La caída de Isabel Allende: el museo frustrado, la casa del padre y el costo de una herencia política

La caída de Isabel Allende: el museo frustrado, la casa del padre y el costo de una herencia política

Isabel Allende Bussi, hija del expresidente Salvador Allende y figura histórica del socialismo chileno, fue destituida de su cargo como senadora por decisión del Tribunal Constitucional (TC), en un fallo inédito en la historia política del país.

La resolución, adoptada por una amplia mayoría del pleno, concluyó que Allende vulneró la Constitución al intentar vender al Estado la casa donde vivió su padre, infringiendo la prohibición de celebrar contratos con el fisco mientras ejercía funciones parlamentarias.

Tras 31 años en el Congreso Nacional, la carrera política de Isabel Allende finaliza abruptamente. Su caída representa no solo una derrota personal, sino también una profunda fractura simbólica para el Partido Socialista, que vio cómo el legado más sagrado de su historia se convertía en el centro de un escándalo institucional y ético.

El proyecto de museo presidencial

El origen del conflicto está en el inmueble ubicado en Guardia Vieja 392, Providencia, antigua residencia del presidente Salvador Allende. La propiedad, compartida por su hija Isabel y otros miembros de la familia, fue propuesta como sede de un Museo Presidencial y sitio de memoria, proyecto liderado por la Fundación Salvador Allende, presidida por su nieta Marcia Tambutti.

Durante 2023 y parte de 2024, desde La Moneda —específicamente desde el Segundo Piso y el Ministerio de las Culturas— se gestó un plan para comprar la propiedad con recursos públicos, vía el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) y luego Bienes Nacionales, para posteriormente entregarla en comodato a la fundación. En el proceso participaron, entre otros, el abogado Felipe Vio (pareja de Marcia Tambutti), el arquitecto Genaro Cuadros y la propia senadora Allende.

Advertencias ignoradas y compromisos firmados

Pese a las advertencias de juristas de Serpat, que señalaron la incompatibilidad constitucional de la operación —dado que una senadora y una ministra, Maya Fernández, eran copropietarias del bien—, el proyecto avanzó rápidamente. Incluso se llegó a firmar un compromiso de compraventa con el Estado, el cual fue posteriormente anulado tras la intervención de la Contraloría.

El aumento en la tasación del inmueble, desde $828 a $922 millones, sumado a la participación activa de Allende en reuniones de coordinación y la votación favorable a partidas presupuestarias involucradas, sellaron su responsabilidad en la trama.

La ofensiva del Partido Republicano y el fallo del TC

El Partido Republicano, encabezado en esta causa por el abogado Emiliano García, junto al exsubsecretario y jurista Máximo Pavez (Chile Vamos), interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en base al artículo 60 de la Carta Magna, que prohíbe expresamente a los parlamentarios celebrar o facilitar contratos con el Estado.

El 3 de abril de 2025, el Tribunal resolvió por 8 votos contra 2 acoger el requerimiento, estableciendo que Isabel Allende, al ser copropietaria de la vivienda y al promover activamente su venta al Estado, incurrió en una infracción constitucional grave.

Votaron a favor de la destitución las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, y los ministros Raúl Mera, Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery. Votaron en contra Catalina Lagos y el presidente del TC, Mario Gómez.

Esta es la primera vez que el Tribunal Constitucional destituye a un parlamentario en funciones, un hecho sin precedentes que abre un nuevo capítulo en la fiscalización institucional del quehacer político chileno.

Antes del fallo, la operación ya había cobrado una víctima política: Maya Fernández, ministra de Defensa y sobrina de Isabel Allende, quien dejó el gabinete sin explicaciones públicas ni respaldo partidario. A pesar de ser copropietaria del inmueble y firmante del compromiso de venta, su salida fue silenciosa. La bancada socialista, que había defendido públicamente a Isabel Allende, guardó silencio absoluto sobre Maya.

El ocaso de una figura histórica

La caída de Isabel Allende pone fin a la trayectoria de una de las mujeres más importantes del socialismo chileno. Presidenta del Senado, diputada, senadora por dos regiones distintas, y símbolo viviente de la historia reciente del país, su legado se ve ahora empañado por un error político y ético: el intento de convertir una causa legítima —la memoria de Salvador Allende— en una operación irregular y personalmente favorable.

La casa de Guardia Vieja, símbolo de resistencia y exilio, queda ahora vacía. Su transformación en museo fue frustrada por la ambición política, la falta de prudencia jurídica y el intento de forzar los límites de la legalidad. La memoria de Salvador Allende merecía más. Su hija, tal vez también.

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