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Un juez federal de La Pampa condenó a cuatro años de prisión a un hombre detenido en esa provincia mientras transportaba poco más de un kilo de cocaína con destino a la Patagonia, tras homologar un acuerdo celebrado entre la fiscalía y la defensa. La sentencia fue dictada luego de una investigación que se extendió durante 39 días y constituyó la primera condena obtenida por la Unidad Fiscal Santa Rosa desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la jurisdicción Bahía Blanca.

El fallo fue emitido por el titular del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa, Juan José Baric, quien validó el acuerdo alcanzado entre las partes sobre los hechos, la calificación legal y la sanción penal. Así, el magistrado declaró a Bruno Javier Benegas, de 51 años, autor del delito de transporte de estupefacientes y lo consideró reincidente por una sentencia previa por el mismo tipo penal.

La investigación estuvo a cargo, como se dijo, de la Unidad Fiscal Santa Rosa, dirigida por la fiscal federal Iara Silvestre, y se inició a partir de un procedimiento de rutina llevado a cabo por la policía provincial en un control vehicular en el ingreso a La Pampa.

Según lo resuelto, Benegas deberá cumplir la pena en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal, situada en la ciudad chubutense de Esquel. El juez dispuso ese destino por tratarse del establecimiento más cercano a la localidad de El Bolsón, donde el condenado tiene domicilio y grupo familiar.

La sentencia también ordenó el decomiso del auto utilizado para el traslado de la droga, un Chevrolet Onix, así como de dos celulares y un total de 358.550 pesos incautados durante la intervención policial. Asimismo, se dispuso la destrucción del estupefaciente hallado en el vehículo.

Según publicó este martes el portal del Ministerio Público Fiscal, el hecho que dio origen a la causa ocurrió el 17 de noviembre pasado, alrededor de las 09:45, en el Puesto Caminero Rolón, ubicado en el kilómetro 1 de la ruta provincial 18. En ese lugar, efectivos de la policía pampeana realizaban requisas aleatorias sobre los vehículos que ingresaban a la provincia cuando decidieron la detención de la marcha del auto que conducía Benegas.

Durante el procedimiento, los agentes detectaron un paquete oculto dentro del panel de la compuerta del baúl del Chevrolet. En su interior había 1,028 kilos de clorhidrato de cocaína, acondicionados en un único bloque compacto de forma rectangular. El envoltorio estaba recubierto con dos capas de cinta de empaque marrón, entre las cuales se había colocado una bolsa de nailon negra y una capa de pimienta.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la justicia federal y a la Unidad Fiscal Santa Rosa, cuya investigación logró determinar que el conductor había adquirido la sustancia ilegal en la Ciudad de Buenos Aires y se dirigía hacia la provincia de Chubut cuando fue interceptado. El destino final de su carga era la localidad de Lago Puelo, en el noroeste chubutense.

Al momento de analizar los elementos del caso, el juez tuvo en cuenta los antecedentes penales del imputado. En 2018, Benegas había sido condenado a a siete años de cárcel tras ser hallado culpable del transporte de 30 kilogramos de marihuana en un procedimiento realizado en la localidad chubutense de El Hoyo. Esa sanción fue considerada cumplida el 14 de septiembre pasado, lo que determinó su declaración de reincidencia en el nuevo proceso.

El acuerdo pleno que puso fin a la causa se celebró bajo las reglas del sistema acusatorio federal, que otorga al Ministerio Público Fiscal la conducción de la investigación penal y habilita el cierre anticipado de los procesos mediante entendimientos entre las partes, sujetos a control judicial.

El nuevo Código Procesal Penal Federal rige desde el 29 de septiembre en la jurisdicción Bahía Blanca, que abarca once partidos del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la provincia de La Pampa. El modelo reemplazó el esquema procesal mixto anterior y estableció un paradigma basado en la oralidad, la celeridad y la concentración de los actos procesales, con jueces a cargo del control de garantías y fiscales responsables de la persecución penal.