El Ciudadano
«Mismo delito, distintas consecuencias según el bolsillo«. Con esa dura advertencia, la oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados cuestionó el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por el Gobierno de José Kast, que fue aprobada en general con 105 votos a favor y 46 en contra, pero que enfrenta reservas de constitucionalidad por parte de varios parlamentarios.
El principal reparo apunta a un artículo que vincula el acceso a la gratuidad en educación superior con la ausencia de condenas por una serie de delitos, lo que, según los legisladores genera una sanción adicional y desigual que recae con mayor fuerza sobre los estudiantes más vulnerables.
La ley, compuesta por seis artículos, establece medidas de seguridad, orden y respeto en los colegios, así como la cuestionada revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para quienes participen en tomas o actos de violencia. Sin embargo, el punto más controvertido es el que incorpora un nuevo requisito para acceder al beneficio de la gratuidad: no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública.
Esta condición, alertan los parlamentarios de oposición, vulnera garantías fundamentales y establece un castigo doble para los jóvenes de escasos recursos.
El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD) fue enfático al denunciar la desigualdad y planteó que “el estudiante que paga su carrera con recursos propios puede seguir estudiando ante la misma condena, no pierde nada. Mismo delito, distintas consecuencias según el bolsillo”.
A su juicio, la norma infringe el artículo 19 de la Constitución, que prohíbe las distinciones arbitrarias y el principio de non bis in idem, al agregar una segunda sanción que el sistema penal no contempló y «que recae exclusivamente sobre los más vulnerables».
Advierten que revisión de bolsos «vulnera el respeto a la vida privada y la honra de las personas»
Por su parte, los diputados Juan Santana (PS) y Emilia Schneider (FA) también realizaron reservas de constitucionalidad.
Al respecto, Santana argumentó que el artículo que permite la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes, vulnera el respeto a la vida privada y la honra de las personas y lo catalogó como una medida «desproporcionada».
“También del artículo número 6, ya que el establecimiento de una doble sanción, es decir, la pena, la pérdida de gratuidad y que la regulación se derive a reglamento, contraviene la garantía del debido proceso y desproporcionalmente el derecho a la educación, contraviniendo lo dispuesto en los numerales tres, 10 y 26 de dicho artículo”, indicó el legislador, en declaraciones recogidas por Diario U. de Chile.
Schneider, en tanto, señaló que cuatro disposiciones atentan contra garantías como el debido proceso, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho a la educación y la libertad de asociación. Así como a la «reserva legal y protección del contenido esencial de los derechos fundamentales».
Frente a las críticas, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la iniciativa y agradeció al Congreso por su tramitación. “Hay que cambiar el foco y repensar los beneficios para quienes cometen delitos o incivilidades. Esta ley es un primer paso”, sostuvo.
*Foto destacada: NODAL.
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