detención llegó el 3 de octubre de 1973, cuando fue conducido al Velódromo, el sector destinado a los interrogatorios y la tortura. Allí, un hombre apodado «Tapia» lo sometió a un interrogatorio donde la violencia física y psicológica fueron las principales herramientas. A.V.P.E. relató en su demanda cómo fue golpeado con manoplas metálicas en las costillas, una tortura que le provocaba un dolor intenso irradiado a la columna, y cómo recibió múltiples golpes en el estómago con un «tonto de goma», un instrumento diseñado para no dejar marcas visibles. Su declaración describe con crudeza la meticulosidad de la tortura y el sadismo de sus perpetradores, quienes buscaban quebrantar su voluntad a través del dolor.

Las secuelas de esa detención no han desaparecido con el paso de los años. El fallo reconoce que los daños físicos y psíquicos tienen un carácter permanente, manifestándose en insomnios, miedos inespecíficos, colon irritable y, sobre todo, en recurrentes pesadillas donde la víctima revive las agresiones de las que fue objeto. El tribunal valoró estas consecuencias a largo plazo como un elemento central para determinar la cuantía de la indemnización, entendiendo que el daño moral trasciende el momento mismo de la agresión y se proyecta en el tiempo, afectando la calidad de vida de la víctima.

Los representantes legales del sociólogo plantearon que los perpetradores eran miembros de Carabineros y otras fuerzas armadas, revestidos de autoridad pública, por lo que el Estado es civilmente responsable por sus actos. Este argumento se refuerza con el reconocimiento expreso que el propio Estado ha hecho de su responsabilidad en estos crímenes, a través de informes oficiales como el de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el «Informe Valech», en el que el propio A.V.P.E. fue reconocido como víctima de prisión política y tortura.

Además del monto principal, la Corte de Apelaciones hizo precisiones técnicas sobre su pago. Se estableció que la suma indemnizatoria se reajustará desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y que los intereses se devengarán desde que el Fisco se constituya en mora, en línea con lo dispuesto en el Código Civil.

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