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Aunque los hijos de mujeres privadas de libertad no forman parte de la población penal, viven bajo la misma condición de encierro que sus madres. Sin acceso garantizado a la salud, espacios de recreación, ni vínculos familiares estables, su desarrollo se ve afectado por un sistema que aún no define con claridad quién se hace responsable de proteger sus derechos.