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Estudiantes manifestaron su rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno y al proyecto de «Escuelas Protegidas», solicitando una mesa de diálogo urgente.

Durante la mañana de este lunes 11 de mayo, representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Educación para entregar una carta formal dirigida a la ministra de Educación, María Paz Arzola, y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La movilización, que agrupó a federaciones de diversas universidades, busca dar pie a parar el recorte del 3% en el gasto público anunciado por el Ejecutivo, el cual afectaría directamente a programas de alimentación, becas y salud estudiantil, profundizando las brechas sociales en el país.

Desde las cercanías del ministerio, los dirigentes estudiantiles advirtieron que estas medidas representan un grave retroceso para el derecho a la educación. Bastián López, vicepresidente de la FEUSACH, inició con la lectura pública de la carta, en la que señalan que disminuir los fondos destinados a esta materia “implica aumentar las dificultades a quienes se enfrentan diariamente y son parte del sistema educacional, perjudicando así a millones de infantes, adolescentes, personas adultas y sus familias». Para la organización, la eliminación de iniciativas de acompañamiento y financiamiento institucional pone en riesgo la permanencia de los estudiantes más vulnerables en las aulas.

La crítica no solo se centró en lo económico, sino también en la agenda de seguridad del Gobierno de José Kast. Sofía Ávila, de la Federación de la Universidad Diego Portales, manifestó el rechazo total al proyecto de ley de Escuelas Protegidas, asegurando que esta iniciativa «pretende solucionar la violencia con más violencia, imponiendo medidas represivas que solo profundizan los problemas». Según los estudiantes, el enfoque punitivo del Ejecutivo busca criminalizar la movilización social y utilizar el acceso a la educación como un castigo.

El presidente de la Federación de la Universidad Mayor, Diego Torres, fue enfático en vincular el origen ideológico de estas medidas con el pasado reciente del país, sosteniendo que «esta es una estrategia que se viene aplicando desde la dictadura. José Antonio Kast es hijo de la dictadura y de los grandes pensadores del sistema fascista que se aplicó en ese periodo». Según el dirigente, al mandatario le conviene criminalizar el movimiento social para facilitar su agenda de recortes y retrocesos en derechos básicos.

En el punto de prensa, los voceros denunciaron que el Gobierno mantiene una postura de «puertas cerradas» al diálogo, tomando definiciones críticas en oficinas aisladas del sentir ciudadano. Diego Torres destacó la preocupación particular por los recortes en la JUNAEB, indicando que «muchos estudiantes dependen de esa alimentación; son familias de la clase trabajadora las que sufren esta visión cerrada que beneficia solamente a los empresarios».

Respecto a futuras movilizaciones, la CONFECH se declaró en estado de alerta y confirmó que las próximas acciones se definirán en plenarias nacionales abiertas. Si bien existe una convocatoria de estudiantes secundarios para este jueves 14, la adhesión de las universidades dependerá de la discusión democrática de sus bases. Los dirigentes recordaron que los avances alcanzados, como la inclusión y la gratuidad, fueron conquistas de movimientos anteriores que están decididos a defender frente a lo que llaman una «agenda de retroceso».

Finalmente, el movimiento estudiantil exigió una respuesta inmediata a la carta entregada, y el llamado es a que el recorte fiscal sea de «cero por ciento» en el área educativa, entendiendo que un país que aspira al desarrollo debe invertir más, y no menos, en su capital intelectual. La comunidad universitaria del cordón metropolitano espera que pronto se sumen todas las zonas del territorio nacional a estas iniciativas de protesta.

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