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En los próximos días se ingresará al Congreso el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, anunciado por el Presidente José Antonio Kast. Aunque el contenido final de la iniciativa no se conoce, ya se discuten algunas de sus medidas centrales, como la rebaja de impuestos a las empresas y reinstalación de la invariabilidad tributaria, contención del gasto público y reconstrucción de zonas afectadas por incendios.

Estos antecedentes fueron suficientes para que los partidos de centroizquierda e izquierda anticiparan su rechazo en caso de que se incluyan disposiciones que consideran regresivas. A este posicionamiento se sumó la explicitación de un proceso de coordinación política del sector para ejercer oposición. Si bien la articulación del bloque no oficialista es un fenómeno habitual, su relevancia actual radica en que parece marcar el término de dos procesos paralelos: la denominada “luna de miel” del gobierno entrante y la menos visible, pero igualmente decisiva, “luna de hiel” de una oposición recientemente desplazada del poder.

En la literatura sobre ciclos políticos se asume que los gobiernos entrantes gozan de un período inicial de mayor margen de maniobra y legitimidad. Sin embargo, se presta menor atención al proceso inverso: el período de ajuste que enfrentan las coaliciones que dejan el poder. La idea de una “luna de hiel” resulta práctica para denominar ese momento de desorientación programática y estratégica, en que la oposición debe reaprender a ejercer su rol, redefinir su identidad, reconstruir su relato y decidir qué legados preservar y qué banderas renovar. Durante las primeras semanas del actual ciclo presidencial, la centroizquierda y la izquierda parecían atrapadas en ese tránsito, con una acción fragmentada y una fiscalización de bajo impacto político.

En este contexto, el proyecto de ley abre una oportunidad para que la oposición revierta la inercia inicial que ha marcado su desempeño, en la medida en que su amplio alcance la obliga a asumir definiciones programáticas más nítidas y a ordenar su acción parlamentaria. Este proceso posibilita, además, la articulación de un vínculo con sectores de la clase media que no se sienten suficientemente considerados en la propuesta del Ejecutivo, convirtiendo la defensa del acceso a derechos sociales y de un rol activo del Estado en un eje potencial de interpelación política. Paradójicamente, la decisión del gobierno de concentrar múltiples medidas en una sola iniciativa constituye una debilidad, pues la oposición a disposiciones específicas puede comprometer el avance del conjunto. En un Congreso sin mayorías absolutas y con actores ambivalentes, este escenario no solo hace inevitable la negociación, sino que también abre un espacio para que la oposición incida en el contenido legislativo y avance en la reconstrucción de un relato que le permita rearticularse como actor político relevante.

Por Michelle Hafemann, académica Instituto de Ciencia Política UC