El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, rechazó con dureza la ley aprobada por el Parlamento israelí que prohíbe suministrar electricidad y agua a instalaciones de la agencia y permite incluso al Gobierno apropiarse de propiedades arrendadas por el organismo en Jerusalén sin procedimientos legales previos.
El dirigente calificó la medida como “una afrenta directa” al mandato otorgado por la Asamblea General de Naciones Unidas y contraria a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, afirmando que constituye una clara violación de las obligaciones de Israel bajo el Derecho Internacional y un nuevo golpe al sistema multilateral.
Según Lazzarini, la medida forma parte de una campaña sistemática para desacreditar y obstaculizar el trabajo de la UNRWA, organismo clave en la prestación de asistencia humanitaria y servicios esenciales a la población refugiada palestina. Recordó que estos servicios han sido reconocidos como fundamentales en el cumplimiento de los compromisos internacionales respecto a los derechos del pueblo palestino, incluida su autodeterminación.
El comisionado sostuvo que, si Israel cuestiona la labor de la agencia, debe recurrir a los órganos deliberantes de la ONU y no actuar mediante decisiones que “faltan el respeto a los procedimientos esenciales” del sistema internacional. Además, alertó que la normativa representa un retroceso para cualquier intento de solución diplomática al prolongado conflicto palestino-israelí.
Lazzarini subrayó que los derechos de los refugiados palestinos “existen independientemente de la UNRWA” y advirtió que la medida sienta un peligroso precedente para otros contextos de conflicto, ya que abre la puerta a gobiernos que busquen eliminar presencias incómodas de organismos internacionales. No enfrentar estas acciones, afirmó, terminará por comprometer la labor humanitaria y de derechos humanos en todo el mundo.
La ley, aprobada con amplia mayoría, ordena también la desconexión de comunicaciones y servicios financieros a la agencia, reforzando la ofensiva política israelí contra la UNRWA, que en los últimos meses ya había enfrentado cierres de instalaciones y acciones directas de autoridades israelíes en Jerusalén Este.
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